Caracas, 23 Jun. (AVN).
Un total de 44.000 expedientes
de la extinta Dirección de Inteligencia Militar (DIM) son investigados
actualmente por la Comisión para la Justicia y la Verdad, creada en el
2013 para recabar e investigar información sobre los crímenes, torturas,
desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos por razones
políticas entre 1958 y 1998, represión que dejó más de 3.000 personas
asesinadas y decenas de miles afectadas.
En entrevista concedida al diario Correo del Orinoco, Pura Soto Rojas,
quien forma parte de la Comisión, dijo que -además- esta instancia
accede a los archivos y registros de los órganos gubernamentales sobre
las personas que fueron detenidas y juzgadas, información que es
sistematizada y que permiten actualizar los datos existentes.
Pura es hermana de Víctor Soto Rojas,
quien fue lanzado vivo desde un helicóptero durante el gobierno de Raúl
Leoni, en 1964, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.
Los principios y atribuciones de la
Comisión para la Justicia y la Verdad están establecidos en la Ley para
sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de
derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998,
promulgada en el año 2011.
La normativa dice que el equipo de
investigación “podrá acceder a cualquier archivo o registro de cualquier
órgano del Estado donde reposen libros, documentos de contenido
confidencial o secreto, documentos reproducidos por medios electrónicos,
informáticos, ópticos o telemáticos, expedientes o actas contentivas de
información sobre los hechos que se investigan”.
Tatiana Galdón Marti,
vocera de una de las subcomisiones que integran la referida Comisión,
dijo que los datos recabados ayudarán, tras la comprobación de la
veracidad de los mismos, a que el Ministerio Público avance en las
investigaciones y en las sanciones correspondientes.
Asimismo, dijo que actualmente se
realizan labores de reconocimiento y se efectúan visitas a los
denominados centros de operaciones Yumare, Cachipo, La Marqueseña,
Pueblo Nuevo, El Tocuyo, Urica, La Pica y cuartel San Carlos para
recolectar los testimonios y pruebas de lo allí que ocurrido, refiere la
nota de prensa del Correo del Orinoco.
Comisión por la Justicia y la Verdad: Órgano
descentralizado con autonomía funcional, con dependencia
administrativa y presupuestaria del Consejo Moral Republicano, que
tiene por objeto investigar y contribuir al esclarecimiento de la
verdad; recomendando los mecanismos de reivindicación del honor y la
dignidad de las víctimas y el rescate de la memoria histórica; a fin de
superar la profunda crisis y los traumas generados por la violencia
del terrorismo de Estado, por motivos políticos, en el período
1958-1998, así como, procurando que nunca más se repitan estos delitos
de lesa humanidad y otras violaciones contra los derechos humanos.
(Capitulo II. Articulo 8 de la Ley)
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