Por Roberto Castellanos.
El combate
contra el narcotráfico se convirtió durante las últimas décadas en uno de los
puntales de Estados Unidos para la penetración político-militar en el Caribe,
región clave por su posición estratégica y recursos naturales.
Tradicionalmente, Washington ha intentado mantener a esa área bajo su manto,
ante la necesidad de proveerse de materias primas vitales y de controlar varias
de las principales rutas de transporte del mundo.
Esa estrategia
se ve favorecida por la extensión del mar Caribe y los escasos recursos con que
cuentan la mayoría de las naciones de la zona.
El narcotráfico
aumentó en el Caribe un nueve por ciento en los últimos años, comentó el
subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para la lucha antidroga,
William Brownfield.
"Este
problema sí está en proceso de traslado a la región caribeña y eso es un
peligro", afirmó el funcionario, un argumento empleado por la Casa Blanca
para incrementar la presencia militar en la zona.
En similar
sentido se pronunció el vicepresidente norteamericano, Joseph Biden, durante su
reciente visita a Trinidad y Tobago.
Me preocupa
grandemente la vulnerabilidad del Caribe ante el flujo de estupefacientes,
señaló en diciembre de 2012 el general norteamericano John F. Nelly durante la
Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe, celebrada en Miami,
Florida.
En ese evento se
discutió el programa de asistencia marítima Mares Seguros, dirigido por el
Comando Sur (Southcom) y vinculado a la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca
del Caribe (CBSI).
Como parte de
Mares Seguros, la Guardia Costera estadounidense está a cargo de la adquisición
de barcos y sistemas de comunicación, así como de la capacitación del personal
de Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Surinam.
Precisamente,
durante la década de los 90 del pasado siglo la mayoría de las naciones que
integran las Antillas Menores firmaron con Estados Unidos tratados de
asistencia legal mutual y de asuntos marítimos contra las drogas.
Esta política de
Soft Power (poder blando), muy similar a la del "Buen Vecino",
impulsada por la administración de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), permite a
Washington penetrar en la zona de una forma mucho más sutil que en décadas
pasadas, cuando la estrategia interventora tenía como punta de lanza a los
marines.
Al respecto, un
informe conjunto presentado por tres influyentes centros de investigación
estadounidenses reveló que la Casa Blanca favorece el empleo de Fuerzas de
Operaciones Especiales en sus políticas de seguridad hacia la región.
Según el Centro
para Políticas Internacionales, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos,
y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el objetivo es esas
tropas es la recaudación de inteligencia y otras misiones bajo el paraguas de
la lucha antidroga.
El documento,
titulado "Hora de escuchar: tendencias en asistencia de Seguridad de
Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe", precisa que esos
comandos tienen que familiarizarse con el terreno, la cultura y políticos con
quienes en alguna ocasión podrían interactuar.
En lugar de
construir bases, emplear la Cuarta Flota o lanzar paquetes de ayuda de
"gran envergadura" como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, el
involucramiento de las fuerzas armadas estadounidenses se hace más ágil y
flexible, subraya.
No obstante, la
nación norteña mantiene como objetivo la construcción de instalaciones
militares en la zona, como las tres que estudia erigir en Honduras.
De acuerdo con
el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, de
Argentina, sólo en el Caribe el Pentágono tiene bases militares en Aruba (base
área Reina Beatriz), Curazao (Hato Rey) y Haití, donde están desplegadas numerosas
unidades tras el terremotote 2010.
El departamento
de Defensa norteamericano también cuenta con instalaciones castrenses en
Honduras, Colombia, Panamá, México y en la base naval de Guantánamo, territorio
ocupado contra la voluntad del pueblo y gobierno cubanos.
Especial
atención merece Puerto Rico, dado su condición colonial, como reconoce Naciones
Unidas.
El argumento
ofrecido por el Comando Sur estadounidense de luchar contra el narcotráfico es
solo una justificación para garantizar intereses de la Casa Blanca en la zona,
estimó el politólogo Sandino Asturias.
Uno de los
elementos para el control del Caribe y de Latinoamérica es la IV Flota con sede
en la Base Naval de Mayport, Florida, reactivada en 2008, una decisión que
provocó duras críticas de gobiernos latinoamericanos.
Otro componente
importante es el Sistema de Intercambio de Información de Naciones Cooperantes
(Cnies, por sus siglas en inglés).
Según la revista
Diálogo, editada por el Southcom, el Cnies emplea el Sistema Cooperativo de
Integración de Información Situacional (CSII), que utiliza tecnologías de
última generación.
"Financiado
por el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, y coordinado por el
Comando Sur, el proyecto de CSII responde a la necesidad de reforzar el
intercambio multilateral de información y aprovechar mejor los recursos con los
que cada país cuenta para combatir la amenaza del narcotráfico", señala la
publicación.
"Antigua y
Barbuda, Belice, Dominica, Guyana, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas
ya firmaron memorandos de entendimiento y acuerdos de asistencia para la
interceptación aérea", agrega.
Esas naciones
iniciaron la transición hacia CSII, y solo es cuestión de tiempo para que el
resto de las naciones que utilizan Cnies den el salto a la nueva tecnología,
comentó el teniente coronel estadounidense Gregory Harmon, responsable del
proyecto.
En ese sentido,
la Marina estadounidense anunció que empezó a probar el uso de minidrones y
aerostatos para controlar y capturar a traficantes de drogas en la región. El
Pentágono confirmó que ya cuenta con 10 aviones no tripulados de tipo Predator
en la zona.
*Periodista de la redacción
Centroamérica y Caribe de Prensa Latina.
arb/rr/rob
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