Por Francisco Percy Alvarado Godoy.
Décadas de políticas xenófobas y de mano dura, y un sistema penal anclado
en el encierro, crearon en Estados Unidos la mayor población carcelaria del
mundo y una industria multimillonaria de prisiones privadas.
Hace poco más de 15 años, la investigadora estadounidense y activista de
los años 60, Angela Davis, acuñó el término de “complejo industrial
carcelario” y lo comparó al poderoso y tan temido complejo industrial
militar estadounidense.
“Las cárceles no hacen desaparecer los problemas, hacen desaparecer a los
seres humanos. Y la práctica de hacer desaparecer a grandes números de personas
de las comunidades pobres, inmigrantes y racialmente marginadas se ha vuelto
literalmente un gran negocio”, escribió la dirigente comunista.
La mayor empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation
of America (CCA), fue también la primera de esta innovadora industria.
Creada en 1983, fue ideada por Jack Massey, el mismo hombre que a fines
de los años 60 fundó Hospital Corporation of America, hoy la mayor
empresa de hospitales y centros de cirugía privados de Estados Unidos. Al año
siguiente, Wackenhut Corrections Corporation apareció en el mercado, una
empresa que más tarde sería comprada por el Grupo Geo, la segunda
compañía más grande del complejo industrial.
“La industria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora
de la época de Ronald Reagan y por políticas de mano dura, que crearon
la suficiente demanda para convencer a un grupo de inversionistas de que
existía una oportunidad empresarial”, explicó a Télam Donald Cohen,
director ejecutivo de la organización In the Public Interest.
Según relató por teléfono desde su oficina en Washington, las
empresas comenzaron construyendo “cárceles especulativas”, es decir que lo
hacían pese a no tener contratos con los gobiernos locales o estaduales.
Las primeras cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres con
la promesa de garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos
que provocaba la creciente población carcelaria a los gobiernos.
Cumplían las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y una vez
en funcionamiento estaban bajo el control de los mismos entes gubernamentales,
pero, como toda empresa, su objetivo último era el lucro. Según Cohen, desde el
principio la expansión de esta industria se basó en el “cortejo a los
funcionarios”. Primero fueron los municipios, luego los gobiernos de los
estados, principalmente en el sur del país, cerca de la frontera con México, y
finalmente, con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, el Estado
nacional.
Clinton endureció aún más la política criminal del país, pero fue su
compromiso con el fin de “la era del gran Estado” la que redujo dramáticamente
la burocracia pública y abrió la puerta a que el Departamento de Justicia
comenzara a contratar cárceles privadas para decenas de miles de inmigrantes
indocumentados y criminales.
“Para mediados de los 90, CCA era una de las empresas que mejor cotizaba en
Wall Street”, destacó Judy Green, directora de la organización Justice
Strategies, una organización especializada en política criminal con base en
Brooklyn, Nueva York. Pero el mayor boom para el incipiente complejo industrial
carcelario llegó después de la declaración de la “guerra contra el terrorismo”
en 2001 y, especialmente, con la política para frenar la inmigración del
segundo mandato del republicano George W. Bush.
Para fines de 2010 el complejo industrial carcelario concentraba el 8% de
los presos en los sistemas federal y estadual, y se había instalado con
distinta fuerza en 30 de los 50 estados del país, según la Oficina de Estadísticas
de Justicia estadounidense. El porcentaje parece pequeño, pero lo que llama la
atención es el ritmo al que creció la industria en relación al aumento de
personas detenidas en el país. Entre 1999 y 2010, la población carcelaria en
Estados Unidos creció un 18%, pero el número de presos en cárceles
federales y estaduales privadas aumentó alrededor de un 80%.
CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91.000 presos, mientras que el
Grupo Geo tiene 65 prisiones y puede albergar más de 65.700 detenidos. Sus
ganancias anuales en 2011 fueron de 1.700 millones y 1.600 millones de dólares,
respectivamente. A nivel federal este crecimiento se basó en la privatización
de gran parte del sistema de detención de inmigrantes indocumentados, mientras
que a nivel de los estados se consiguió gracias al “cortejo” de las autoridades
locales, que permitió la firma de contratos poco convencionales. Un informe de
2012 de In the Public Interest analizó 62 contratos de empresas de cárceles con
gobiernos estaduales y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al
Estado a garantizar una ocupación mínima del 80 hasta el 100% de “las camas”,
incluso si la tasa de criminalidad disminuye.
Por ejemplo, en Colorado, el número de crímenes se redujo en un tercio en
la última década y eso permitió el cierre de cinco cárceles públicas desde
2009. Originalmente, el gobierno de Colorado había defendido la firma de
contratos con prisiones privadas argumentando que el sistema carcelario público
estaba desbordado.
Sin embargo, en 2012 y tras el cierre de cinco prisiones, el gobierno local
firmó un acuerdo con CCA para garantizar durante 2013 al menos 3.300 presos en
las tres cárceles que la empresa tiene en ese estado, con un costo anual de
20.000 dólares por preso.
Como el complejo industrial militar, la industria carcelaria adquirió sus
dones de negociación a fuerza de millones de dólares invertidos en lobby y
consiguió parte de su influencia gracias al grupo ALEC (Consejo de Intercambio
Legislativo Estadounidense).
ALEC no es un grupo de lobby formalmente.
Su slogan es “gobierno limitado, libertad de mercados, federalismo”,
su función es redactar y promocionar proyectos de ley y sus miembros incluyen
más de 2.000 legisladores estaduales y directores ejecutivos de grandes
corporaciones (hasta hace unos años, CCA y el Grupo Geo).
La agrupación está organizada por comisiones, como los del Poder
Legislativo, y cada una está liderada por un legislador en funciones y un
empresario vinculado con esa área. Medios estadounidenses, entre ellos el
diario The New York Times y la revista The Nation, vincularon a
ALEC con leyes de mano dura, como la que permite a los ciudadanos disparar
cuando sienten que su vida está en peligro, y las principales normas que
permitieron la privatización del sistema penitenciario.
“Las empresas de cárceles no crearon las leyes, pero ayudaron a que sean
aprobadas… y tiene sentido. Si cotizás en Wall Street, tenés que crecer. Y para
que tus acciones suban, tu mercado tiene que agrandarse”, sintetizó Judy Green.
Los últimos 30 años demostraron que la única forma que tiene el complejo
industrial carcelario de aumentar su mercado es con políticas criminales más
duras.
Fuente: TelamTomado desde LibreRed
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