Tomado de CubaDebate.
El debate parlamentario del pasado jueves sobre el caso Bárcenas cerró el curso político solo a medias. No lo hizo para el PSOE
y el resto de la oposición, que ven en la intervención de Mariano Rajoy
solo y un punto y seguido en la gestión del escándalo del extesorero
del PP. Y tampoco lo cerró para el partido mayoritario. A pesar de que
el Gobierno da públicamente el asunto por zanjado, desde la Audiencia
Nacional y, sobre todo, desde la cárcel de Soto Real puede ser
condicionada la agenda política del PP y del Ejecutivo. Para empezar,
los días 13 y 14 de agosto declararán como testigos María Dolores de
Cospedal y Javier Arenas, y en la segunda quincena del mes volverá el
debate a la diputación permanente del Congreso. El laberinto en el que
Luis Bárcenas ha sumido a Rajoy lastra, de manera directa o por sus
consecuencias políticas, una legislatura que aún no ha llegado a su
ecuador.
Así lo interpretan desde la dirección del PSOE. Rajoy salió tocado de
un debate que demostró que el Ejecutivo pende de un solo hilo, el de la
mayoría absoluta. Se trata de una base muy sólida y, sin embargo, esta
circunstancia puede convertirse en una carrera de obstáculos para
afrontar más de dos años de legislatura sin acuerdos parlamentarios.
Incluso en las filas populares, que vivieron la intervención del
presidente como una liberación, saben que Bárcenas seguirá
ensombreciendo la actividad de gobierno. Como apuntó Alfredo Pérez
Rubalcaba en el último comité federal de los socialistas, Rajoy tiene
tres volcanes en erupción: el político, el territorial y el económico y
social.
EL FRENTE POLÍTICO
Pender de un hilo
Todos asumen que el próximo curso político el diálogo entre las
principales formaciones será extremadamente complicado. El Gobierno
tiene a toda la oposición enfrente y tiene complicado tejer
complicidades con otros grupos. Ha quedado claro que el pleno
extraordinario de esta semana no ha desactivado ni la moción de censura
que planteó el PSOE ni las iniciativas parlamentarias de otras fuerzas.
La “estabilidad política” a la que apeló la número dos del Ejecutivo,
Soraya Sáenz de Santamaría, después del Consejo de Ministros, solo
depende, por tanto, de la cantidad. Esto es, de la mayoría absoluta.
La única excepción es CiU. Josep Antoni Duran Lleida es uno de los
líderes que se han mostrado más comprensivos con la situación que vive
Rajoy por Bárcenas. No obstante, las relaciones con el Ejecutivo de su
formación, que vive su propio caso de corrupción, pueden tensarse a
partir de la Diada del 11 de septiembre con nuevos desafíos soberanistas
de Artur Mas.
Todos en el Gobierno y en la dirección del PP están pendientes además
de lo que pueda declarar Bárcenas al juez Pablo Ruz. Las acusaciones
del antiguo responsable de finanzas llevan desde el pasado enero
amenazando a los populares, pero esa nube negra persigue a sus
principales dirigentes con más fuerza desde su ingreso en prisión el
pasado 27 de junio. Por esta razón nadie en la oposición consideró
suficientes las explicaciones de Rajoy, sobre todo con relación a los
contactos mantenidos con el extesorero vía SMS incluso después de se
conocieran sus cuentas no declaradas en Suiza.
Algo parecido opina la prensa internacional. El semanario británico
The Economist afirmó sin medias tintas: “Rajoy se aferra a su puesto de
trabajo”. El análisis de la BBC subraya que la mayoría de españoles ya
dudaban de Rajoy antes, y que esta comparecencia resulta insuficiente
para ganar la partida de la confianza. La agencia Reuters, en una dura
crónica, señala que “sus explicaciones de una hora de duración en una
esperadísima comparecencia en sede parlamentaria no convencieron” a la
mayoría, y recuerda que “la desconfianza creciente ante la clase
política y los casos de corrupción que han sacudido la vida pública
española han llevado al PP a caer vertiginosamente en los sondeos de
intención de voto”.
Ante este panorama, el PSOE mantendrá la ruptura de relaciones, pero
no quiere que esto afecte a las instituciones. Por tanto, buscará, por
ejemplo, una fórmula para renovar el Consejo General del Poder Judicial,
aunque el Ejecutivo aprobará en solitario la ley que cambia totalmente
el órgano de gobierno de los jueces.
El caso Bárcenas, además, ha puesto de manifiesto otro de los puntos
débiles de Rajoy: la credibilidad. Como en una especie de carné de
conducir, el presidente del Gobierno ha ido perdiendo los puntos de los
que debe echar mano cuando más los necesite.
Los incumplimientos del programa electoral, las promesas sobre los
impuestos luego superadas y los trompicones en las explicaciones sobre
el escándalo del antiguo responsable de finanzas del PP, entre otras,
han terminado por dejar al presidente sin apenas puntos de credibilidad.
Las encuestas de Metroscopia para EL PAÍS muestran desde hace meses esa
caída de la confianza en el presidente, lo que ha dado pie a una
situación potencialmente paradójica: que se crea más a Bárcenas, quien
puede mentir como imputado, que al propio jefe del Gobierno.
Las referencias de Rajoy a su honradez o la negación de la
financiación ilegal y los sobresueldos quedan debilitadas por esa falta
de credibilidad. Con ese lastre tendrá que cargar en la segunda parte de
la legislatura ante problemas como el soberanismo en Cataluña. A este
respecto, incluso en el PP existen corrientes subterráneas que podrían
convertirse en otro obstáculo. El amago de José María Aznar y algunos
gestos de Esperanza Aguirre muestran que hay un PP sin respaldo entre
los dirigentes, pero que sintoniza con las bases en algunas propuestas,
como la política fiscal.
Agrava la situación la crisis institucional que avanza en los últimos
años y que ya afecta también a un presidente del Tribunal
Constitucional en entredicho. En el fragor del debate del jueves sobre
Bárcenas pasó inadvertido que el portavoz de CiU en el Congreso, Josep
Antoni Duran, lanzó una dura andanada desde la tribuna contra Francisco
Pérez de los Cobos, poniendo en cuestión la cabeza de la institución que
debería ejercer como árbitro en el cumplimiento de la Constitución.
EL FRENTE TERRITORIAL
Esperando a la Diada
El volcán territorial está preparando la erupción. En septiembre se
celebrará la Diada de Cataluña y, previsiblemente, la mayor exaltación
de los planes soberanistas de Mas. Rajoy no ha respondido aún a la carta
del presidente de la Generalitat, pero es evidente que rechazará la
consulta, lo que abrirá una nueva confrontación. Si no hay acuerdo de
base debería haber negociación, pero La Moncloa sostiene que no habrá
margen, porque no acepta bajo ningún concepto la consulta y tampoco ve
posible un pacto fiscal.
Santamaría habla de estabilidad, pero Rajoy tendrá que hacer frente a
esa ofensiva con la debilidad política que tiene en este momento y con
dificultades para buscar complicidades. No las tiene ni con sus barones,
según se vio en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Muchos, además, empiezan a escenificar desencuentros con el Gobierno
para el final de sus legislaturas. Y en los próximos meses debe empezar
la negociación del sistema de financiación autonómica, cuya vigencia
caduca el próximo año. Esa negociación no suele ser pacífica y menos si
hay elecciones autonómicas a la vista y si, como ocurre ahora, no hay
mucho margen presupuestario para el acuerdo.
A este respecto, la rebelión de la Comunidad de Madrid, la joya de la
corona del PP, parece incluso más grave dentro del partido que los
constantes encontronazos con José Antonio Monago. Al final, el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, consiguió aplacar al presidente
extremeño y hasta le concedió un techo de déficit para 2013 del 1%,
mayor que el 0,69% de 2012 y, sobre todo, en contra del criterio
general. Esta decisión desató un sentimiento de agravio y, junto con el
trato concedido a Cataluña, recrudeció la tirantez en las relaciones con
el Ejecutivo de Ignacio González. Este decidió oponerse no solo al
objetivo de déficit a la carta acordado en el CPFF, sino también a la
senda prevista los próximos años. Y lo hizo horas después de recibir una
amenaza del propio Montoro, que en la previa de la reunión había
advertido al consejero madrileño, Enrique Ossorio, de que, si se niegan a
recuperar el impuesto de Patrimonio eliminado hace años por Esperanza
Aguirre, deberán atenerse a las consecuencias.
EL FRENTE ECONÓMICO
Examen en septiembre
El Gobierno habla de recuperación, y de algo parecido a lo que fueron
los brotes verdes para José Luis Rodríguez Zapatero. Los principales
dirigentes del PP esgrimen en cada comparecencia la mejora de los datos
de paro de los últimos meses y el superávit comercial. Aun así, el
momento de medir esa supuesta recuperación será otoño, cuando la cifra
de empleo no esté condicionada como ahora por la estacionalidad de una
temporada turística excepcionalmente buena.
Las previsiones del FMI no han sido buenas y, en el ámbito social, en
septiembre se notará el efecto de la reducción de becas y la subida de
tasas universitarias. Rajoy tienen todos los frentes abiertos y, pese a
poseer la mayoría suficiente para afrontarlos, también se enfrentará a
las dificultades y a la soledad a las que Luis Bárcenas está condenando
al Gobierno.
(Con información de El País)
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