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| Foto AFP |
El comité de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) sobre las desapariciones forzadas solicitó a España que se
investigue y se cree una comisión de expertos sobre las desapariciones forzadas
que ocurrieron en la nación ibérica durante la Guerra Civil (1936-1939).
"Es muy importante también el
establecimiento de un órgano específico para la búsqueda y localización de las
personas o de sus restos en su caso", dijo el uruguayo Álvaro Garcé García
y Santos, miembro del Comité, en una rueda de prensa.
Garcé añadió que "el comité ha invitado al
Estado español a que considere la posibilidad de crear una comisión de expertos
independientes para poder determinar la verdad de lo que ha ocurrido con las
personas desaparecidas".
Asimismo, expresó que "Hacemos esta
invitación a investigar el pasado no con espíritu de revancha sino con una
mirada constructiva", y aseguró que la "verdad es indispensable"
para la sociedad española.
Por su parte, el
exjuez, Baltazar Garzón indicó en un comunicado, luego de las recomendaciones
de la ONU que "esta cuestión no es del pasado, es del presente".
Garzón recibió en el año 2008, denuncias de 36
asociaciones, las cuales el exjuez las transfirió a los juzgados provinciales
debido al juicio que enfrentaría en 2012 por vulnerar la ley de amnistía.
El exjurista manifestó que "al día de hoy se
puede decir que en España no hay ninguna investigación abierta por los crímenes
cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo [...] lo que significa que España
está incumpliendo flagrantemente el derecho humano a la verdad, la justicia y
la reparación"
España se resiste a investigar las desapariciones
forzadas de la guerra civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975),
a pesar de que en los últimos años las asociaciones de víctimas exhumaron los
restos de cerca seis mil 300 personas enterradas en fosas comunes, dos mil 500
de las cuales fueron identificadas.
Amnistía Internacional da la bienvenida a las
recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas, hechas públicas y que
exhortan a España a investigar todas las desapariciones forzadas.
Las Observaciones
finales del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas se han hecho
públicas a través de distintos medios. En este documento el Comité exhorta a
España a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de
manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde
el inicio de las mismas y aún cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.
Amnistía Internacional da la bienvenida a dichas
recomendaciones del organismo internacional que pide, además, que se adopten
las medidas necesarias desde el Gobierno y desde el poder judicial para
eliminar los obstáculos a estas investigaciones, en particular la
interpretación de la Ley de Amnistía de 1977.
Para el Comité, que por primera vez ha examinado
la situación española, la ley de amnistía no debe impedir las investigaciones
de crímenes del derecho internacional como los cometidos durante el franquismo
y la guerra civil. En el documento se recogen, además, varias de las
recomendaciones que Amnistía Internacional había planteado al Comité en una
reunión este mes.
Por otra parte, el Comité ha expresado su
preocupación por la interpretación errónea en relación al derecho internacional
por parte del Tribunal Supremo en el llamado "caso Garzon", donde,
entre otros argumentos, invocó la ley de amnistía y la muerte de los presuntos
responsables para justificar la imposibilidad de investigar graves violaciones
de derechos humanos cometidas en España en el pasado.
“El Comité da un paso importante tanto para
España como para el resto de países ya que reconoce su competencia para
formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas
en el pasado”, ha declarado Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía
Internacional sobre España.
Finalmente, el Comité ha indicado la necesidad de
incorporar en la legislación española la desaparición forzada como delito
autónomo, así como la prohibición de proceder a una expulsión, devolución,
entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona
estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.
Asimismo, el Comité ha alertado sobre el régimen
de incomunicación (por el cual una persona puede estar detenida hasta 13 días
sin poder contar con un abogado o médico de su elección, entre otras
limitaciones) y espera que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
cumpla con el artículo 17 de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que España es
Estado parte, que establece que nadie puede ser detenido en secreto, entre
otros aspectos.
Amnistía Internacional espera que todas las
autoridades españolas, incluidas las judiciales, adopten las recomendaciones
hechas por el Comité.
El Comité de la ONU contra la Desaparición
Forzada es un órgano compuesto por expertos independientes que, durante su
quinto periodo de sesiones, en noviembre de 2013, ha examinado por primera vez
este mes de noviembre el cumplimiento, por parte de España, de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en España en 2010.
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