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| Imagen tomada del blog IslaMía |
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Nuestra población y la opinión pública norteamericana
e internacional han recibido en las últimas semanas abundante
información sobre las revelaciones que la agencia de prensa
estadounidense Associated Press (AP) realizó el pasado 3 de abril acerca
de “Zunzuneo”, proyecto ilegal diseñado, financiado e implementado por
el Gobierno de Estados Unidos para subvertir el orden interno en Cuba.
El artículo de AP titulado “Estados Unidos creó secretamente un
‘Twitter cubano’ para provocar inestabilidad”, permitió confirmar la
implicación directa del Gobierno de Estados Unidos, a través de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), en la planeación,
financiamiento y ejecución de este proyecto clandestino, consistente en
la creación de una plataforma especial de servicios de
telecomunicaciones ilícitos hacia Cuba desde el exterior, con el
objetivo de enviar a usuarios cubanos mensajes de contenido político
para influir en sus posiciones y alentarlos a actuar en contra del
gobierno.
El carácter secreto de este proyecto quedó en evidencia al conocerse
que fue ejecutado a través del empleo de una extensa red de
contratistas privados, empresas fachada, servidores informáticos y
cuentas bancarias en varios países, con el propósito deliberado de
ocultar la participación activa de agencias gubernamentales
norteamericanas en su consecución.
No hay dudas de que estamos en presencia de una operación encubierta
que, según la definición contenida en la legislación norteamericana, en
particular en la Ley de Autorización de Gastos de Inteligencia de 1991,
significa cualquier actividad del Gobierno de EE.UU., para influir en
las condiciones políticas, económicas o militares en el exterior, que se
realice de manera tal que el papel de ese gobierno no sea evidente o se
reconozca públicamente.
Al respecto, llama la atención que este proyecto viola la letra de la
legislación norteamericana sobre las operaciones encubiertas, que
establece que el Presidente debe aprobar previamente por escrito este
tipo de actividades y que las agencias involucradas deben informar
íntegramente al Congreso sobre su implementación, algo que no ocurrió en
este caso.
La concepción y puesta en práctica de este proyecto, que ha tenido
una gran repercusión en Estados Unidos y otros países, sobre todo en
aquellos cuyos territorios fueron usados sin su anuencia para esta
afrenta contra Cuba, constituye una violación flagrante de la soberanía
de nuestro país.
Infringe, además, las regulaciones internacionales referidas al uso
de mensajes Spam y a la privacidad de la información y las
comunicaciones personales, al apoyarse en la obtención ilegal de datos
de usuarios cubanos y en el envío de mensajes SMS a sus celulares, sin
su conocimiento y consentimiento previo. El Reglamento de
Telecomunicaciones Internacionales, adoptado en diciembre del 2012, en
el marco de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones
Internacionales, establece en su artículo 5B que los estados miembros
deben procurar tomar las medidas necesarias para evitar la propagación
de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas y minimizar sus
efectos en los servicios internacionales de telecomunicaciones y los
alienta a cooperar en este sentido.
Vale señalar que el Gobierno de EE.UU., nunca permitiría la ejecución
de un proyecto como “Zunzuneo” en su territorio, sin autorización
expresa. Hacer algo así violaría las leyes anti-Spam, que protegen a los
usuarios de telefonía móvil de la recepción de mensajes no deseados,
así como las que prohíben de manera absoluta la realización de
actividades políticas, incluyendo la promoción de material informativo
de corte político en función de los intereses de un Estado o institución
extranjera, si la persona o entidad que pretende realizarlas no se
registra ante el Departamento de Justicia como agente extranjero.
Las informaciones expuestas por la agencia AP sobre “Zunzuneo”
confirman las reiteradas denuncias del gobierno cubano y demuestran, una
vez más, que el Gobierno de Estados Unidos no ha renunciado a sus
planes subversivos contra Cuba, que tienen como objetivo crear
situaciones de desestabilización en el país para provocar cambios en su
ordenamiento político, económico y social, y a los cuales continúa
destinando presupuestos multimillonarios cada año, que desde que fueran
oficialmente instituidos, en virtud de la sección 109 de la Ley
Helms-Burton de 1996, superan la cifra de los 260 millones de dólares,
de los cuales, más de 95 millones han sido aprobados durante el mandato
del presidente Barack Obama.
Pero “Zunzuneo” no es el único programa de esta naturaleza que se ha
diseñado por el Gobierno de EE.UU., contra Cuba en fecha reciente. Los
fondos millonarios del Programa Cuba de la USAID han sido destinados
para iniciativas similares como “Conmotion”, herramienta desarrollada
por el Instituto de Tecnología Abierta (OTI) de la New America
Foundation, con sede en Washington, originalmente para uso militar, y
que consiste en la creación de redes inalámbricas independientes en
forma de “malla” para enlazarse con el exterior, fuera de cualquier
control gubernamental, lo cual permite desinformar a los usuarios sobre
la situación en su país y convocarlos a manifestaciones.
Otras entidades del Gobierno de EE.UU., como la Oficina de
Transmisiones a Cuba, implementan proyectos ilegales como “Piramideo”,
que es también una plataforma de comunicación que promueve el envío de
mensajes masivos a usuarios en nuestro país. A este tipo de iniciativas y
a las emisoras Radio y TV “Martí”, le han sido asignados bajo el
gobierno de Obama 142 millones de dólares del presupuesto federal, y más
de 770 millones de dólares desde la fecha de su creación.
El Gobierno de EE.UU., brinda igualmente pleno respaldo al proyecto
de la bloguera contrarrevolucionaria Yoani Sánchez, de crear un medio de
prensa digital, el cual es financiado totalmente con dinero proveniente
del exterior y tiene como propósito fundamental alimentar las campañas
de desinformación y difamación contra Cuba.
Para justificar la ejecución y promoción de proyectos de esta
naturaleza contra Cuba, el Gobierno de EE.UU., argumenta, entre otras
razones, su interés en facilitar “el libre flujo de información al
pueblo cubano”, cuando es el propio gobierno y el Congreso de ese país
los que a lo largo de los años han promulgado leyes, regulaciones y
políticas, que impiden precisamente el libre acceso a la información del
pueblo de Cuba.
Entre las múltiples restricciones que EE.UU., impone al “libre flujo de la información”, se encuentran las siguientes:
• La política de bloqueo económico, comercial y financiero prohíbe
las exportaciones de tecnología y equipamiento de telecomunicaciones.
• La Ley Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996 prohíben
cualquier tipo de inversión por parte de entidades estadounidenses en
los servicios nacionales de telecomunicaciones de Cuba.
• El bloqueo también prohíbe a Cuba la adquisición de licencias de
productos de software y niega el acceso de entidades y ciudadanos
cubanos a sitios y a servicios en Internet, incluyendo sitios de
información y herramientas técnicas como PC Tools y Netbeans; y otras
aplicaciones. Nombres reconocidos mundialmente como Microsoft, Mozilla,
Adobe, Sourceforge y Google, instrumentan desde la Red de redes las
prohibiciones del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. En el caso de
Google, los cubanos no pueden acceder a herramientas como Google
Analytic, Google Earth, Google Decktop Search y Google Toolbar. Estas
restricciones se hacen extensivas al uso de software libres y de su
navegador más popular Sourceforge por parte de Cuba, lo cual viola las
premisas de la Open Source Initiative, organización dedicada a la
promoción del software libre: la no discriminación contra personas o
grupos y la no discriminación contra esferas de actividad. Incluso, se
impide el acceso desde Cuba a aplicaciones que son ofrecidas
gratuitamente por sus autores en Internet, como son los casos de
mathwork.com, ti.com, digikey.com, microchip.com y wmware.com.
• Cuba no puede conectarse a las decenas de cables submarinos de
fibra óptica que circundan la isla, lo cual obliga al país a buscar
alternativas más costosas para incrementar la conectividad a Internet.
Paradójicamente, el Gobierno de EE.UU., ha anunciado sus planes de
llevar un cable submarino hasta el territorio ilegalmente ocupado por la
Base Naval en Guantánamo, en franca violación de la soberanía de Cuba.
• En virtud de la política de bloqueo, la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro aplica sanciones a
empresas de telecomunicaciones estadounidenses y extranjeras por
prestar servicios a Cuba, como son los casos de las compañías LD
Telecommunications Inc., de Florida, multada en el 2010 por 21 671
dólares; y Ericsson Panamá, sancionada en el 2012 por 1 750 000 dólares.
• El Gobierno de EE.UU., ha permitido que ETECSA, como sucesora de la
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, EMTELCUBA, haya sido despojada
de fondos depositados en bancos estadounidenses, resultantes de
servicios prestados entre ambos países, los cuales fueron ilegalmente
congelados como parte de la política de bloqueo.
• El Gobierno de EE.UU., es el único en el mundo que prohíbe a sus
ciudadanos visitar Cuba libremente, con lo cual impide los contactos,
los intercambios, la comunicación y “el libre flujo de información”
entre ambos pueblos.
• La Ley Helms-Burton de 1996, en su sección 109, prohíbe todo tipo
de asistencia a Cuba, salvo aquella que tenga como propósito promover la
subversión interna.
El Gobierno de EE.UU., debe cesar sus acciones subversivas,
injerencistas, ilegales y encubiertas contra Cuba, que atentan contra la
estabilidad y el orden constitucional cubano, y respetar la soberanía
cubana, el Derecho Internacional y los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas.
Cuba no tolerará ningún tipo de actividad subversiva ni de
intromisión en sus asuntos internos y, como país soberano, continuará
defendiéndose y denunciando la naturaleza injerencista de estos
programas.
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