Por José Luis Rodríguez
En los próximos días hará un año de
que se anunciara oficialmente el inicio del proceso de unificación monetaria en
el país, y a lo largo del tiempo transcurrido desde entonces el tema ha
mantenido presencia en los medios y en las discusiones entre la población.
Sobre este asunto, en un comentario de finales del
pasado año se subrayaba “no debe perderse de vista que se trata
de un complejo proceso interrelacionado con el programa de transformaciones
estructurales en curso, y que requerirá tiempo para su aplicación gradual”.
Sin embargo, algunos trabajos
publicados desde entonces –si bien han destacado la complejidad de este
proceso– no han resaltado las razones que llevan a considerarlo así, lo que ha
llevado, en ocasiones, a pensar que se trata de un conjunto de medidas que únicamente
depende de la toma de decisiones y que estas no tienen por qué demorarse.
Parece entonces válido retomar el
tema para tratar de entenderlo mejor.
Al respecto es necesario recordar
que la implantación de un régimen de dualidad monetaria en agosto de 1993 se
decidió para alcanzar objetivos de gran importancia a corto plazo. En primer
término, evitar una fuerte devaluación del peso cubano, cuya tasa de cambio
oficial se situaba en un peso (CUP) igual a un dólar (USD), cuando en la
economía informal las cotizaciones llegaron a niveles de 120 a 150 CUP por USD
en los primeros meses de 1994.
En las condiciones que enfrentaba el
país entonces una decisión de ese tipo –que también podía acompañarse de un
cambio de moneda, como proponían algunos economistas– hubiera provocado un
impacto de consecuencias imprevisibles, ya que implicaba modificar de una sola
vez toda la contabilidad social y ajustar abruptamente los parámetros de
funcionamiento de las empresas, así como el poder de compra de la población, en
una coyuntura de descenso sostenido del PIB.
Resultó entonces preferible
introducir modificaciones graduales para segmentar las relaciones económicas
entre las empresas, diferenciando aquellas cuyos resultados podían generar
divisas a corto plazo –las cuales comenzarían a operar directamente en moneda
convertible– de aquellas que debían mantenerse trabajando en moneda nacional
(CUP), al tiempo que estas últimas eran sometidas a un proceso paulatino de
redimensionamiento, y se les asignaban centralmente los recursos en divisas
indispensables para su operación.
Por otra parte, al autorizarse la
circulación legal de un grupo de monedas extranjeras en el país con el Decreto Ley Nº 140,
se abrió paso a la tenencia de divisas mediante remesas para un segmento de la
población, lo cual permitió al país recibir recursos que el Estado colectaría a
través de un impuesto sobre las ventas en las tiendas de recaudación de divisas
(TRD) especialmente diseñadas para ello, en tanto parte de la población podría
acceder a la compra de diversos bienes en los mencionadas establecimientos.
Esta decisión –valorada como
inevitable en esas circunstancias– introducía una diferenciación en las
entradas de la población. Para tratar de mitigar sus efectos, el gobierno
estableció claramente una política de redistribución de los ingresos captados
en las TRD a favor de toda la sociedad, posibilitó el acceso a la moneda fuerte
mediante su adquisición en moneda nacional y creó sistemas de estimulación en divisas para los trabajadores.
De tal modo, se estima que en el
primer año de aplicada esta medida entraron al país unos 537 millones de
dólares por esa vía, lo cual permitió a una parte de los cubanos –estimada en
el 21% del total– recibir ingresos que en ese contexto podrían considerarse
extraordinarios, al tiempo que el Estado se nutría de recursos indispensables
para cubrir necesidades elementales de quienes no tenían acceso a esos
recursos.
Complementariamente se crearon las
Casas de Cambio en octubre de 1995 (CADECA), las cuales permitieron convertir
la liquidez acumulada en CUP en USD o CUC, a una tasa de cambio determinada por
el mercado. Esa tasa fue inicialmente de 35 CUP por USD/CUC y varió hasta la
actual, de 24/25 CUP por CUC.
Por otra parte, desde el punto de
vista de la política económica, puede decirse que la dualidad monetaria
facilitó la inversión extranjera, al crear mejores condiciones para operar
directamente en moneda convertible en una economía segmentada que no llevaría a
cabo una devaluación monetaria abrupta.
No obstante, el régimen de dualidad
monetaria en Cuba siempre se concibió como temporal y en el V Congreso del PCC,
celebrado en 1997, ya se había establecido la necesidad de su eliminación
gradual, dadas las complejidades asociadas con su operación en la medida en que
la economía se recuperaba.
En resumen, los beneficios de la
dualidad monetaria a corto
plazo se
materializaron en la creación de condiciones para el rápido incremento de la
inversión foránea a partir de 1994, el establecimiento de esquemas de
autofinanciamiento descentralizado en moneda convertible para empresas
estatales, el ingreso de remesas al país y la implementación de esquemas de
estimulación en divisas a partir de 1993 para trabajadores estatales, siempre
de acuerdo con los resultados del esfuerzo laboral.
Sin embargo, los beneficios a corto
plazo comenzaron a ser superados por los costos que imponía la dualidad
monetaria en la medida en que esta se extendió en el tiempo. Entre ellos estaba
la dificultad para medir adecuadamente la actividad económica del país al sumar
costos imputados en CUP con los calculados en USD/CUC.
Desde finales de los años 90 se hizo
evidente la necesidad de emprender un proceso de reunificación del sistema
monetario en el país, pero numerosos obstáculos impidieron entonces llevarlo a
cabo de manera expedita.
(Continuará)
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