Por Salim Lamrani.
El 9 de marzo de 2015 Barack Obama firmó una
orden ejecutiva y decretó “estado de emergencia” en Estados Unidos por “la
amenaza inusitada y extraordinaria” que representaría Venezuela para la
seguridad nacional del país. Esta decisión, hostil hacia otra nación soberana,
es sumamente grave y se acompañó de nuevas sanciones contra varios funcionarios
del gobierno de la república latinoamericana.[1]
Para
justificar semejante medida, la Casa Blanca evoca “la intimidación de los
opositores políticos” en Venezuela, exige “el respeto de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales” y pide “la liberación de todos los presos
políticos, incluso de decenas de estudiantes, del líder de la oposición
Leopoldo López, así como de los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”…
pero no evoca ninguna amenaza concreta a Estados Unidos.[2]
En efecto,
Washington no alude a ninguna amenaza precisa contra su seguridad ni a
eventuales armas estratégicos de un país –que no tiene ninguna– que se
encuentra a miles de kilómetros de sus costas y que jamás en su historia estuvo
en guerra contra Estados Unidos ni agredió a otra nación. El Gobierno
estadounidense tampoco menciona potenciales amenazas. Al contrario, el
presidente venezolano Nicolás Maduro, democráticamente elegido en 2013 en un
escrutinio reconocido por su transparencia por todos los organismos
internacionales, desde la Organización de Estados Americanos hasta la Unión
Europea, siempre ha declarado su voluntad de establecer relaciones pacíficas y
de igual a igual con el vecino del norte. Para justificar su decisión Obama
sólo hizo referencia a hechos que conciernen a la situación interna de
Venezuela y que son de la competencia única y exclusiva del pueblo bolivariano,
dando prueba de un acto de injerencia –es decir contrario al derecho
internacional– en los asuntos internos de una nación soberana[3].
Esta nueva
medida marca un recrudecimiento de la hostilidad de Estados Unidos hacia la
democracia venezolana. En efecto, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en
1999 y el advenimiento de la Revolución Bolivariana, Washington no ha dejado de
desestabilizar a Venezuela. El 11 de abril de 2002 la administración Bush
orquestó un golpe de Estado contra el presidente Chávez y rompió el orden
constitucional. La intervención masiva del pueblo logró poner término a la
dictadura militar más corta de la historia de América Latina (48 horas). En
diciembre de 2002 Washington apoyó el sabotaje petrolero que costó más de
10.000 millones de dólares a la economía venezolana. Desde entonces Estados
Unidos no ha dejado de apoyar a la oposición antidemocrática y golpista que no
ha vacilado en usar la violencia, como lo demostró la ola mortífera que golpeó
el país en febrero de 2014, para conseguir por la fuerza lo que ha sido incapaz
de obtener por las urnas. En efecto, desde 1998, la derecha venezolana perdió
19 de los 20 procesos electorales –reconocidos como transparentes por todas las
instancias internacionales– que se llevaron a cabo bajo la Revolución
Bolivariana.
Caracas denunció inmediatamente un
intento de golpe de Estado en su contra. El anuncio de Washington ocurrió unas
semanas después de que Venezuela revelara la existencia de una conspiración que
planificó la oposición para derrocar el orden constitucional, lo que llevó a la
cárcel al alcalde de Caracas Antonio Ledezma y a varios miembros de las fuerzas
armadas entre otros.[4] Nicolás Maduro declaró que Barack Obama había “decidido
pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar a [su] Gobierno, intervenir
Venezuela, a controlarla desde el poder estadounidense”.[5] Se trata de “la más grande
amenaza que se ha cernido contra la nación”, agregó, recordando que “nadie
puede creer que Venezuela sea una amenaza contra EE.UU.”.[6] El objetivo es evidente, según Maduro: con las primeras reservas en
hidrocarburos del mundo, Venezuela es una prioridad estratégica para Estados
Unidos, que quiere controlar esos recursos.
La
medida que tomó Estados Unidos contra Venezuela suscitó el rechazo
unánime de
la comunidad internacional, incluso de sus más fieles aliados. La Unión
Europea
declaró que estaba fuera cuestión alinearse a la política de Washington y
que “no est[aba] considerando” imponer “medidas restrictivas”
contra Caracas. “La UE no tiene nada que decidir” sobre Venezuela,
enfatizó
José Manuel García Margallo, canciller español.[7].
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la
Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la
Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre
Cuba y Estados Unidos. Su último libro
se titula Cuba, the Media, and the
Challenge of Impartiality, New York, Monthly Review Press, 2014, con un
prólogo de Eduardo Galeano. http://monthlyreview.org/books/pb4710/ Contacto:
lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel
[1]
Antonio María Delgado, «Obama aplica sanciones y declara emergencia nacional
por amenaza de Venezuela», El Nuevo
Herald, 10 de marzo de 2015.
[2] The White House, “Statement by the Press
Secretary on Venezuela”, 9 de marzo de 2015. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/03/09/statement-press-secretary-venezuela
(sitio consultado el 13 de marzo de 2015).[3] Ultimas Noticias, «Maduro:
Le tiendo la mano al gobierno de EEUU”, 13 de marzo de 2015.[4] Ignacio Ramonet, “La
tentative du coup d’Etat contre le Venezuela”, Medelu, 10 de marzo de 2015.[5]
Fabiola Sánchez, “Maduro: EEUU asumió la tarea de derrocar a mi gobierno”, The Associated Press, 10 de marzo de
2015
[6] Agencia Venezolana de Noticias,
“Presidente llama a la unidad para vencer la amenaza más grave en la historia
de Venezuela”, 11 de marzo de 2015.[7] Agence France Presse, «La Unión
Europea ‘no está considerando’ sanciones contra Venezuela», 10 de marzo de
2015.
Fuente:
Especial y exclusivo para Al Mayadeen
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