Por Emir Sader.
Los escenarios electorales se
repiten de forma muy similar en los países de gobiernos posneoliberales
de América Latina: a las candidaturas de los gobiernos se oponen siempre
candidaturas de derecha. Aquéllas cuentan con las políticas sociales
redistributivas, éstas con el monopolio privado de los medios de
comunicación. Una toca a las condiciones de vida de la gran mayoría, la
otra intenta tocar a la conciencia de la gente.
No hay ninguna duda de que los gobiernos de Venezuela, Brasil,
Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador han mejorado de manera sustancial
las condiciones de vida de las personas. La redistribución de la renta,
la disminución de las desigualdades, el aumento de las posibilidades de
que las personas puedan encontrar formas dignas de sobrevivencia: todo
apunta en esa dirección, que no es negada ni siquiera por la oposición.
Pero nadie tampoco niega el rol de los medios de comunicación
privados, que se han vuelto, hace tiempo, el partido político de la
derecha. Así, a menudo las campañas electorales miden los resultados de
las políticas sociales en contra de la eficacia de los medios de
comunicación.
La efectividad de las políticas sociales va creando un consenso, pero
directamente en los medios populares, que suelen votar masivamente por
los candidatos de los gobiernos, en quienes ven los méritos de esas
políticas y la perspectiva de continuación de ellas. Las capas medias de
las grandes ciudades son el blanco privilegiado de las campañas de los
medios de comunicación privados, concentrando su acción en difundir la
idea de que los países van mal, que el camino escogido por los gobiernos
está equivocado, que los estados cobran demasiados impuestos, son
corrompidos, debieran restringir sus espacios en función de las
iniciativas privadas, no respetan la
libertad de prensa, etcétera.
Así como las políticas sociales de los gobiernos posneoliberales son
muy similares, las campañas de los medios monopolistas de comunicación
parecen realizadas por una misma empresa privada, de tal forma son
iguales.
Si los gobiernos tienen problemas actualmente, las alternativas se
ubican a su derecha y no a su izquierda. Los candidatos de la oposición
–sea en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina o Uruguay– son
los mismos de siempre, a veces hijos de los de siempre. La novedad está
en que a veces dicen que van a mantener políticas de los gobiernos
actuales, cuando se dan cuenta de que la gente puede querer
adecuaciones, pero en el marco de la continuidad de las políticas
actuales. Hacen como que van a mantener los avances sociales, pero
cuando tienen que revelar su política económica y/o sus futuros
ministros de economía, en caso de que ganaran –o si alguien los revela–,
se ve que las políticas sociales actuales son absolutamente
incompatibles con los enunciados básicos de los personeros conspicuos
que asesoran a los candidatos de la oposición.
El poder de los medios de comunicación privados da a la
derecha un buen poder desestabilizador, al valerse de campañas de
terrorismo económico, de denuncia de supuestos escándalos del gobierno,
quitando energía y poder de acción a los gobiernos. Pero esa misma
derecha se muestra incapaz de generar candidatos y plataformas
vencedoras en las elecciones. Tiene entonces que apelar a esquemas
golpistas para intentar romper la continuidad de los gobiernos
progresistas. El esquema es similar en países como Venezuela, Ecuador,
Brasil, Bolivia o Argentina.
Es esencial así romper con el monopolio privado de los medios de
comunicación, que mantienen capacidad de influencia incluso en los
países donde ya hay ley de regulación de los medios. Pero el objetivo
esencial, con o sin esa regulación, es que los grandes sectores de la
masa de la población, beneficiarios de las políticas sociales que
caracterizan a esos gobiernos, tengan conciencia social de sus derechos y
de qué fuerzas representan la garantía de esos derechos y cuáles
representarían su término.
Total, es necesario construir en el conjunto de la sociedad la
hegemonía de las políticas posneoliberales, ante todo la prioridad de
las políticas sociales redistributivas, lo cual significará el punto de
no retorno de esos gobiernos.
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