Tira Cuba

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viernes, 14 de noviembre de 2014

El Muro contra el derecho de Cataluña a decidir.

Foto: AFP
Por Editor del blog.


El derecho de los pueblos a decidir su futuro, hoy en día, está directamente ligado a la Carta de las Naciones Unidas (Firmada en San Francisco el 26 de junio 1945. Entrada en vigor: 24 de octubre de 1945), la cual en su Acápite 2 de su Artículo 1 establece “fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”; así como también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. París), el cual establece en su Tercer Considerando del Preámbulo como cuestión “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Pero este sentimiento a la autodeterminación se basa en el derecho de un pueblo o nación a elegir un camino propio, construido sobre la base de intereses étnicos y culturales, siendo un carácter soberano la elección de una forma de gobierno y una estructura de desarrollo económico, social y cultural propia.

Sin embargo, la autodeterminación tiene un vínculo directamente político al reclamo de respeto a la soberanía de un pueblo; reclamo que no proviene únicamente del proceso de descolonización que conllevó a la Declaración Sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales (aprobada en la Asamblea General de la ONU, el 14 de diciembre de 1960); sino que su trayecto proviene de contextos históricos que se remontan a siglos atrás, con las luchas de los pueblos contra la colonización o la subordinación a feudos foráneos; a la resistencia inherente de otras naciones a la resignación de convertirse en una posesión de sus “conquistadores”. Un grito de lucha que trae su eco desde una era donde la conquista se entendía como sinónimo de poder y grandeza por parte de las llamadas potencias europeas.


Las instituciones centralistas del gobierno monárquico del Estado español, se columpian en el vicio del bipartidismo (PSOE = PP) y junto a otros que sirven de satélites, para tener el beneplácito de la Casa Real, mantienen a Cataluña en el punto de mira; mucho más desde que Artus Mas, con su triunfo limitado en el 2012  (bañado de oportunismo), y a una creciente Esquerra Republicana de Cataluña (aunque entreguista en concesiones), pactaran la convocatoria a un referéndum por la autodeterminación de Cataluña.

La ceguera del gobierno y el mutismo del Rey Felipe VI, como si él no existiese, han obligado a que el referéndum se convierta en una simple consulta sin carácter legal, amparados en la complicidad del Tribunal Constitucional y partidos políticos serviles a la Corona.

Por tanto, el sentimiento soberanista que se vive hoy en día en Cataluña es como signo de fuerza en cierto desafío al empecinamiento del gobierno español y las fuerzas políticas de la derecha monárquica, no es un fenómeno político de reciente auge. Es necesario adentrarse en cada cuadro pictórico de la historia de esta nación, arrastrada por la de España, para conocer los detalles de un acto de reclamo democrático, que algunos desean siga sin reconocimiento.

La decadencia de la corona española llegó con el fin de la Guerra de Sucesión Española, la cual se extendió desde 1701 hasta lograrse la firma del Tratado de Utrecht en 1713. Este conflicto le trajo a la Corona el despojo de sus posesiones en Europa, junto a sus territorios metropolitanos de Gibraltar y Menorca (ambos pasaron a Gran Bretaña). España, una potencia acostumbrada a la gobernación, sufría impotente el desvalijamiento. Pero la conflagración se convirtió en una guerra civil entre los borbónicos, que se extendió hasta la lamentable capitulación de Barcelona (1714) y Mallorca (1715) frente a las fuerzas de Felipe V.

El despecho de Felipe V hacia Cataluña se debió a que los catalanes prefirieron apoyar al Archiduque Carlos de Austria o Carlos III de España (bando austracista durante la Guerra de sucesión), sabiendo que desde España no recibirían un justo trato y respeto hacia su identidad y logros_ algo en lo que no se equivocaron.

Al desaparecer la Corona de Aragón se rompió con el modelo “federal” de España, así como se esfumó el otrora Principado de Cataluña, que por ser el que más se resistió, recibió sin mesura ni cordura el mayor castigo de todos. A los catalanes se les despojó de sus instituciones (las Cortes Catalanas, los Tres Comunes de Cataluña, la Diputación General y el Consell de Cent) para ser instaurada la Real Junta Superior de Justicia y Gobierno. Las órdenes de Felipe V al Duque de Berwick fue dirigir la represión con mano férrea y en sus dictados establecía que los catalanes merecían “ser sometidos al máximo rigor según las leyes de la guerra, para que sirva de ejemplo para todos mis otros súbditos que, a semejanza suya, persisten en la rebelión”. El modelo político, jurídico y administrativo de Cataluña se castellanizó por los Decretos de Nueva Planta. La Corona española conocía de todo el esfuerzo de los catalanes para lograr un buen desenvolvimiento en referencia a desarrollo económico; por lo tanto, dentro de las medidas represivas dictadas por Felipe V se estipuló que ellos “pagarán los gastos de la guerra desde el momento de la evacuación”, donde “todos los inmuebles sitos en el recinto de la ciudad de Barcelona serán cargados a perpetuidad con un censo anual del dos por ciento sobre su valor”.

Un siglo después, el estricto control sobre los activos humanos de Cataluña se mantuvo de igual manera, donde la represión a cualquier desacuerdo con la Corona se pagaba con el dolor en la piel o con la vida.
Valeriano Weyler y Nicolau (renombrado militar nacido en Palma de Mallorca), un militar y político español, a quien se le pudiera muy bien llamar como el “ángel del genocidio y la represión hispana en ultramar”, fue destinado a Barcelona poco después de haber regresado a España en noviembre de 1891, una vez concluida su misión de tres años en Filipinas. Madrid necesitaba su “buen juicio” para resolver la situación dada en la “problemática” Cataluña. El “ilustre” militar dejó con su estancia una marca imborrable en esta región. Como era de esperar, su “eficacia” aplacó con represión y prisión las revolturas de la clase trabajadora y revolucionaria que “amenazaban” con sus actividades la tranquilidad del Estado y la monarquía. John Lawrence Tone, Profesor de Historia en el Georgia Institute of Technology, quien al referirse a los hechos en Cataluña, en su libro “Guerra y genocidio en Cuba. 1895-1898”, escribió sobre Valeriano Weyler: “La Corona le hizo senador vitalicio como recompensa por su papel de «salvaguarda de la civilización» ante los «bárbaros» trabajadores. La represión de las asociaciones laborales, a principio de la década de 1890, hizo de Weyler un símbolo de la violencia reaccionaria en todo el mundo.”

Se puede decir que además de las riquezas culturales compartidas entre Cataluña y otras colonias de ultramar, en el caso de Cuba también hemos compartido el sufrimiento que causa el crimen de la colonización y los personeros que la perpetúan.

Weyler es enviado a Cuba (1896-1897) como Capitán General, nombrado en febrero de 1896 por Cánovas del Castillo. Sería con éste un segundo viaje a este destino, ya que había estado anteriormente en la llamada Guerra de los Diez años (1868-1878) con sólo 24 años. Las órdenes en esta ocasión como máxima autoridad militar era apagar, con su experiencia adquirida, la llama independentista que no sólo se resistía en todo el archipiélago caribeño, sino que estaba llevando a España al podio del ridículo y la derrota_ donde finalmente terminó; muy a pesar del único “éxito” de Weyler: la eliminación física de Antonio Maceo Grajales, Lugar Teniente General del Ejército Mambí. Una lamentable pérdida física para el pueblo cubano, un hombre que era un símbolo de unidad, valentía y resistencia.

Puede que algunos “ilustres” de la corona española recuerden a Valeriano Weyler, considerándolo un magnífico estratega, de capacidad y habilidad extraordinarias (aunque de hecho fracasó en Cuba); pero perdurará en la historia de Cuba y sus hijos como un hombre cruel, despiadado y brutal que llevó a la muerte por hambruna y enfermedades a varios cientos de miles de inocentes: el reflejo de la verdadera síntesis de la Metrópolis española.

El retiro de Weyler de Cuba, por orden de Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar, lo lleva nuevamente a Cataluña como Capitán General; ya que ésta seguía siendo un “foco de conflicto” y Madrid necesitaba, una vez más, la presencia del insigne militar, el cual jugó un papel fundamental en la llamada Semana Trágica de Barcelona, reprimiendo sin vacilación las justas protestas de la población a la negativa de enrolarse en otra guerra colonialista en las tierras del norte de África, en Marruecos. Otra guerra con el beneplácito de la iglesia.

La indignación del gobierno se produjo cuando conocieron que soldados del Batallón de Cazadores de Reus, integrado en la Brigada Mixta de Cataluña, arrojaron al mar justo antes de abordar el barco hacia Marruecos las insignias y medallas entregadas por aristócratas, al mismo tiempo que desde la población presente se escucharon gritos de: ¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Todos o ninguno! La absurda y cruel represión no se hizo esperar, siendo detenidos millares de personas, de las que 2000 fueron procesadas: 175 penas de destierro, 59 cadenas perpetuas y 5 condenas a muerte. Lo absurdo de la represión llegó al saberse que de los cinco condenados a muerte, uno de ellos era el joven Clemente García, un discapacitado mental.

Otras de las respuestas dadas por el gobierno de Madrid, con el apoyo de la burguesía catalana a su servicio, fue decretar la prohibición o clausura de los sindicatos y el cierre de las escuelas laicas en Cataluña. 

Estos hechos tuvieron su connotación internacional, nuevamente la imagen de la España retrograda y de mentalidad feudal al estilo inquisición dio su luz.

Posteriormente, las instituciones catalanas sufrieron sus altas y bajas. Aunque la proclamación de la República en 1931 y con ella la promulgación de la República Catalana dentro de la Federación de Pueblos Ibéricos por Francesc Macià trajo nuevos altercados de parte de los no nacionalistas, se logró la normalización con la restauración de la Generalitat y la aprobación del Estatut en 1932. Las elecciones al Parlament de Catalunya, en noviembre de ese año, propició la creación de instituciones propias. 

Amen que la Constitución de 1931 reconocía el uso de otras lenguas, como un paso progresista en el tema lingüístico, no faltaron los pronunciamientos, incluso de algunos que usurpan a la izquierda, como es el caso del socialista Andrés Ovejero que dijo: “Quisiéramos un Gobierno (...), que no permitiera la literatura regionalista y que acabara con todos los dialectos y todas las lenguas diferentes de la nacional.”

La lengua catalana había logrado abrirse paso a través del Mediterráneo durante el siglo XV; pero con la unión de la Corona de Aragón con la de Castilla comenzó a ver como sus fronteras se encogían. Con la segunda mitad del siglo XIX tuvo un pequeño auge a través del Movimiento de la Renaixença, pero desde el gobierno de España se dictaron medidas que obstaculizaron su desarrollo, estableciéndose el estudio y oficialización de la lengua castellana. El Plan Quintana (1821), el Plan Calomarde (1825), la Instrucción Moscoso de Altamira (1834), el Reglamento de Bravo Murillo (1849), la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano (1857) y el Reglamento Orgánico para las Escuelas Normales de Instrucción Primaria del Reino (1843), fueron directrices gubernativas para la enseñanza de la lengua castellana. Disposiciones que no sólo quedaron en el marco educacional, sino que abarcó otros sectores de la cultura, la política o lo social. La Ley del Notariado de 1862, en su artículo 25, establecía que “los instrumentos públicos se redactarán en lengua castellana, y se escribirán con letra clara, sin abreviaturas y sin blancos”.

Es imposible omitir que la Ley del Registro Civil de 1870 imponía la castellanización de apellidos catalanes, que el Enjuiciamiento Civil de 1881 solo admitía el castellano en las causas civiles, que la Dirección General de Correos y Telégrafos (1896) prohibía las conversaciones telefónicas en otro idioma que no fuese el español en la conexión pública entre Madrid y Barcelona o que el Reglamento de la Ley del Notariado de 1917 excluía el uso del catalán en los actos notariales.

Pero sabemos que no todo es color de oro; ya que con la llegada de la dictadura del General Primo de Rivera, aparece el Real Decreto de 18 de noviembre de 1923, que prohibía el uso de otros idiomas que no fuese explícitamente el castellano.

La caída del gobierno de la Segunda República, al terminar la Guerra Civil (1936-1939), y el establecimiento de la dictadura de corte fascista por el General Francisco Franco (extendida hasta su muerte en 1975) se oscureció nuevamente esa España con la anulación de las libertades y la represión. La época franquista fue un largo período que dio cacería a la lengua catalana, se eliminaron todas las instituciones políticas, sociales y culturales de Cataluña, entre otras medidas coercitivas. El “Caudillo” para hacer una referencia despectiva, dio sentencia con su famosa frase: “No hables como un perro, habla el idioma del imperio”. De esta manera se menospreciaba de forma ofensiva el resto de las lenguas habladas en las restantes regiones, incluyendo el catalán, al ser catalogadas como simples dialectos o jergas.

Incluso la prensa catalana fue subordinada idiomáticamente al castellano, siendo un ejemplo de ello la Revista Aplec cuando el gobernador de Barcelona, Felipe Acedo, en 1952, les dijo a los editores: ¿Ustedes creen que hemos hecho la guerra para que el catalán vuelva a ser de uso público?

Gente de pueblo, comercios como el Correo Catalán, personalidades de la Universidad de Barcelona y hasta autoridades como el propio  Capitán General de Cataluña M. Casanovas Guillen fueron multados por desobedecer de alguna manera las directrices de Madrid al hacer uso del catalán. Hasta algunos sectores eclesiásticos de Cataluña se vieron condicionados. La castellanización de los rótulos de calles, comercios e instituciones; la quema pública de los fascículos del octavo volumen de la “Història Nacional de Catalunya” de Antoni Rovira i Virgili, las planchas del “Diccionari General de la Llengua Catalana” de Fabra y la Arquitectura Romànica a Catalunya de Josep Puig i Cadafalch o el extremismo de prohibir a Joan Manuel Serrat cantar en catalán en el Festival de Eurovisión de 1968, fueron vivencias amargas que marcaban el carácter del gobierno de Madrid de erigirse como Metrópolis conquistadora.

¿Alguna diferencia de la historia pasada con la actualidad?

Entre otros temas que se mantienen como atizo a la diferencias entre Castilla y Cataluña es el tema lingüístico el que aún es una herida doliente y abierta, el cual se agudizó con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la llamada “mejora” de la calidad educativa… también denominada Ley Wert (por José Ignacio Wert, Ministro de Educación) o en su abreviatura LOMCE; en la cual se establece como lengua vehicular el castellano, relegando las lenguas autóctonas del resto de las regiones a un segundo plano y en ocasiones a terceros frente a otras lenguas foráneas.

No hay mucha diferencia con la visión semi-feudal aun latente en el gobierno de España, dirigido por mayoría por el Partido Popular y con los ecos que llegan del PSOE y el resto de la colla monárquica, que guarda sordera y usa gafas de sol para no escuchar ni ver las demandas de los diferentes sectores y movimientos de la sociedad (ya no sólo catalana, sino de toda España). 

Es vergonzoso que este gobierno adopte medidas de recortes sobre quienes paga la deuda con impuestos y subidas de precios y adquieran menos rentas, amordace hasta dejar sin derechos al pueblo y se excuse en falsedades frente a los disparates bancarios o los descalabros económicos aprobados; cuando ese grupúsculo político de corruptos abunda en las filas de estos mismos partidos de corte fascistoide que encabezan la cruzada contra el derecho de Cataluña a cambiar esa realidad.

Han querido apagar el reclamo de clara voluntad democrática que la Cataluña actual manda como mensaje a todo el mundo, con la votación efectuada este 9 de noviembre pasado, donde se llevaba a Consulta popular el deseo del pueblo catalán: constituir un Estado Independiente o Federal.

El pulso catalán movilizó a más 40 mil voluntarios en apoyo a la consulta. De una población de más de 7.5 millones de personas, de ellas 5.4 millones son los que se encuentran en edad para ejercer el voto, yendo a votar el mismo domingo 9 de noviembre 2 millones 43 mil 226 personas. El resultado de los votos escrutados dio el 80.72% a favor del Sí-Sí, con un 10.11% por el Sí-No, un 4.55% por el No-No y sólo un 0.98% con el Sí-voto en blanco.

La voluntad de la sociedad catalana no deja pautas en el deseo de demostrarle al mundo su interés de gobernarse a sí misma e intentar trazarse un futuro propio. El 9 de noviembre dio una imagen festiva en todos los colegios electorales. La alegría llevo a muchos a tomarse instantáneas para inmortalizar un hecho que se convertía en histórico. Se escucharon comentarios sobre nunca haberse vivenciado el hacer colas para votar, como en esta ocasión. Desde las primeras horas de la mañana, multitud de personas formando largas colas. Mujeres y hombres, ancianas y ancianos, jóvenes y hasta personas discapacitadas físicamente pero facultadas totalmente para ejercer el voto, fueron a postrar con cruces en la boleta un pleno derecho, reconocido por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas en diferentes resoluciones. Resoluciones que el propio Estado Español las ha firmado, pero que su postura no es de cumplirlas.
Cola, con una organización cívica, para ejercer el voto. Foto: RT Actualidad.

Tanto se ha querido maldecir el soberanismo catalán, que hasta la prensa nacional ha sido cómplice de exacerbar odios y crear una enemistad innecesaria para quienes tienen posiciones diferentes; en vez de ofrecer vías y alternativas que condujeran a un desenlace más armonioso que no fuese el probar fuerzas.

Es gracioso, pero qué se puede esperar de dirigentes políticos del gobierno, miembros de partidos que se ahogan en continuos escándalo de corrupción o fraudes fiscales, que abogan por salvar bancos que engañan a sus clientes, que aprueban como democrático el desahucio de familias desamparadas económicamente, que sabotean servicios públicos con recortes para favorecer la privatización, que aboguen por un Eurovegas (un antro de vicios y males sociales) como fuente de empleos, que presten parte del territorio para anclar una base militar extranjera (Rota), que sean cómplices del financiamiento de grupúsculos de oposición en otros países o que aplaudan como morsas en un circo los golpes de Estado de la derecha entreguista latinoamericana, y además quieran aparecer como los idóneos para dar lecciones de democracia al criminalizar como antidemocrático una consulta con el pueblo.

Es una gran paradoja que el Muro de Berlín se diabolizó como símbolo del “terrible” comunismo, al cual acusan como “único culpable” que obligó al pueblo Alemán a dividirse en dos territorios opuestos; cuando lo irónico es que las tropas que defendían el sueño de ese mismo comunismo fueron las que libraron la principal batalla para derrotar las hordas Nazis y bien poco se le agradece. Muchos fueron los cantos de triunfos escuchados y cornetas por la “libertad” cuando este muro cayó al desmembrarse la otrora URSS, máximo baluarte del indeseado sistema que defendía la entrega del poder al proletariado (aunque ahora ponen como  diablo a Cuba). Sin embargo, como hace mención Eduardo Galeano en su libro “Espejos” no hablan del “muro que los Estados Unidos están alzando en la frontera mexicana”, del “Muro de Cisjordania, que perpetúa la ocupación israelí de tierras palestinas y será quince veces más largo que el Muro de Berlín, y nada, nada de nada, se habla del Muro de Marruecos, que perpetúa el robo de la patria saharaui por el reino marroquí y mide sesenta veces más que el Muro de Berlín”; pero también sancionó que bien “poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla” y que pertenecen al gobierno monárquico de España.

El Muro de la “democracia” feudal de esa España de los siglos de colonizaciones se mantiene remanente en la mentalidad y manera de conducir los asuntos de gobernación en la España actual.
Lo más triste es que muchos, por ceguera propia, se dejan arrastrar hacia el lado donde se levanta el Muro contra el derecho de Cataluña a decidir.

*Editor del blog: Gustavo de la Torre Morales
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