La vida no es cómo empieza sino cómo acaba. Esta frase
hecha, tan recurrente, bien debería aplicarse al devenir de las
negociaciones de la Unión Europea (UE) con la Comunidad Andina (CAN). Al
inicio, en enero del 2007, en modalidad de bloque a bloque, se sentaron
en una misma mesa con el objetivo de pactar un Acuerdo de Asociación
que contuviera tres grandes pilares: político (muy relacionado con el
tema migratorio), cooperación y comercial. Mucho ha llovido desde
entonces, y en la actualidad, el escenario nada tiene que ver con ese
comienzo, salvo en una cuestión fundamental: el interés de la UE por
conseguir un tratado de libre comercio a cualquier precio con el bloque o
con el país que estampe su firma.
Durante estos años, la CAN ha acabado absolutamente desintegrada, en
cierta medida por las discrepancias intra bloque en relación con las
propuestas abusivas y rígidas de la propia UE. Al bloque europeo nunca
le interesó tratar nada respecto a lo político ni a cualquier nueva
fórmula de cooperación que respetase la soberanía de los países andinos.
La UE, según sus propias directivas, tenía la prioridad comercial de
ampliar mercados que permita a sus empresas exportar en condiciones
ventajosas. Pero en este tiempo, no sólo se fragmentó la CAN, sino que
la UE ha entrado en una crisis (sistémica) que todavía perdura. La
apuesta europea es una salida neoliberal a pesar de la crisis del
neoliberalismo: devaluación salarial con deuda social más una transición
geopolítica intrarregional que condena a la periferia a ser más
periférica que siempre, mermada de soberanía y poniendo todo el empeño
en resolver su decrecimiento por la vía de las exportaciones
tradicionales. Por ello, la UE sigue forzando a su diplomacia a firmar
acuerdos de libre comercio con quien se cruce en su camino: con Estados
Unidos a pesar del espionaje sufrido; con los países asiáticos; con
Mercosur y con el resto de países de América latina que aún no han
cedido a sus tentaciones.
Este contexto contrasta con el rumbo elegido por muchos países de
América latina que han logrado no solo esquivar la crisis, sino que han
conseguido saldar buena parte de la deuda social heredada del
neoliberalismo, redistribuir riqueza, controlar sus sectores
estratégicos y asentar las bases materiales para transitar hacia un
cambio estructural de régimen de acumulación por la vía de una
transformación de la matriz productiva que le permita insertarse
soberanamente en el mundo, anclándose virtuosamente en un marco de
integración regional más vigoroso. Ecuador es justamente un buen ejemplo
de este camino andado hacia su década ganada sin la necesidad de haber
tenido que firmar ningún acuerdo comercial.
En estos años, del 2007-13, el gobierno de la Revolución ciudadana ha
conseguido sacar de la pobreza a más de un millón de ecuatorianos al
mismo tiempo que ha reducido desigualdad y desempleo, redistribuyendo
riqueza social y avanzando en soberanía tributaria. Además de las
eficaces políticas económicas internas, esos objetivos se ha conseguido
por la vía de una relación externa no dependiente de los países
centrales, diversificando sus socios comerciales. La estrategia de estos
años ha sido “más región, más América latina”, y desde ahí, participar
estratégicamente en el nuevo orden geoeconómico multipolar. En una
economía dolarizada, la restricción externa es a la vez interna, y esto
explica que Ecuador no se pueda dar el lujo de tener un déficit
comercial sostenible. Esta razón es la más usada por los exportadores
(originarios) para sentirse imprescindibles en esta jugada de ajedrez.
Con los bananeros a la cabeza, los exportadores han presionado sin
descanso para disponer de un acuerdo comercial con la UE que facilitase
la ubicación de sus productos con arancel cero. Esto sin duda es un tema
muy relevante para la economía ecuatoriana, pero la mirada “bananera”
no puede eclipsar el resto de una compleja estructura económica y
social. Si la UE concediera el arancel cero sin pedir nada a cambio, se
afirmaría sin titubeo sería conveniente la firma de este acuerdo
comercial. Pero la Historia ya nos ha mostrado que Europa no regala ni
en sus políticas de cooperación al desarrollo.
A continuación, se presenta sólo cinco aristas que permiten entender
por qué no hay que firmar ningún acuerdo comercial con la UE. Lo primero
es que la UE deja fuera de cualquier acuerdo comercial dos aspectos
fundamentales que constituyen la mayor de las injusticias en un acuerdo
comercial:
1) la UE centra su política proteccionista en las barreras
paraarancelarias mediante: a) normas sanitarias y fitosanitarias que
funcionan a partir de un trajinado principio precautorio, b) los
certificados de calidad exigidos a los productos externos a partir de
laberínticas metodologías unilaterales de la UE, y c) un nuevo
proteccionismo verde que requiere certificados europeos de huella
ambiental, huella de carbono y/o ecoetiquetas. Estas barreras no
arancelarias, desde hace años, son políticas muy efectivas para
obstaculizar el ingreso de productos extranjeros sin la necesidad de
tener que aumentar aranceles.
2) Subsidios a su producción y sus exportaciones de sus productos
primarios que en el año 2013 suman, en el marco de la Política Agrícola
Común, 57.500 millones de euros (y que se estima que en los próximos
siete años alcance un total de 360.000 millones de euros). Esta
política, en muchas ocasiones, conlleva hasta el punto perverso de
otorgar subsidios por encima incluso del coste de producción permitiendo
así establecer precios predatorios (el denominado dumping) que
nuevamente no permite una entrada competitiva de los productos
latinaomericanos al territorio europeo.
Lo segundo es que Europa le otorga una especial importancia a la
protección de su propiedad intelectual para disponer de una posición
dominante en materia de tecnología y conocimiento. Para ello, en los
últimos años, todo acuerdo comercial firmado por la UE no respeta ni la
Declaración de Doha (2001) y posteriormente la Decisión del Consejo
General de la propia Organización Mundial del Comercio -30 de agosto de
2003- que dan prioridad a la tutela de la salud pública con relación a
la protección de los derechos de propiedad intelectual. Este punto es
absolutamente incompatible con el actual código social del conocimiento
en Ecuador que desea democratizarlo, considerándolo como bien colectivo
de uso publico, y que será determinante en evitar el patrón de
intercambio desigual desde hace siglos.
Lo tercero es que Europa busca desesperadamente nuevos mercados
financieros, y Ecuador ofrece un apetitoso negocio en este terreno. No
hay que olvidar que Ecuador tiene un sector financiero escasamente
extranjerizado, y esto, obviamente, es leído atractivamente desde el
capital europeo que busca con su acuerdo comercial la penetración en
este nuevo mercado. En este sentido, el presidente Correa anunció que
habrá un nuevo código financiero que cambiará las relaciones de poder en
el país. Bajo esta premisa, será absolutamente irreconciliable acabar
con la larga noche neoliberal dando entrada al neoliberalismo financiero
que abriga a Europa.
Lo cuarto es relativo a las compras públicas y el interés del pequeño
y mediano empresario europeo de participar en “igualdad de condiciones”
con los productores ecuatorianos para disponer del mercado que se le
cierra en tierras del viejo continente. Las compras públicas, en 2012,
en Ecuador, supusieron unos 10.000 millones de dólares, es decir, 12%
del PIB ó 37,9% del presupuesto del Estado. De ese importe, las micro,
pequeñas y medianas empresas ocuparon el 66% del total. El presidente
Correa, hace pocos meses, volvió a ratificar la importancia de seguir
democratizando esta política económica para que sean los pequeños y
medios empresarios ecuatorianos los que se beneficien de esta alianza
con el Estado. Sin embargo, la UE no ha firmado hasta el momento ningún
acuerdo que respete el artículo 288 de la Constitución Ecuatoriana en el
que se priorizarán, en materia de compras públicas, los productos y
servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades
productivas. Una vez más, resulta inconciliable una política de compras
públicas a favor cambio del matriz de productores y una política europea
que desea proveer nuevos mercados a sus empresarios en búsqueda de
salida de la crisis.
Lo quinto, y por último, es que ya hay experiencia empírica para
valorar los efectos de acuerdos comerciales con la UE. Si bien es cierto
que cada país tiene sus particularidades, sí podemos aprender
prudentemente de lo que ha sucedido con México y Chile después de más de
una década con sus políticas de acuerdos comerciales con Europa. En
ambos casos, el efecto es el mismo: a) aumento del volumen absoluto de
las exportaciones, pero éstas son concentradas en menos productos, y b)
aumento de las importaciones por encima del ritmo de crecimiento de las
exportaciones, generándose un nuevo déficit comercial de corte
estructural. La dependencia después del tratado comercial siempre es
mayor, y además, suele afectar a una cuLos avances desleal que soportan
la en un tablero compero escansamente extranjerizado gionales que se
vienen coste de producciEádruple dimensión de la soberanía:
alimentaria, tecnológica, industrial y financiera. El régimen de
acumulación resultante es además siempre más concentrado porque son
pocos (sólo los grandes) los que soportan la competencia desleal
europea.
Estas son al menos cinco razones para que el reduccionismo de la
yihad bananera no se imponga a la hora de firmar un acuerdo comercial
con la UE. Ecuador está en un proceso de transformación, y en estos
años, el crecimiento económico ha sido sostenible (promedio de 4,5%).
La creciente demanda interna, vía aumento y democratización del
consumo gracias a las políticas redistributivas, supone una oportunidad
nacional idónea para una planificación estratégica para el cambio de la
matriz productiva que comience a sustituir selectivamente importaciones,
o en algunos otros sectores deficitarios, se pueda plantear participar
virtuosamente en los encadenamientos productivos regionales que se
vienen sucediendo. Los avances de la política económica ecuatoriana y la
transición geoeconómica invita a que Ecuador no acepte de nuevo el
retorno de las carabelas.
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