Por István Ojeda Bello.
La sorpresa que para muchos constituyó el 17 de diciembre podría impedirnos diferenciar cuánto de lo que hoy ejecuta la Administración Obama es fruto de su propia iniciativa o del ascenso de una tendencia específica dentro de la clase política en los Estados Unidos para enfrentar el grave problema que para ellos ha significado la existencia de la Revolución cubana.
¿El discurso y acción de Obama desde su ascenso a la presidencia, y en particular, su decisión de afrontar un proceso de normalización de las relaciones con el gobierno cubano son el resultado de una especie de “iluminación” suya y de sus asesores? ¿o por el contrario; refleja la preponderancia de estilos diseñados desde mucho antes?
Por el Carril II
Recién derribado el Muro de Berlín, los EE.UU. se erigían como única superpotencia a escala global. Se asumía que los días de la Revolución cubana estaban contados, por tanto prevaleció el criterio de que era el momento de asestarle la estocada final cuando su principal sustento económico había desaparecido.
Tras el colapso del campo socialista, las relaciones económicas con las subsidiarias de las empresas estadounidenses habían crecido significativamente. Eliminarlas, creían, daría la vuelta de tuerca final a las aspiraciones de soberanía de Cuba. De eso se encargaría la Cuban Democracy Act (CDA) o Ley Torricelli, aprobada por el Congreso norteamericano en 1992, cuyo llamado Carril I cortó la posibilidad de que Cuba continuara con esos vínculos autorizados por el presidente James Carter a finales de los 70 y sancionó a los barcos extranjeros que llegaran a puertos cubanos a entrar en Estados Unidos hasta después de tres meses.
Sin embargo, la propia CDA comprendía una senda o Carril II inclinado hacia la influencia indirecta sobre el Archipiélago, y que apoyaba a los grupos o individuos que desde dentro de este le eran desafectos al proyecto revolucionario. Dichas agrupaciones, prácticamente inexistentes desde mediados de los años 60, habían resurgido en los 80 incentivadas por la retórica de defensa de los derechos humanos, promovida desde la época de Carter y potenciada por sus sucesores Reagan y Bush (padre).
Richard Nuccio fue un decidido partidario de esa estrategia hacia la Mayor de las Antillas, la que definió como la combinación de la “presión y el contacto”. Él participó en la redacción de la Cuban Democracy Act como miembro del grupo de asesores de su patrocinador, el representante demócrata por Nueva Jersey, Robert Torricelli.
Nuccio tendría un rol clave desde su puesto como asesor de asuntos cubanos de la Casa Blanca para el despliegue de una política codificada en el Carril IIde la CDA.
Las directrices del Carril II, elaboradas por él (Nuccio) constaban de tres ramas: El Carril II 1 buscaba obtener el apoyo de los cubanoamericanos para ayudar a la “sociedad civil cubana” a lograr cambios, alejándolos de una política limitada exclusivamente a la imposición de sanciones, en la que los líderes de esa comunidad habían enfatizado hasta ese momento. El Carril II 2 reorientaba las directrices estadounidenses “para ayudar a la sociedad civil cubana”. El Carril II 3 se dirigía a trabajar con los gobiernos de Europa y América Latina con miras a configurar una política común hacia Cuba, cediendo deliberadamente a la comisión europea las funciones de liderar el diseño de la política cubana (Domínguez, 2010, pág. 7).
Al calor de los debates promovidos por la Ley para la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, presentada ante el Congreso por Jesse Helms, senador por Carolina del Norte, y Dan Burton, representante por Illinois; Nuccio explicaría las pautas del carril liberal codificado en la CDA que hemos visto “actualizarse” dos décadas después.
Las líneas de su propuesta se resumían en cuatro principios: 1) bloqueo económico integral como forma de presión, 2) apoyo para el pueblo cubano, 3) reducción cuidadosa y calibrada de las sanciones en respuesta a un cambio positivo en Cuba, 4) migración ordenada y a salvo desde Cuba a los EE.UU.
Nuccio creía, y así lo dijo, que la “Helms-Burton” -como sería conocida posteriormente- iba en el sentido contrario de lo que su equipo evaluaba como más inteligente en ese momento, porque esta le restaba a EE.UU. influencia sobre los procesos políticos y económicos dentro de Cuba, y lo que es peor; alteraba el balance de poder entre el ejecutivo y el legislativo en detrimento del primero[1].
Las lecciones de la crisis de los balseros de 1994 y los subsiguientes acuerdos migratorios habrían motivado seriamente a la Administración Clinton a ensayar una postura más liberal, de manera que, paulatinamente, Cuba se fuera reincorporando a la esfera de influencia de Estados Unidos.
En octubre de 1995 anunciaron la apertura de oficinas de prensa en ambos países, flexibilizaron las licencias para viajes de investigación y de periodistas, así como la asignación de fondos a las organizaciones no gubernamentales. Además, incluyeron nuevos aspectos dirigidos a hacer más expeditos los mecanismos de verificación in situ (especificados en la Torricelli) para la venta de medicinas y suministros médicos a ciudadanos dentro de Cuba.
Consumada la celada tendida por la línea ultraconservadora interna que condujo al incidente de las avionetas de Hermanos al Rescate en febrero de ese año [2] y contra los deseos declarados de Nuccio -que la calificaba como el camino equivocado para promover una transición democrática en Cuba- William Clinton fue incapaz de vencer sus propias contradicciones y en 1996 firmó la Helms-Burton.
Más tarde, y en medio de las repercusiones de la visita del Papa Juan Pablo II a la Isla a inicios de 1998, Washington estuvo preparado para moverse de nuevo en la dirección deseada por Nuccio. Tras entrevistarse con el Sumo Pontífice, la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, afirmaba: “Nosotros podemos ayudar a disminuir la dependencia de la gente cubana en el Estado cubano asistiendo sus necesidades humanitarias, apoyando el desarrollo de una sociedad civil y fortaleciendo el papel de la Iglesia y otras organizaciones no gubernamentales. Al hacer esto, podemos comenzar a darles poder a los ciudadanos cubanos y ayudarlos a prepararse para una transición pacífica a la democracia”.
En octubre se anunció la ampliación de la categoría de personas que podían enviar y recibir remesas, también de los orígenes y destinos de los vuelos charters directos. Por otra parte, se comprobó el aumento de los intercambios académicos, científicos, deportivos y de otra índole, y se demostró el interés en restablecer el servicio postal directo con La Habana.
Pese a esto, Clinton persistió en la ruta dual diciendo que “estos pasos están diseñados para ayudar al pueblo de Cuba, sin fortalecer al gobierno cubano. Estos son consistentes con nuestra política de mantener presión sobre el régimen para que realice cambios democráticos -a través del embargo y de iniciativas diplomáticas vigorosas- mientras encuentran formas de llegar al pueblo cubano a través de esfuerzos humanitarios y ayuda en el desarrollo de la sociedad civil. Ellos son consistentes con la Ley para la Democracia en Cuba, de 1992, y la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, de 1996”.
Así, a la altura del año 2001, la estrategia de “contacto” traducida en la política de los intercambios “pueblo a pueblo” subsistía no sin tropiezos, mientras los mecanismos de asedio económico a Cuba funcionaban con celeridad[3].
El engagement sobrevive en los think tanks
Los ocho años de la administración de George W. Bush supusieron un abandono casi total de los estilos de liberales de “contacto” o “compromiso” de la era Clinton. Se endurecieron los controles sobre los viajes a Cuba y las medidas punitivas contra los viajeros. Cayeron a niveles mínimos los intercambios académicos, culturales, científicos y deportivos, así como las visitas familiares de los cubanoamericanos, que se limitaron a una vez cada tres años, sobre la base de una nueva e irracional definición del concepto de familia.
Sin embargo, la noción de que el engagement era la mejor elección continuó viviendo en los cerebros de quienes la habían diseñado en los años 90. Ellos se replegaron hacia sus tradicionales feudos en los tanques pensantes o think tanks, conservadores o liberales, de donde ya venían saliendo muchas de las directrices aplicadas por el gobierno demócrata. Allí se prepararon para reemerger cuando las condiciones fueran propicias.
Por más que la Administración Clinton se esforzó en negarlo, las medidas de “contacto” aplicadas en su mandato tocaban en la misma tesitura que los requerimientos planteados desde de uno de los thinks tanks más antiguos y paradójicamente asociado al ala “internacionalista” de los republicanos: el Concil for Foreing Relations(CFR)[4].
En 1998 el CFR creó un grupo de trabajo encargado de sugerir cuál debía ser la hoja de ruta de EE.UU. con respecto a Cuba. El grupo lo presidieron dos ex subsecretarios de Estado para asuntos interamericanos de la Administración Bush (padre): Bernard W. Aronson y William D. Rogers. Sus propuestas se avalaron con una carta pública al presidente Clinton, firmada por Henry Kissinger, promotor de los iniciales pasos de la distensión a finales de los 70; Lawrence Eagleburger, secretario de Estado en la presidencia de George Bush; Frank Carlucci, secretario de Defensa durante el mandato de Ronald Reagan; Howard Baker, ex líder de la mayoría republicana, y dos ex funcionarios del Departamento de Estado y expertos en temas latinoamericanos durante los gobiernos republicanos.
Sus recomendaciones tuvieron una respuesta positiva, pero limitada desde la Casa Blanca, específicamente en lo tendiente al otorgamiento de licencias generales para los viajes y en la ampliación de remesas (Bernard W.Aronson, 2001)[5].
En 2001 volvieron a la carga con otro informe firmado también por W. Aronson y D. Rogers. Esta vez los acompañaron Walter Russell Mead, investigador principal de Kissinger para asuntos de la política exterior de Estados Unidos y Julia E. Sweig entonces investigadora principal en el programa de América Latina del CFR.
La nueva entrega planteó una conclusión reiterada luego hasta la saciedad en los círculos especializados a ambos lados del estrecho de la Florida: el presidente conserva amplias facultades para modificar la política hacia Cuba.
Frente a los juicios de sus colegas de línea dura, indicaron cuáles debían ser los pasos hacia una (hipotética entonces) normalización de las relaciones con Cuba. “El gobierno estadounidense -afirmaron- puede tomar muchas medidas útiles en el corto plazo para reducir las sanciones económicas y restaurar las relaciones diplomáticas” (Bernard W.Aronson, 2001, pág. 10).
Y a renglón seguido literalmente indicaron los movimientos que una década después Obama emprendería, o en su defecto, manifestaría su intensión de hacerlo, tanto en lo tendiente a la flexibilización del cerco comercial como en lo más importante desde el punto de vista norteamericano: el estrechamiento de los vínculos entre sus ciudadanos y el pueblo cubano, así como acciones directas sobre el emergente sector privado dentro de la economía del Archipiélago[6].
El propósito era bien explícito: “el Grupo de Trabajo cree que la libertad es contagiosa y que el contacto de la gente de pueblo con los ciudadanos estadounidense ordinarios ayudará a transmitir las ideas democráticas y de libre mercado” (Bernard W.Aronson, 2001, pág. 33).
En 2002 la Heritage Foundation, una de las instituciones representativas del ascenso de los neoconservadores después de los años 70, dio a conocer sus propias consideraciones sobre las medidas de Clinton para incentivar el compromiso con el pueblo cubano. A su modo de ver “Los Estados Unidos no debe ayudar a los regímenes antagónicos. Fidel Castro sigue siendo hostil a los Estados Unidos, así como a las democracias y economías de mercado en otras partes del hemisferio. En cambio, cuando las condiciones lo permitan, Estados Unidos debe comprometerse a ayudar a Cuba a ser un mejor vecino por medio de la libre determinación” (Johnson, 2002)[7].
Aunque sus conclusiones la distanciaban aparentemente del CFR, tácitamente coincidían en que eran aceptables las tácticas de influir en el interior de Cuba sin que ello significara desaparecer la presión sobre La Habana.
Llegado el año 2009 los partidarios de un cambio de política hacia Cuba volvieron a la carga con exhortaciones de ampliar mucho más las pautas establecidas en el Carril II de la Torricelli[8].
Ese año la Brookings Institution y el Lexington Institute reiteraron su decidida inclinación a la necesidad de abandonar las posturas más confrontacionales del período Bush (hijo) y regresar vigorosamente a la senda del compromiso de la era Clinton.
El Brookings Institution dividió sus consejos de lo que debía hacerse a corto, mediano y largo plazos, bajo la firma de Carlos Pascual, vicepresidente y director de la revista Foreign Policy, y de Vicki Huddleston, quien no solo había sido jefa de la Sección de Intereses en La Habana, sino además miembro para el Departamento de Estado del equipo de transición de Obama-Biden.
De hecho, la cadena de movimientos trazada para el corto plazo por ese informe fue seguida casi al pie de letra por Obama, tímidamente en su primer mandato y más rápidamente después del 17D[9].
A mediano y largo plazos indicaban otras acciones ahora mismo sobre el tablero negociador con Cuba como lo son la “solución mutuamente aceptable sobre las reclamaciones de los bienes expropiados” y otras enfocadas en extender los alcances de los intercambios pueblo a pueblo, entre los que destacan la exhortación a “fomentar y financiar una amplia variedad de intercambios educativos y becas que promuevan la comprensión y proporcionen capacitación en diversos campos como las artes, la economía y el periodismo” (Carlos Pascual, 2009, pág. 12).
Más orientado en las recomendaciones en el campo económico el informe del Lexington Institute dedicó un espacio a referirse a qué debía hacer Washington para recuperar el terreno perdido tras los ocho años de Bush.
En 2011 el Brookings Institute regresó al ruedo con el reporte titulado “Reaching Out: Cuba's New Economy and the International Response”, escrito por Richard Feinberg, quien sirvió como asistente especial de Asuntos de Seguridad Nacional del presidente Bill Clinton y dirigió la Oficina de Asuntos Interamericanos del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en inglés).
El momento parecía favorable, pues había tenido lugar el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, del cual emergieron una serie de Lineamientos[10]interpretados por algunos políticos estadounidenses como las bases para la emergencia de relaciones capitalistas dentro de la economía cubana y con eventuales implicaciones en el sistema político. “Al aproximarse a la reforma económica cubana, Estados Unidos debería sumarse a la comunidad de desarrollo internacional para incentivar ese flujo irresistible de la historia” (Feinberg, 2011).
Acaba un consenso, comienza otro
Dicha coyuntura, a la que debe agregársele el inicio del segundo mandato de Obama, socavó las bases del antiguo consenso del equilibro entre “presión y contacto” diseñada por Nuccio a inicios de los 90. Comenzó a ganar terreno otro consenso, enfilado hacia potenciar al máximo la estrategia de ese compromiso oengagement.
Una evidencia de la emergencia de ese nuevo acuerdo vino en 2012 cuando un think thank de marcada tendencia “libertaria” y con posiciones políticas difíciles de ubicar como el Cato Institute se unió al coro de los liberales diciendo que había llegado la hora de cambiar la forma de lidiar con la Revolución Cubana (Soraya Castro Mariño, 2003).
Bandow, investigador principal en Cato Institute y quien fuera asistente especial del presidente Ronald Reagan exhortaba:
La Administración debe actuar ahora, antes de que los congresistas se centren en las próximas elecciones. El presidente Obama debería proponer una legislación para colocar (o al menos aflojar significativamente) el embargo. También podría utilizar su autoridad para relajar las sanciones, por ejemplo, mediante la concesión de más licencias para visitar la Isla.
Ampliar las oportunidades económicas también podría aumentar la presión dentro de Cuba para la continuación de las reformas económicas. Hasta ahora, el régimen ha dado pequeños pasos, pero rechazó un cambio significativo. Por otra parte, empujando a más estadounidenses hacia la sociedad cubana, eso podría ayudar a socavar el sistema dominante (Bandow, 2012).
Estos ejemplos son válidos para pensar que la Administración Obama llegó al poder con un camino bastante trillado sobre cuáles debían ser sus pasos para darle un giro a las cosas. Las influencias llegaron tanto desde los tanques pensantes como directamente en los individuos que habiendo participado de la aplicación de la política de Clinton ahora regresaban al gobierno.
A los mencionados efectos de Viki Huddleston, dando a conocer sus puntos de vistas a través de Brookings Institution y directamente en el equipo de transición del nuevo gobierno; vale sumar el caso de Arturo Valenzuela, quien sirvió como subsecretario adjunto para Asuntos Interamericanos y jefe de la Sección Hemisférica del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Bill Clinton. Luego se desempeñó como asesor de esposa de William, Hillary, durante su carrera por la candidatura presidencial demócrata. Finalmente Obama le añadió a su propio equipo de política exterior.
Valenzuela le aseguró al Chicago Tribune que durante el primer período de Obama “no había duda de que había un fuerte apoyo en el Departamento de Estado para la liberalización de algunas de las restricciones (a Cuba), y la secretaria Clinton fue muy clara al respecto”. A quien después le tocaría llevar los hilos de las negociaciones secretas con La Habana desde el Consejo de Seguridad Nacional, Ricardo Zúñiga, habría estado influido por la visión de los Clinton desde sus días previos como jefe del Departamento de Asuntos Cubanos en el State Deparment.
En consecuencia se entiende que una de las primeras decisiones de Obama haya sido retrotraer el estado de cosas al momento donde lo dejó la anterior administración demócrata, relajando las restricciones de viajes para facilitar un mayor contacto entre los familiares separados en los Estados Unidos y Cuba e incrementando el flujo de remesas hacia el Archipiélago.
El realismo político del actual gobierno estadounidense ha consistido en llevar a vías de hecho una combinación de los escenarios modelados en 2010 por Jorge Domínguez quien, al estimar las opciones de Obama, anticipó que una de sus alternativas era llevar las relaciones con Cuba a un estadio que él definió comoClinton Plus (Domínguez, 2010).
La Casa Blanca optó por combinar tres de los escenarios anticipados por Domínguez. Enfáticamente el número dos, en el cual Obama tomaría la iniciativa y dentro del marco de la Helms-Burton, se movería hacia eliminar las restricciones que impiden la libre circulación de información entre los dos países, facilitando incluso el acceso de Cuba a Internet y a las tecnologías de la información. Accedería además al comercio y las donaciones de este tipo de artículos, así como a la comercialización de productos médicos. Tal como estamos viendo ahora:
“la motivación del gobierno norteamericano sería propiciar las condiciones necesarias para el cambio dentro de Cuba. El gobierno cubano reaccionaría con confianza en sí mismo -sin ofenderse o experimentar temor- en espera de beneficiarse del crecimiento económico. El tiempo dirá quien tiene la razón” (Domínguez, 2010, pág. 13).
La “actualización” de Obama
Obviamente pocos esperaban que Obama comenzara por restablecer las relaciones diplomáticas. Empero el resto de sus pasos sí estaban bastante bien establecidos por una tradición liberal que lo precedía. Tendencia que ahora mismo predomina entre la clase política del partido demócrata y mucho más allá.
Desde la plataforma política de Hillary Clinton de cara a los comicios de noviembre de 2016 es posible anticipar que siguen decididos a transformar en una extensa autopista lo que nació como apenas un carril dentro de una concepción dual de presión y contacto hacia Cuba.
En un discurso electoral desde la Florida este año, Hillary Clinton subrayó la necesidad de “terminar con el embargo a Cuba, de una vez y para siempre. Debemos sustituirlo por un acercamiento inteligente que le de poder a los negocios de cubanos, a la sociedad civil cubana y a la comunidad cubanoamericana para que estimule el progreso y mantenga la presión sobre el régimen” (Iturbe, 2015).
Consideraciones finales
Se afirma que en la formación de la política exterior norteamericana han contribuido distintas corrientes de pensamiento, especialmente los llamados enfoques realista y los ideológicos, que pugnan por convertirse en tendencia predominante.[11] Solo en esa indisoluble unidad de contrarios es posible comprender la particular interpretación estadounidense de su relación con Cuba. Un análisis colocado únicamente desde el ángulo del realismo o la ideología no funciona para el caso cubano.
Asistimos a una modernización de una estrategia con fuertes bases en la tradición liberal dentro de la clase política estadounidense que combina ideología con realismo político en ambos sentidos.
Lo que Obama hace hoy no parece fruto de la adivinación de sus asesores, sino de la maduración de un largo análisis político que todavía pugna por construir un consenso sobre la base de que es imprescindible adaptar el diseño y aplicación de los pasos futuros potenciando los estilos de influencia por “contacto” y “compromiso” a fin de hacer cumplir los propósitos históricos de Estados Unidos con Cuba.
Notas
[1] Dijo Nuccio: “Permítanme resumir diciendo que la Helms-Burton pondría en peligro los intereses clave de Estados Unidos en todo el mundo, poniendo Cuba (torpemente) en el centro de la política exterior, y es probable que trabajará directamente en contra de su declarado objetivo de promover una transición democrática en Cuba. Lo mejor que podemos hacer es mantener la presión sobre el gobierno cubano para la reforma política y económica, proporcionando todo el apoyo que podamos al pueblo cubano en su lucha por superar las limitaciones que les impone la dirigencia cubana, y prepararnos para responder con rapidez a la hora del cambio. (…)La última vez que revisé la Constitución, correspondía al Presidente tomar decisiones de política exterior”.
[2] Aunque públicamente la Casa Blanca se escudó en el derribo por la Fuerza Aérea cubana de las avionetas del mencionado grupo anticastrista que por dos años violaba el espacio aéreo cubano; hoy se sabe que en reiteradas ocasiones La Habana le advirtió que no toleraría por más tiempo esa amenaza a su seguridad nacional. El propio Nuccio le confesó a Fernando Morais que logró que la autoridad para la Aviación Civil de los EE.UU. suspendiera la licencia de vuelo a José Basulto, líder de Hermanos al Rescate y así disuadirlo de sus maniobras. “Hice todo lo que podía -declaró- pero quisiera haber hecho más que escribir memorandos, mandar faxes, hacer llamadas telefónicas, activar alarmas. Yo debería haber saltado, gritado, berreado, invadido el gabinete del presidente”, contó. En los días previos al 24 de febrero de 1996, el gobierno de los EE.UU. señaló en una nota oficial que “la libertad para viajar, reconocida por acuerdo internacional, no da a nadie derecho de entrar en un país en particular, incluida Cuba, sin autorización previa. Todos los viajeros están sujetos a las autoridades aduaneras y de inmigración, y a otras leyes del país en cuestión”. Sin embargo Basulto voló su Cessna aquel 24 de febrero junto a otras dos avionetas sobre cielo cubano. Dos de ellas fueron derribadas y la tercera (la de Basulto) logró escapar hacia el territorio de los EE.UU. De esta manera solo queda pensar que, o bien dentro del ejecutivo no había total consenso sobre la factibilidad o no de la Helms-Burton y por ende los partidarios de esta forzaron el incidente para colocar a Clinton contra la pared, o efectivamente todos dejaron hacer porque en el fondo la consideraban útil. Véase Fernando Morais. Los últimos soldados de la guerra fría. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 2013.
[3] Por ejemplo, en febrero de 1999, el vocero del Departamento de Estado, tras señalar que las medidas adoptadas en la política hacia Cuba habían provocado un incremento de los viajes autorizados por medio de licencias, reiteró el carácter ilegal de los viajes de turismo o negocios, y alertó sobre las penas civiles y criminales que enfrentan aquellos que violan las regulaciones sobre el gasto de dinero sin la debida autorización del Departamento del Tesoro. También en 1999, la Jueza Shira Scheindlin, de New York, falló a favor de la empresa Bacardí y en contra de Havana Club-Pernot-Ricard, despojándola de los derechos legales que hasta el momento gozaba. El 28 de octubre de 2000, el Presidente Clinton firmó el proyecto de Ley de Asignaciones para la Agricultura, convirtiéndose en ley del Congreso norteamericano la prohibición de los viajes a Cuba para los ciudadanos norteamericanos. Asimismo, aprobó las ventas de medicinas y alimentos a Cuba pero en condiciones discriminatorias para el país, haciéndolas inaceptables e imposible de realizar.
[4] El Concil for Foreing Relations(CFR), fundado en 1921, tiene su antecedente en The Inquiry, un grupo académico creado a solicitud del presidente Woodrow Wilson después de la Primera Guerra Mundial para asesorar a la delegación estadounidense a la Conferencia de Paz en Versalles. Su primer presidente fue Elihu Root, ex secretario de Estado y quien se cree fue el redactor original de la Enmienda que guiaría la relación de EE.UU. con Cuba, la cual se conocería por el nombre del senador que la presentó ante el Congreso: Orville Platt.
[5] Las recomendaciones específicas del grupo de trabajo incluían: (1) permitir viajes ilimitados a Cuba de los cubanoamericanos, así como aliviar otras restricciones de viaje; (2) la ampliación de los intercambios pueblo a pueblo con fines académicos, científicos, deportivos, artísticos y humanitarios; (3) permitir la venta de alimentos y medicinas a las entidades gubernamentales y no gubernamentales que no forman parte del aparato de seguridad represiva; (4) autorizar servicios de vuelos comerciales directos, servicio de correo directo, y la inversión privada directa limitada; y (5) la expansión de las remesas anuales máximas a sus familiares en Cuba por los ciudadanos y residentes estadounidenses a 10 mil. Véase http://www.cfr.org/world/new-us-cuba-policy-drawn-council-sponsored-independent-task-force-recommendations/p3172
[6] Sus sugerencias concretas eran: venta de productos agrícolas y médicos con financiamiento comercial desde EEUU aunque sin créditos del gobierno; permitir viajar a todos los estadounidenses a Cuba, medidas específicas para promover la reunificación familiar y la migración segura y legal, permitir los vuelos directos comerciales y servicios de ferris; establecer la cooperación en temas ambientales y de la conservación; intercambios y cooperación continuos de bajo y medio nivel entre los EE.UU. y las fuerzas militares cubanas en la lucha antinarcóticos; trabajar con Cuba para apoyar el proceso de paz en Colombia; y la inversión estadounidense limitada para apoyar al sector privado cubano. También proponían capturar el mercado general por el aumento de los viajes de americanos a Cuba, la resolución de las reclamaciones de expropiación mediante el otorgamiento de licencias para que los reclamantes estadounidenses negocien directamente sus antiguas propiedades con Cuba, inversión directa en forma de empresa conjunta y el apoyo al ingreso de Cuba en la calidad de observador en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Más detalles en http://www.cfr.org/world/new-us-cuba-policy-drawn-council-sponsored-independent-task-force-recommendations/p3172
[7] Este es un cambio significativo teniendo en cuenta que en la década anterior la Heritage era una de las abanderadas del total condicionamiento de cualquier cambio de la tradicional política hacia Cuba a que el Archipiélago se moviera en el sentido “amigable” para EE.UU. En 1994 uno de sus analistas era enfático: “Aunque los Estados Unidos hoy está prácticamente solo en su insistencia en mantener el embargo, debe mantenerse firme. Hasta el momento, el gobierno de Clinton se ha resistido a la presión de levantar el embargo. Para acelerar la transición a una Cuba post-Castro, la Administración debe mantener el embargo hasta que las reformas económicas y políticas irreversibles que conducen a capitalismo democrático tengan lugar”. Véase Sweeney John P. Why the Cuban Trade Embargo Should Be Maintained. En http://www.heritage.org/research/reports/1994/11/bg1010nbsp-why-the-cuban-trade
[8] La Dra. López Oceguera, explica que los “informes (de los think tanks) generalmente ven la luz pública en momentos en que se produce una transición entre administraciones, al inaugurarse un nuevo Congreso, después de las elecciones de medio término, o al comenzar un nuevo mandato un presidente reelecto. Otra oportunidad para que los tanques pensantes traten de influir en la conformación de la política mediante propuestas concretas surge cuando se rompe el consenso alrededor de un tema”, Véase Castro Mariño, Soraya. Los tanques pensantes en el proceso de conformación de la política exterior norteamericana, 2013.
[9] Eliminar todas las restricciones a los viajes familiares y humanitarios a Cuba; permitir y ampliar licencias específicas para viajes con propósitos educativos, culturales y humanitarios; incentivar remesas para los individuos y la sociedad civil independiente en Cuba; permitir que todos los cubanos que cumplen con los requisitos de la ley de inmigración de Estados Unidos puedan viajar a los Estados Unidos; realizar actividades diplomáticas normales sobre una base de reciprocidad, incluyendo viajes de funcionarios, reuniones, intercambio de agregados y el patrocinio de los intercambios culturales y educativos; abrir un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, en particular sobre cuestiones de interés mutuo, incluyendo la migración, la lucha contra el narcotráfico, el medio ambiente, la salud y la seguridad; desarrollar acuerdos y asistencia con el gobierno cubano para el alivio de desastres; llevar a cabo una revisión de la finalidad, contenido y aplicación de los nuevos contratos adjudicados a las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales durante los últimos meses de la administración Bush, modificar regulaciones de licencias actuales para la comercialización de medicinas desarrolladas en Cuba; permitir la donación y venta de equipos de comunicaciones; viabilizar licencias a entidades estatales y no estatales cubanas para acceder a las redes de comunicaciones por satélite y de banda ancha; establecer un programa de asistencia para la sociedad civil y de la licencia de la transferencia de fondos para las actividades centradas en los derechos humanos, la microempresa y la formación profesional, permitir a Cuba participar en los organismos especializados y técnicos de la OEA y en seminarios de creación de conocimiento en las instituciones multilaterales; revisar la evidencia para determinar si Cuba debe seguir siendo catalogado como un estado patrocinador del terrorismo. Véase Pascual, Carlos: 2009, pág. 10.
[10] Después de un amplio proceso de debate y consulta popular, en abril de 2011 el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba aprobó los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, que abrieron la posibilidad de que los cubanos creen pequeñas cooperativas de servicios, contraten empleados y obtenga microcréditos, además anunció la eliminación gradual de la libreta de abastecimiento y estudiar la posibilidad de que los cubanos puedan viajar al extranjero simplemente como turistas. No obstante enfatizó que la empresa estatal socialista y la planificación continuaría siendo la columna vertebral de la economía cubana y que se mantendrían los programas sociales en las esferas de la salud, la educación, la cultura y el deporte. Véasehttp://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/05/folleto-lineamientos-vi-cong.pdf
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