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| Susan Rosenberg, Silvia Baraldini y Alejandrina Torres |
Por Raúl Capote.
Las injustas y crueles condenas a los cinco héroes cubanos,
cuatro de los cuales aún permanecen en las prisiones de Estados Unidos,
constituyen el motor impulsor de estas denuncias. Considero que
contribuir modestamente a que el mundo conozca los horrores del presidio
político estadounidense es el mejor homenaje que puedo rendirles.
Introducción.
El encarcelamiento por razones políticas ha sido la norma no la excepción a través de la historia de Estados Unidos. Sin ir demasiado lejos en el tiempo para no aburrir demasiado al lector, recordaré que a partir de 1955, cuando el movimiento afro-norteamericano por los derechos civiles con el “Montgomery Bus Boycott” se convirtió en movimiento de masas, Rosa Parks fue encarcelada por violar las leyes segregacionistas de Alabama y, a partir de esa fecha, comenzó una nueva etapa en la larga lucha de los negros norteamericanos por ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad.
Hacia 1960, cientos de estudiantes negros
fueron arrestados por su participación en “sit-ins” y en otras
protestas masivas. El Dr. King y otros líderes del movimiento por los
Derechos Civiles fueron golpeados y arrestados con frecuencia, numerosas
iglesias en los barrios negros quemadas, miles de activistas despedidos
de sus trabajos sin compensación alguna y muchos asesinados.
La violenta represión condujo al
surgimiento de la auto-defensa armada y, posteriormente, de
organizaciones revolucionarias. En la segunda mitad de la década del 70
la ola represiva adquirió mayor violencia y fueron asesinados Malcolm X, el Dr. Martin Luther King Jr., Fred Hampton, Mark Clark
y muchos otros. Cientos de militantes y colaboradores del “Black
Panther Party” y de “Republic of New Africa” fueron condenados a
prisión.
En esa década del 70 estallaron rebeliones en numerosas prisiones de todo el país, la más notable fue la de septiembre de 1975 en Attica. George L. Jackson,
asesinado por los guardias varias semanas antes de los sucesos se
convirtió en bandera de los prisioneros afro-norteamericanos.
Actualmente, hay más afro-norteamericanos en prisión que nunca antes.
Su tasa de encarcelamiento la crecido exponencialmente desde la
Rebelión de Attica. De acuerdo con el Departamento de Justicia (2009)
“Aproximadamente el 12-13 % de la población es afro-americana, pero
conforma el 40.1 % delos 2.1 millones de reclusos en cárceles y
prisiones.” Se ha señalado que la tasa actual de encarcelamiento de
afro-norteamericanos es tres veces mayor que la que tuvo Sudáfrica en el
apogeo del Apartheid.
Pero no son los afro-norteamericanos los únicos que han sido reprimidos y encarcelados sólo por ser diferentes o para mantenerlos sometidos al sistema. El
presidio político de Estados Unidos se nutre también de indios,
chicanos y otras minorías que luchan igualmente por sus derechos
civiles; objetores de conciencia que se han negado a participar como
soldados en las guerras imperiales; inmigrantes indocumentados
cuyo único delito ha sido cruzar hacia la tierra que le fue robada a sus
antepasados en busca de trabajo digno para sostener a sus familias;
obreros sindicalistas; militantes de izquierda; puertorriqueños que
sueñan con la independencia de su patria; miembros del movimiento
“Occupay” que luchan contra la corrupción, el desempleo y las crecientes
desigualdades sociales y económicas; etc.; a los que hay que añadir los
secuestrados y torturados en violación flagrante de acuerdos
internacionales y de las propias leyes de Estados Unidos, en Abu Ghraib,
Guantánamo, Bagram, y en toda una red de cárceles secretas dispersas
por el mundo.
Al sistema penal de Estados Unidos se le ha llamado “Prison-Industrial Complex” (PIC)
debido a la creciente privatización de las instituciones y servicios
penitenciarios y a las ganancias billonarias de las corporaciones
involucradas en el pingüe negocio de privar de libertad a las personas.
Un ejemplo es la “Arizona’s Kitchell Construction” que
ha recibido contratos para la edificación de más de 70 instalaciones
carcelarias. Los dueños de las cárceles privadas lucran a costa de los
presos que se les asigna. Mientras mayor es el número de presos mayores
son las ganancias.
En Estados Unidos el encarcelamiento se
ha convertido en un sistema clasista de control social. Una ideología
racista del castigo suplantó a la antigua política de rehabilitación.
Una gran parte de los presos no lo están por haber cometido crímenes
sino por no cumplir con leyes promulgadas para perpetuar el control
sobre los sectores de la población que ocupan los peldaños inferiores en
la escala social. Esta criminalización de los pobres y de las minorías
convierte en prisioneros políticos a cientos de miles de los que
componen la población penal de Estados Unidos, la mayor del mundo.
El objetivo de la HSU era
“…reducir las prisioneras a un estado de sumisión esencial para su
conversión ideológica. Si esto falla, el siguiente objetivo es
convertirlas en sus propias y eficientes antagonistas.
Valientes mujeres puertorriqueñas
El mundo quedó horrorizado cuando supo de las atrocidades que se cometían en centros de detención diseñados para quebrar la voluntad de los prisioneros, como los de Abu Ghraib y Guantánamo. Sin embargo, los primeros ensayos de este tipo de instalaciones carcelarias habían surgido en Estados Unidos varias décadas antes.
Uno de los más diabólicos intentos de
mezclar la humillación y la tortura con perversos recursos psicológicos,
tuvo lugar en Kentucky con la creación de la eufemísticamente llamada “High
Security Unit” (HSU), “unidad de control” experimental para mujeres,
situada en la “Federal Correctional Institution” de Lexington.
La HSU fue inaugurada en 1986 durante la
administración de Ronald Reagan. Constaba de 16 celdas de aislamiento
subterráneas donde las prisioneras perdían la noción del tiempo, pues
vivían bajo luces artificiales las 24 horas del día vigiladas por cámaras que registraban absolutamente todas sus actividades. La
propiedad personal estaba prohibida. Con frecuencia se les sometía a un
régimen de privación del sueño, despertándolas a intervalos cuando
intentaban dormir. A menudo eran sometidas a humillaciones como
el “chequeo de cavidades” que se convertía en acoso sexual al ser
realizado por hombres.
Ya desde esa época se experimentaba con
los métodos conocidos como “sensory deprivation” (privación sensorial) o
“perceptual isolation” (aislamiento perceptual) que consiste en reducir
o eliminar uno o más de los estímulos sensoriales, lo cual provoca
efectos devastadores en los prisioneros, como ansiedad, alucinaciones y
depresión. Efectos similares provoca el llamado “efecto Ganzfeld” en
que, por el contrario, se utiliza un estímulo (luz, sonido, etc.) de
manera constante y durante largos períodos.
En la HSU fueron internadas
varias conocidas luchadora puertorriqueñas, militantes de organizaciones
independentistas, clasificadas oficialmente como “high risk” (alto
riesgo) aunque ninguna se había comportado de manera violenta antes de
ser trasladadas a Lexington.
Alejandrina Torres, vinculada con las
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), fue arrestada en junio de
1983. Al igual que sus compañeras, Alejandrina asumió ella misma su
defensa e informó a la corte de distrito que consideraba ilegal el
procedimiento y que reclamaba ser juzgada por una corte internacional. Bajo el cargo de “conspiración sediciosa” para intentar derrocar el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, fue sentenciada a 35 años de prisión.
Alejandrina fue ubicada arbitrariamente
en una prisión para hombres donde, como era de esperar, sufrió repetidos
asaltos sexuales. Luego tuvo que sufrir durante dos años los horrores
de la SHU hasta que, finalmente, fue trasladada a la prisión de mujeres
en Danbury, Connecticut, donde fue liberada en septiembre de 1999 por el
presidente Bill Clinton a instancias del Rev. Desmond Tutu y del ex
presidente Jimmy Carter.
Silvia Baraldini nació en Italia
pero colaboró activamente con el “Black Power” y con el movimiento
independentista puertorriqueño durante mucho tiempo. Silvia se negó a
declarar ante el Gran Jurado que investigaba las actividades de los
independentistas y fue condenada a 43 años de prisión en 1982.
Transferida a Italia en 1999 para que cumpliese allí el resto de su
condena, fue liberada el 26 de septiembre de 2006 gracias a una ley de
perdón promulgada por el parlamento italiano.
Susan Rosenberg, poeta, escritora y
veterana en las luchas por la justicia social, perteneció a muchos
movimientos radicales y fue militante activa del movimiento por la
independencia de Puerto Rico y del “May 19th Communist Organization”.
Arrestada en 1984 se le acusó, entre otros cargos, de cómplice en la
fuga de prisión de Assata Shakur. Fue sentenciada a 58 años de prisión,
de los cuales cumplió 16. El 20 de enero de 2001, el ultimo día de su
mandato, Bill Clinton le otorgó el perdón presidencial.
Después de su liberación, Susan Rosenberg
trabajó como profesora adjunta de literatura del John Jay College de
Manhattan pero, después de cuatro semestres, presiones políticas
obligaron al centro universitario a rescindir su contrato. En 2011,
Susan publicó sus memorias de la prisión con el título “An American Radical: A Political Prisoner in my Own Country” (Una americana radical: prisionera política en mi propio país).
El movimiento independentista puertorriqueño denunció vigorosamente el inhumano tratamiento de sus compañeras. La “American Civil Liberties Union” (ACLU),
después de una visita a la SHU la clasificó de “living tomb” (sepulcro
con vida). El Dr. Richard Kom, psicólogo clinico, a nombre de la ACLU
concluyó en su informe que el objetivo de la HSU era “…reducir las
prisioneras a un estado de sumisión esencial para su conversión
ideológica. Si esto falla, el siguiente objetivo es convertirlas en sus
propias y eficientes antagonistas.
Si esto falla también, la alternativa que resta es destruirlas logrando que se destruyan a sí mismas”. Un
informe de 38 páginas de Amnisty International concluyó que la HSU
estaba violando los estándares internacionales de tratamiento de
prisioneros (1). De modo similar se pronunciaron otras organizaciones.
Tras una ardua campaña de denuncia de las atrocidades que se cometían en la HSU, un juez determinó “que
las prisioneras habían sido ilegalmente clasificadas en base a sus
afiliaciones políticas, declaraciones y credos políticos.” (2).
El Buró Federal de Prisiones se vio obligado a cerrar la unidad en
1988, a sólo dos años de su inauguración, y a transferir las mujeres a
otras prisiones.
NOTAS
(1) Rosenblatt, Elihu: “Criminal Injustice: Confronting the Prison Crisis”, South End Press, 1996, p.328.
(2) McGowan, Daniel: “Tales from inside the U.S. Gitmo”, Huff Post POLITICS, Sept. 12, 2013.
Susan Rosenberg, Silvia Baraldini y Alejandrina Torres.
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