Después de meses de movilizaciones de la Plataforma de Afectados por
la Hepatitis C, incluyendo un encierro en el Hospital 12 de octubre de
Madrid y una marcha hasta la Moncloa, Rajoy ha declarado que “ningún
enfermo se quedará sin el tratamiento necesario”.
Según el Ministerio de Sanidad, más de 700.000 personas tienen
anticuerpos del virus de la hepatitis C en España, que se contagia
esencialmente a través de la sangre. Si no se trata, en un 80% de los
casos deriva en cirrosis o cáncer hepático.
El coste del tratamiento paliativo prolongado, de los múltiples
ingresos hospitalarios o trasplante es enorme frente al de un nuevo
medicamento, el Sofosbuvir, cuyo coste de producción se sitúa entre los
57 y los 117 euros para las 12 semanas necesarias para curar a los
enfermos en un 80% de los casos.
Pero la multinacional farmacéutica Gilead ha negociado un precio con
el Ministerio de Sanidad de 25.000 euros por tratamiento. Y dados los
recortes actuales presupuestarios como consecuencia de la política de
austeridad, solo podrían tener acceso al Sofosbuvir unos 6.000 pacientes
anualmente. El resto, o lo paga de su bolsillo o espera a empeorar
hasta tal punto que entre en las listas de urgencia prioritaria.
Detrás de este escándalo de gestión de la sanidad pública se adivinan
dos problemas: por un lado que la sanidad ha dejado de ser un derecho
universal tras las reformas del Gobierno Rajoy, para convertirse en un
servicio asistencial paralelo a una sanidad privada promovida desde el
Gobierno; en segundo lugar, el monopolio de una patente por una
multinacional farmacéutica que especula con la salud de los enfermos.
Ambos problemas solo tienen una misma respuesta: una sanidad pública
como derecho universal, apoyada en una industria farmacéutica pública.
De hecho, esta solución debería estar recogida en cualquier Constitución
digna de ser calificada de social. No es el caso del Reino de España.
Así como la fabricación genérica del medicamento, con la excepción de
la patente por necesidades urgentes médicas o sociales, como ha
ocurrido ya en la India con este y otros medicamentos.
La movilización de los enfermos de hepatitis C no es la primera de
las crisis de salud publica provocadas por los recortes sanitarios. Uno
de los objetivos inconfesables de esos recortes es degradar una de las
sanidades públicas más profesionales y de mayor calidad del mundo, para
abrir un espacio de negocios a la sanidad privada.
Pero vendrán más crisis, en el tratamiento del cáncer, las
hemodiálisis, los servicios radiológicos…con todos aquellos que afectan
al tratamiento de las enfermedades crónicas de una población que hasta
hace un par de años veía crecer su esperanza media de vida.
Tenemos fresca la crisis de la gestión del Ébola por la consejería de
sanidad de la Comunidad de Madrid, tras el desmantelamiento del
Hospital Carlos III, referencia en enfermedades tropicales.
La lucha por la sanidad publica universal exige acabar con las
políticas de austeridad, poner fin al Gobierno de Rajoy, incapaz de
negociar los precios del Sofosbuvir, y un nuevo modelo de gestión al
servicio de los ciudadanos capaz de defender la salud de todos.
Mientras tanto, toda nuestra solidaridad con la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.
No hay comentarios:
Publicar un comentario