El rey Juan Carlos y la reina Sofía junto a Videla y su esposa |
Por Danilo Albin
Cartas escritas a mano. Cartas cargadas de miedo y dolor. Cartas
desesperadas que salían de Buenos Aires, llegaban a Madrid y volvían
otra vez a Argentina sin que el miedo pudiese convertirse en esperanza: varios documentos reservados a los que ha tenido acceso Público
revelan que el Rey Juan Carlos hizo caso omiso a las súplicas de los
cientos de familiares de españoles que habían sido secuestrados por la
dictadura de Videla. Todos ellos siguen, a día de hoy, desaparecidos.
De
acuerdo a estos archivos, fueron muchas las familias de origen español
que se dirigieron a Juan Carlos I para pedirle que intercediera a favor
de sus seres queridos, perdidos en los campos de concentración del
régimen militar. Las copias de estas notas fueron guardadas como
material reservado en la embajada de España en Argentina, donde aún
continúan archivadas. Durante décadas, los familiares de desaparecidos
intentaron, sin éxito, acceder a esta información.
"Nos
permitimos dirigirnos a Vuestra Majestad por el siguiente problema que
nos aqueja. Con fecha 28-10-76, aproximadamente a las 24.00, un grupo de
hombres armados vestidos de civil, que dijeron pertenecer a un comando
del ejército sin exhibir ningún tipo de identificación, irrumpieron en
nuestra vivienda". Así comienza la carta enviada el 3 de noviembre de 1978 por los alaveses Jesús Ortiz de Murúa y su mujer, Araceli Juana Langarica,
quienes pedían auxilio para tratar de salvar a su hija Blanca. Llevaban
dos años haciendo todo tipo de gestiones infructuosas, hasta que
decidieron dirigirse al Rey. No lo hicieron en cualquier momento: en noviembre de 1978, Juan Carlos I y la reina Sofía se desplazarían a Argentina para realizar una visita oficial al régimen de Videla, que ya acumulaba en su espalda miles de desapariciones.
Carta de los familiares de Ortíz de Murúa al Rey Juan Carlos |
"El secuestro ha sido corroborado por testigos ante la Policía de la
Provincia de Buenos Aires. Posteriores averiguaciones que hemos
realizado han dado todas un resultado negativo", relataba el desesperado
matrimonio. "Dado que las autoridades argentinas mantienen un
prolongado silencio sobre centenares de casos como el nuestro referente a
los desaparecidos -continuaban-, suplicamos a Vuestra Majestad, que actualmente rige en la patria donde hemos nacido, que abogue por nosotros ante quien corresponda a fin de que se nos dé a conocer el actual paradero de nuestra hija".
Ese mismo día, otra madre de origen español relataba sus sufrimientos a través de una sentida nota.
Sobre un folio escrito a mano, María Magdalena Pose suplicaba algún
tipo de gestión por parte del Rey para tratar de salvar a sus dos hijas,
María Magdalena y Graciela Alicia Beretta, secuestradas el 28 de
diciembre de 1976 por un grupo de tareas del ejército. En su nota,
aquella mujer le pedía a Juan Carlos I que, aprovechando su viaje a
Argentina, intercediera ante las autoridades locales con el objetivo de
conseguir alguna novedad sobre sus hijas.
Los Beretta y Ortiz de Murúa no fueron los únicos padres españoles que
se hicieron ilusiones con la visita de los reyes. El 10 de noviembre de
1978, Irene Osvald de Bugatti, madre de Roberto Horacio Bugatti -un
ingeniero agrónomo que llevaba desaparecido desde el 22 de octubre de
1976-, le hizo llegar una carta al entonces embajador de España en
Buenos Aires, Enrique Pérez-Hernández. "En nuestra desesperación hemos
recurrido ya a las más altas autoridades del país, sin ningún resultado
positivo", señalaba la mujer. Ante esa dramática situación, Irene
imploraba que la pareja real fuese informada sobre esta situación, "para ver si ellos pueden intervenir ante las autoridades argentinas".
"Deseo aclarar que mi hijo era un funcionario de gobierno que se
desempeñaba en su puesto con eficiencia y honestidad, hombre de bien,
cristiano, de excelentes condiciones humanas y espirituales y de quien
nadie conoce que tuviera ningún tipo de actividad política ni gremial",
apuntaba la mujer.
A pesar de su crudeza, estos reclamos no alteraron la agenda de los reyes.
Siguiendo el guión previsto, Juan Carlos y Sofía arribaron el 26 de
noviembre de 1978 a Buenos Aires, donde fueron declarados "huéspedes de
honor". "Para el pueblo y Gobierno argentinos (sic) constituye motivo de
íntima satisfacción la presencia de los ilustres visitantes, dado los
trascendentales lazos espirituales y de sangre que unen a nuestro país
con España. (...) Además, dicha visita permitirá llevar a cabo en el más
alto nivel, conversaciones tendientes a intensificar las relaciones
económicas, comerciales y culturales, así como la firma de diversos
Convenios de especial interés para ambas naciones", destacaba un decreto
de la dictadura.
Poco antes de que la Casa Real anunciase el
viaje de los monarcas a ese país, el reconocido abogado Emilio Mignone,
padre de una joven que había sido raptada por los militares en Buenos
Aires, había logrado contactar en Madrid con asesores del rey Juan
Carlos, a quien hizo llegar un pedido muy claro: no debía visitar la Argentina de los vuelos de la muerte y las salas de tortura, ya que se convertiría en un gesto muy positivo para el sangriento régimen.
Ese
mismo reclamo fue planteado por los partidos de la oposición en el
Congreso, donde diputados socialistas y comunistas argumentaron sobre la
inconveniencia de esta visita oficial. El ministro de Exteriores,
Marcelino Oreja -tío del dirigente del PP Jaime Mayor Oreja- resumió la
postura oficialista en una frase: "El gobierno español rechaza las
posiciones de humanitarismo selectivo y se opone a utilizar el tema de
los derechos humanos como arma arrojadiza contra los adversarios
políticos", esgrimió.
"Cuento hasta tres y disparo"
Mientras
Oreja ofrecía estos argumentos en defensa del Rey, desde Argentina
seguían llegando pedidos de auxilio. "El día 12 de mayo de 1977,
aproximadamente a la 1.30, un grupo de hombres armados -10 o más-
llamaron por altavoz desde la calle, mandando que encendiéramos las
luces y saliéramos con las manos en alto. Al hacerlo, nos separaron y
registraron la casa; nos interrogaron separadamente a mi esposo, a mis
hijos y a mí, y finalmente obligaron a mi hija María a abandonar el
domicilio y acompañarlos. Les pedí desesperadamente que me dejaran
acompañar a mi hija, lo que no me permitieron. Imploré darle un beso y
me amenazaron con un ‘señora, no insista porque cuento hasta tres y disparo'. Desde entonces no he sabido nada de ella", escribió Victorina Toimil, natural de Vigo.
En
lugar de reclamar a la dictadura por la vida de María, la Casa Real
optó por trasladar el caso al ministerio de Exteriores de Marcelino
Oreja y a la Cruz Roja española, tal como figura en la respuesta enviada a Victorina Toimil.
La nota, que llevaba la firma del secretario general de la Casa Real,
Sabino Fernández Campo, también fue remitida a la embajada española en
Buenos Aires, que la archivó como secreta.
La Casa Real informa a Cruz Roja del caso María del Carmen Jaramillo - Septiembre 1979. La Casa Real pasa la pelota para aparentar haber cursado la solicitud de auxilio; pero la cruda realidad es que se desentendió hasta de sus conciudadanos. |
De acuerdo a los expedientes consultados por Público, este
procedimiento administrativo -con respuestas prácticamente calcadas de
Fernández Campo- se repitió en otros casos. Según esos documentos, los
Jaramillo fueron una de las familias que recibieron una escueta nota del
Palacio de la Zarzuela, en la que su
secretario general se limitaba a informar sobre el traslado de su
denuncia "a la Asamblea Suprema de la Cruz Roja para que por el
departamento u organismo correspondiente, se estudie la solución que, en
justicia, proceda". No sirvió de nada: María del Carmen Jaramillo,
una maestra de 28 años que fue secuestrada el 8 de enero de 1976 en la
provincia de Tucumán, sigue desaparecida. Su nombre, alguna vez, llegó a
los despachos de la Casa Real.
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