La crisis de la deuda de Puerto Rico y el colonialismo norteamericano

Tomado de Progreso Semanal
Por Antonio González y Ángelo Falcón.

Después de interminables discusiones acerca de la masiva deuda de $72 mil millones de Puerto Rico, está claro que aún queda mucho por hacer en el propio Puerto Rico para reformar sus prácticas y prioridades. Sin embargo, las actuales propuestas federales para hacer frente a la quiebra de facto de la isla no resolverá la crisis de la deuda.

A falta de una solución de sentido común, la crisis de Puerto Rico va a profundizarse, lo que significa un aumento masivo en el ya elevado desempleo y la pobreza, y la emigración a EE.UU. (10% de los habitantes de Puerto Rico han marchado a EE.UU. desde 2010.)

Puerto Rico, una del puñado de colonias occidentales que quedan en el mundo y la colonia más grande de Estados Unidos, sufre su actual crisis fiscal debido a su relación de 117 años, subordinada de manera singular a Estados Unidos. Como colonia, Puerto Rico se encuentra en una zona de penumbra política donde no tiene ni los derechos ni el prestigio de un estado de EE.UU. ni de una nación soberana.

Mencionado públicamente junto a las situaciones de crisis de la deuda en Grecia y Detroit, Puerto Rico sufre tales comparaciones, ya que no puede ni negociar un rescate de su deuda (como Grecia), ni obtener la protección por bancarrota (como Detroit).

En Estados Unidos, parece que hay un consenso entre los líderes puertorriqueños que el Congreso debe permitir que Puerto Rico caiga de manera limitada bajo las leyes de bancarrota de Estados Unidos, una posición que también gana terreno con algunos candidatos presidenciales.

Si bien en la actualidad no hay voluntad en el Congreso o la Casa Blanca para apoyar tal legislación, la realidad es que aprobar una protección limitada por bancarrota no abordaría adecuadamente los problemas económicos subyacentes de Puerto Rico. Es también interesante que los hermanos Koch hayan propuesto que el Congreso cree una junta de control financiero para hacerse cargo de las finanzas de Puerto Rico, la que priorizaría la protección de las ganancias de los fondos de cobertura y otros tenedores de bonos por encima de los intereses de la gran mayoría del pueblo puertorriqueño.

El gobierno federal tiene que aceptar la responsabilidad por su pasado y presente colonialistas y proporcionar un enfoque integral para resolver la crisis de la deuda que, para empezar, debe incluir los siguientes elementos:

La acción del Congreso para permitir que Puerto Rico solicite la protección de bancarrota. Esto comenzaría con la aprobación de la Ley de Uniformidad del Capítulo 9 de Puerto Rico de 2014 que facultaría al gobierno del territorio norteamericano de Puerto Rico a autorizar que determinadas empresas de propiedad estatal reestructuren sus obligaciones de deuda de una manera ordenada y bien establecida, en virtud del Capítulo 9 del Código de Bancarrota de Estados Unidos.

Exención del Congreso de Puerto Rico de la Ley de la Marina Mercante de 1920 (P.L. 66-261, también conocida como la Ley Jones) que se ocupa del cabotaje (es decir, transporte de mercancías por navegación costera), liberando a Puerto Rico de la obligación de que todos los bienes transportados por agua entre puertos norteamericanos sean llevados en buques de pabellón norteamericano, construidos en Estados Unidos, propiedad de ciudadanos norteamericanos y tripulados por ciudadanos norteamericanos y residentes permanentes de Estados Unidos. Esto ayudará a reducir los costos por hacer negocios en Puerto Rico, así como crear puestos locales de trabajo.

Aprobación del Congreso de legislación como lo que fue la Sección 936 del Código de Impuestos Internos (terminada en 2006) que dio a las empresas de Estados Unidos una exención de los impuestos federales sobre los ingresos obtenidos en Puerto Rico, ya fueran procedentes de operaciones o de intereses en depósitos en bancos locales. Tales créditos fiscales deben exigir una reinversión significativa en Puerto Rico, vinculada a la creación de empleos.

Estados Unidos debe mucho a Puerto Rico, cuyo pueblo se convirtió en ciudadanos de segunda clase de Estados Unidos por medio de la conquista militar, ha sido una fuente de ganancias para las corporaciones norteamericanas, han servido por miles en las fuerzas armadas de Estados Unidos, y su isla se ha utilizado como sede de bases militares norteamericanas. A la luz de esta historia y relación, Estados Unidos no puede lavarse simplemente las manos ante los profundos problemas derivados de su legado colonial.

Si el Congreso y la Casa Blanca no abordan seriamente la crisis financiera de Puerto Rico, debe quedar claro a los puertorriqueños que ahora es el momento de cambiar la ecuación. El derecho internacional deja en claro que las colonias deben terminar, ya sea por medio de la concesión de la independencia soberana o por la incorporación plena a la metrópoli. La actual fórmula de Comunidad (o “Estado Libre Asociado”) ha sobrevivido a su utilidad ideológica para encubrir lo que claramente es una anticuada relación colonial.

2016 puede ser el año para plantear el asunto en el Congreso. Es, después de todo y sin embargo políticamente perverso, que sea este disfuncional Congreso de Estados Unidos el que en la actualidad tenga la competencia exclusiva para conceder la estadidad o la independencia al pueblo puertorriqueño.

(*) Antonio González es presidente del Instituto William C. Velásquez, con sede en San Antonio y Los Ángeles; y Ángelo Falcón es Presidente del Instituto Nacional para la Política Latina (NiLP), con sede en la ciudad de Nueva York.