Por Víctor Arrogante.
La Justicia lo investiga; no la española, la argentina; la
española no está en eso. Dos ajusticiamientos a garrote vil, cinco
fusilados ante pelotones voluntarios de la muerte y cinco muertos por
defender sus derechos laborales, tiroteados por una policía conformada
por secuaces al servicio del fascismo de la época. Doce muertos
heroicos, asesinatos inmisericordes, por el régimen franquista, que hoy,
el gobierno español encubre, protege a sus responsables y se convierte
en cómplice.
La jueza argentina María Servini, está
siguiendo un procedimiento contra distintos dirigentes franquistas, que
estuvieron implicados en acontecimientos, que pudieran estar
considerados como crímenes de lesa humanidad. En concreto se les
relaciona con la sentencia de muerte y posterior ejecución de Salvador
Puig Antich en 1974; con los cinco últimos fusilamientos del régimen de
Franco en 1975; y con la represión, en una concentración en Vitoria en
1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores.
Como consecuencia de todo, la Interpol ha cursado orden de arresto
contra 20 dirigentes franquistas, algunos vinculados a la Transición. El
gobierno de Rajoy ha adelantado, que la oficina de la Interpol en
España, vinculada a la Dirección General de la Policía del Ministerio
del Interior —del catolicísimo Fernández— no va a cumplir la orden. El
gobierno, de forma vergonzante, ha presentado una queja ante la Interpol
en Lyon, consiguiendo se paralice la orden, hasta que se aclare el
caso. El régimen comenzó matando y terminó matando y el gobierno del
Partido Popular encubriéndolo.
Siete ex ministros, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad
del Estado figuran en la lista de «buscados» por la Organización
Internacional de Policía Criminal. El Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, considera crimen contra la humanidad o de lesa
humanidad, las conductas tipificadas como asesinato, exterminio,
deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación y encarcelación
o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales,
étnicos o de orientación sexual. Se les acusa de colaboradores
necesarios de asesinato premeditado, torturas y sustracción de menores.
Perseguidos por la Justicia de Argentina, el gobierno de España protege,
convirtiéndose en cómplice de crímenes que no prescriben, al haberse
cometido contra los Derechos Humanos.
El abogado Carlos Slepoy, de Víctimas del franquismo, señala que la
jueza Servini «debería pedir la extradición», para que el gobierno y la
Audiencia Nacional se pronuncien. Los crímenes que se persiguen no son
«amnistiables», dice el ex juez Baltasar Garzón, considerando que la
investigación debería «abordarse desde España, como lo reclama la ONU».
La Ley —preconstitucional— de Amnistía de 1977 que se alega, para
proteger a los presuntos criminales, no cubre los crímenes contra la
humanidad, aunque algunos consideran que es una «ley de punto final»,
por la que se renunció a revisar penalmente el pasado y exigir
responsabilidades generadas durante la dictadura. Para otros fue la
instauración de la impunidad, que nos llega hasta hoy.
El Estado español incumple los compromisos surgidos por los
tratados internacionales suscritos, al no detener a los acusados de
crímenes contra la humanidad. amparándose en la ley de amnistía de 1977,
dice el ministro de Justicia Rafael Catalá, así como en la prescripción
de los delitos cometidos. En cualquier lugar del mundo «son criminales
con las manos manchadas de sangre, que deben ser puestos a disposición
inmediata de la justicia», manifiestan desde la Coordinadora estatal de
apoyo a la Querella Argentina.
Por la Ley de Amnistía, quedaban amnistiados todos los actos de
intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados
como delitos y faltas, realizados con anterioridad al 15 de junio de
1977. Esta ley señala que, en todo caso, están comprendidos en la
amnistía: los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y
faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos; la objeción de
conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o
religiosos; los actos de expresión de opinión, realizados a través de
prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación; los delitos y
faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y
agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y
persecución de los actos incluidos en esta Ley; y los delitos cometidos
por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de
los derechos de las personas.
Tendrían que haber aparecido expresamente, de entre los delitos que
se amnistiaban, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzosas,
las ejecuciones clandestinas, los enterramientos ilegales en las cunetas
o las torturas hasta la muerte. No se atrevieron con tanto detalle, y
lo que no se dice no queda dicho. Las leyes internacionales los
consideran imprescriptibles. Las organizaciones Human Rights Watch y
Amnistía Internacional han solicitado al gobierno de España, la
derogación de la ley de Amnistía, al considerarla incompatible con el
Derecho Internacional, al impedir que se juzguen los delitos que no
prescriben, como los cometidos contra la humanidad, genocidio y
desaparición forzada, cometidos durante la guerra civil española y el
franquismo. En el año 2012, el representante de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió
formalmente a España la derogación de la ley, argumentando que incumplía
la normativa internacional sobre Derechos Humanos.
Pocos meses después de la muerte del dictador, el 3 de marzo de
1976, ocurrieron los sucesos de Vitoria. Había comenzado la Transición,
pero no había terminado la dictadura. Durante una huelga, la Policía
Armada lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores
reunidos en una iglesia. Todavía oigo los gritos y los disparos contra
los compañeros que salían huyendo. Pedro Martínez, Francisco Aznar,
Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, murieron asesinados
y más de 150 fueron heridos de bala. Mal comienzo para la democracia.
«—Si hay gente ¡a por ellos!… —¡Buen servicio! —Dile a Salinas, que
hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. —Aquí ha habido
una masacre. Cambio. —De acuerdo, de acuerdo. —Pero de verdad una
masacre» Se oía por las emisoras de la policía. Cómo sería, que la
Coordinación Democrática, la Platajunta —fusión de la Junta
Democrática y la Plataforma de Convergencia—, exigió amnistía, libertad
sindical, democracia y rechazo de las leyes reformistas, acelerándose
con ello el fin del franquismo. Algo se consiguió, a costa del silencio y
dejación de la búsqueda de responsabilidades. Luego ocurrió que,
quienes defendían la ruptura, reformaron.
No fue hasta el año 2008, cuando el Parlamento Vasco, consideró
responsables políticos de aquellos sucesos, a los «titulares de los
ministerios actuantes»: Fraga Iribarne de Gobernación, Martín Villa de
Relaciones Sindicales y Alfonso Osorio de Presidencia. La jueza Servini,
considera a Martín Villa, responsable último de la represión,
sancionable con la «pena de reclusión o prisión perpetua», en referencia
al delito de homicidio, con el agravante de haber sido cometido de
forma premeditada. Los delitos de Martín Villa y del resto de los
imputados constituyen crímenes de lesa humanidad, sujetos a
persecución por el principio de Justicia Universal. La jueza imputa
también responsabilidades a Alfonso Osorio, que «junto a Adolfo Suárez y
Martín Villa decidió que el operativo fuese dirigido por un mando único
para que coordinase y mandase a todas las fuerzas de orden público».
También se pide la detención y extradición de Jesús Quintana, capitán de
la Policía Armada al mando de las fuerzas que asaltaron la iglesia.
Salvador Puig Antich, fue ejecutado, a los 26 años, el 2 de marzo
de 1974, condenado «por la muerte de un funcionario público por razones
políticas». Militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación, que
realizaba acciones armadas y robos de bancos para fomentar la lucha
obrera. Huelo el ambiente de aquella mañana, fría y siniestra, que
anunciaba la primavera y oigo el crac, crac, del tornillo asesino, que
quitó la vida a Salvador. Fue, tristemente, el último preso ejecutado en
España a garrote vil. Colectivos de derechos humanos y mandatarios
extranjeros, como el Vaticano o el canciller alemán Willy Brandt,
pidieron su indulto. El mismo día y por el mismo método, fue ejecutado
en Tarragona «Heinz Chez». Con ello, se pretendía distraer la atención
hacia otra muerte, por otras razones, pero con la misma crueldad. Ahora,
la jueza Servini, instructora de la causa penal contra el franquismo,
basándose en el principio de Justicia Universal, imputa a los ministros
de Franco: Carro Martínez, Utrera Molina y Licinio de la Fuente; por ser
colaboradores necesarios y firmar la sentencia de muerte de Salvador.
Las últimas ejecuciones por fusilamiento del franquismo se
produjeron el 27 de septiembre de 1975. Desde la altura de un risco y al
amanecer, en la soledad del paredón y ante los pelotones de guardias
civiles, policías y militares voluntarios, vi su ejecución. En
Barcelona, Juan Paredes de 21 años y en Burgos, Ángel Otaegui de 33. En
Hoyo de Manzanares fueron fusilados, José Luis Sánchez de 22 años, Ramón
García de 27, y José Humberto Baena de 24. Hubo protestas y todos los
intentos posibles para evitarlo, pero ni el Papa Pablo VI, junto con
numerosos estadistas del mundo entero lo consiguieron. Todo fue en vano,
no hubo clemencia. Obispos y cardenales, que habían llevado bajo palió a
Franco intervinieron para evitarlo, pero no se inmutó. Incluso el
presidente de México pidió que España fuese expulsada de la ONU. Le
quedaban dos escasos meses de vida y pese al «parkinson», no le tembló
la mano. Murió entubado y fusilando, defendiendo los estertores de su
dictadura cruel.
Por razones de trabajo, que nada tenía que ver con la política o el
gobierno, me encontraba en el palacete de Castellana, 3, donde se
reunía el Consejo de Ministros, presidido por Arias Navarro, el viernes
26 de septiembre. Ministros con caras serias, firmes e impertérritas. En
unos instantes iban a conceder el indulto a seis de los condenados a
muerte, conmutando sus penas por la de prisión y dar el «enterado» a las
cinco sentencias de muerte, que fueron ejecutadas al «Alba».
Momentos inolvidables, en los que el futuro, en libertad y
democracia, estaba pendiente de un hilo y en esas estamos. Algunos
protagonistas, políticamente responsables, están localizados. El
gobierno no solo protege a los presuntos criminales, sino que lo hace
por defender un régimen, del que se siente heredero, una cruenta
dictadura, en la que la represión política fue su bandera y el
sufrimiento humano su alimento.
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