Tomado de Granma.
Así lo señala el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe La Justicia Dato a Dato, presentado este martes en rueda de prensa.
El órgano de gobierno de los jueces incluyó esta estimación por primera vez en su estudio sobre la actividad de los juzgados, en respuesta al clamor social por disponer de más información al respecto, explicó la vocal portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.
De los 101 mil 34 alzamientos realizados el pasado año, 43 mil 853 correspondieron a ejecuciones por impago de la hipoteca, 54 mil 718 a lanzamientos de alquileres, mil 909 a laudos arbitrales y 549 provocados por asuntos de familia.
Para hacer una estimación de las familias que perdieron su vivienda habitual, el CGPJ recurrió a datos del Colegio de Registradores y del Banco de España, los cuales registraron entre 49 mil y 32 mil viviendas habituales desalojadas por incumplimiento de hipoteca en 2012.
Las Cortes Generales (Parlamento bicameral) aprobaron el pasado 8 de mayo una reforma de la cuestionada ley hipotecaria española presentada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy para intentar atenuar el drama de los desahucios de inmuebles.
Entre duras críticas de la oposición y con los únicos votos del oficialista Partido Popular (PP), el Congreso de los Diputados y el Senado dieron luz verde a la ley para la protección a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social.
La norma excluyó finalmente la dación en pago, una de las principales demandas planteadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los partidos políticos.
El PP unificó su propia propuesta, que según la oposición sigue los dictados de la banca, y una iniciativa legislativa popular (ILP) que solicitaba una moratoria de los desahucios y la creación de un alquiler social para las casas vacías en poder de las entidades financieras.
Arropada por casi un millón y medio de firmas, esa ILP de la PAH exigía también el establecimiento con carácter retroactivo de la dación en pago como mecanismo para saldar las deudas hipotecarias, que sólo será analizada en situaciones extremas. La actual normativa no contempla de forma general que la entrega de la casa -lo que se conoce como dación en pago- sea suficiente para liquidar el débito adquirido con el banco, con lo cual los perjudicados están obligados a continuar abonando su crédito de por vida.
Símbolo de la crisis en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y el aumento del desempleo, los desalojos suscitaron la indignación popular.
La oleada de protesta hizo mella en el continente, donde el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en marzo que las
medidas que regulaban en España los procesos de desahucio por el
impago de una hipoteca eran contrarias a la legislación comunitaria.
(PL)
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