Por Atilio Borón
Toda la prensa hegemónica y los “intelectuales bienpensantes” (como
dice Alfonso Sastre) acusan al gobierno bolivariano de tiránico y
totalitario por haber apresado a Antonio Ledezma, alcalde metropolitano
de Caracas. Tuvo suerte este personaje, porque le hubiera ido mucho peor
si lo que hizo en Venezuela
–participar en una conspiración para derrocar por medios violentos al
gobierno–, lo hubiese hecho en Estados Unidos. A continuación, algunos
antecedentes de utilidad para contextualizar su detención y, de paso, la
de Leopoldo López, otro que cuenta con iguales o peores antecedentes
que Ledezma.
En efecto, la legislación de Estados Unidos
considera como un crimen federal cualquier acto de un nacional que
“organice, ayude o intente organizar una sociedad, grupo o conjunto de
personas que enseñan, promueven o alientan el derrocamiento o
destrucción del gobierno”. Para que se configure esta figura penal no es
necesario que el plan urdido por los conspiradores sea llevado a la
práctica. Basta con haberlo concebido. En virtud de esta legislación, en
1981 Oscar López Rivera –un líder independentista de Puerto Rico y
veterano de la guerra de Vietnam– fue declarado culpable y condenado a
70 años de prisión por conspiración sediciosa y otros delitos. Después
del primer atentado contra las Torres Gemelas, en 1993, las
investigaciones condujeron a la detención de Omar Abdel Rahman –un no
vidente clérigo musulmán, nacido en Egipto y residente en Nueva Jersey– y
nueve otras personas, todas acusadas de “conspiración sediciosa” por
estar involucradas en un plan supuestamente destinado a librar una
guerra terrorista contra los Estados Unidos y su gobierno. Los
inculpados no llegaron a concretar sus propósitos pero se los condenó
por haber puesto en marcha un complot destinado a tal fin. La evidencia:
se los sorprendió manipulando sustancias explosivas en un garaje de
Queens. Pese a que el clérigo ciego mal podría haber participado en la
preparación de las bombas que supuestamente se colocarían en las Torres
Gemelas, fue acusado de ofrecer una justificación religiosa a los
conspiradores. Todos fueron condenados en 1996 y a Rahman el juez
Michael Mukasey le impuso una condena de prisión perpetua. Después de
los atentados del 11 de septiembre del 2001 y con la aprobación de la
Ley Patriota (Pub. L. Nº 107-56, 115 Stat. 272) se acentuaron las
prerrogativas del Ejecutivo para perseguir a quienes el presidente
considere han planeado, autorizado, ayudado a realizar o realizado actos
hostiles o ataques en contra de Estados Unidos y su gobierno.
Ledezma apoyó abiertamente el golpe de Estado
de abril del 2002 y luego el paro petrolero de 20022003. Fue un activo
promotor y protagonista del “Plan Salida”, del 2014, cuyos desmanes y
guarimbas sembraron la destrucción en el país y provocaron la muerte de
43 venezolanos. Y en los últimos días se involucró de lleno en la
propuesta de “cambio de régimen”, abogando por el derrocamiento y
reemplazo extraconstitucional del gobierno de Nicolás Maduro. Por su
participación en el golpe del 2002 y el paro petrolero Ledezma estaría
cumpliendo una condena de 20 años en los Estados Unidos, y no podría
haber proseguido su carrera política como lo hizo bajo la “tiranía
chavista”, como con evidente perversidad gustan decir él, Leopoldo López
y Corina Machado. Curiosa tiranía esta que permite que conspiradores
sediciosos actúen libremente, compitan por cargos públicos, dispongan de
ilimitado acceso a la prensa y difamen a diario a las autoridades
legítimamente constituidas del país, convocando a tales efectos la ayuda
y el apoyo de terceros países, lo que en Estados Unidos agravaría las
penas. La magnanimidad de la Revolución Bolivariana le permitió a
Ledezma seguir disfrutando de todas las garantías del Estado de Derecho
y, bajo ese amparo, promover arteramente la violación del orden
constitucional. Esto no lo podría hacer hecho en Estados Unidos. Pero ya
sabemos que Washington padece de esquizofrenia aguda: quien sería
condenado por sedicioso puertas adentro se convierte en un heroico
“combatiente de la libertad” cuando sus crímenes los perpetra contra un
gobierno que no es de su agrado y al que trata de destruir apelando a
cualquier recurso.
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