El 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso cargado de una retórica hostil, que rememoró los tiempos de la confrontación abierta con nuestro país, pronunciado en un teatro de Miami, anunció
 la política de su gobierno hacia Cuba que revierte avances alcanzados 
en los dos últimos años, después que el 17 de diciembre de 2014 los 
presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama dieran a conocer la decisión 
de restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso hacia la
 normalización de los vínculos bilaterales.
En lo que constituye un retroceso en las relaciones entre los dos países, Trump
 pronunció un discurso y firmó en el propio acto una directiva de 
política denominada “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre 
el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”
 disponiendo la eliminación de los intercambios educacionales “pueblo a 
pueblo” a título individual y una mayor fiscalización de los viajeros 
estadounidenses a Cuba, así como la prohibición de las transacciones 
económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con 
empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y 
los servicios de inteligencia y seguridad, todo ello con el pretendido 
objetivo de privarnos de ingresos. El mandatario estadounidense 
justificó esta política con supuestas preocupaciones sobre la situación 
de los derechos humanos en Cuba y la necesidad de aplicar rigurosamente 
las leyes del bloqueo, condicionando su levantamiento, así como 
cualquier mejoría en las relaciones bilaterales, a que nuestro país 
realice cambios inherentes a su ordenamiento constitucional.
Trump derogó asimismo la Directiva Presidencial de Política 
“Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”, 
emitida por el presidente Obama el 14 de octubre de 2016, la cual aunque
 no ocultaba el carácter injerencista de la política estadounidense, ni 
el objetivo de hacer avanzar sus intereses en la consecución de cambios 
en el orden económico, político y social de nuestro país, había 
reconocido la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Cuba
 y al gobierno cubano como un interlocutor legítimo e igual, 
así como los beneficios que reportaría a ambos países y pueblos una 
relación de convivencia civilizada dentro de las grandes diferencias que
 existen entre los dos gobiernos. También admitía que el bloqueo era una
 política obsoleta y que debía ser eliminado.
Nuevamente el Gobierno de los Estados Unidos recurre a métodos 
coercitivos del pasado, al adoptar medidas de recrudecimiento del 
bloqueo, en vigor desde febrero de 1962, que no solo provoca daños y 
privaciones al pueblo cubano y constituye un innegable obstáculo al 
desarrollo de nuestra economía, sino que afecta también la soberanía y 
los intereses de otros países, concitando el rechazo internacional.
Las medidas anunciadas imponen trabas adicionales a las muy 
restringidas oportunidades que el sector empresarial estadounidense 
tenía para comerciar e invertir en Cuba.
A su vez, restringen aún más el derecho de los ciudadanos 
estadounidenses de visitar nuestro país, ya limitado por la obligación 
de usar licencias discriminatorias, en momentos en que el Congreso de 
los Estados Unidos, como reflejo del sentir de amplios sectores de esa 
sociedad, reclama no solo que se ponga fin a la prohibición de viajar, 
sino también que se eliminen las restricciones al comercio con Cuba.
Los anuncios del presidente Trump contradicen el apoyo mayoritario de
 la opinión pública estadounidense, incluyendo el de la emigración 
cubana en ese país, al levantamiento total del bloqueo y a las 
relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos.
En su lugar, el Presidente estadounidense, otra vez mal asesorado, 
toma decisiones que favorecen los intereses políticos de una minoría 
extremista de origen cubano del estado de Florida, que por motivaciones 
mezquinas no desiste de su pretensión de castigar a Cuba y a su pueblo, 
por ejercer el derecho legítimo y soberano de ser libre y haber tomado 
las riendas de su propio destino.
Posteriormente haremos un análisis más profundo del alcance y las implicaciones de este anuncio.
El Gobierno de Cuba denuncia las nuevas medidas de endurecimiento del
 bloqueo, que están destinadas a fracasar como se ha demostrado 
repetidamente en el pasado, y que no lograrán su propósito de debilitar a
 la Revolución ni doblegar al pueblo cubano, cuya resistencia a las 
agresiones de cualquier tipo y origen ha sido probada a lo largo de casi
 seis décadas.
El Gobierno de Cuba rechaza la manipulación con fines políticos y el 
doble rasero en el tratamiento del tema de los derechos humanos. El 
pueblo cubano disfruta de derechos y libertades fundamentales, y exhibe 
logros de los que se siente orgulloso y que son una quimera para muchos 
países del mundo, incluyendo a los propios Estados Unidos, como el 
derecho a la salud, la educación, la seguridad social, el salario igual 
por trabajo igual, los derechos de los niños, y el derecho a la 
alimentación, la paz y al desarrollo. Con sus modestos recursos, Cuba ha
 contribuido también a la mejoría de los derechos humanos en muchos 
lugares del mundo, a pesar de las limitaciones que le impone su 
condición de país bloqueado.
Los Estados Unidos no están en condiciones de darnos lecciones. 
Tenemos serias preocupaciones por el respeto y las garantías de los 
derechos humanos en ese país, donde hay numerosos casos de asesinatos, 
brutalidad y abusos policiales, en particular contra la población 
afroamericana; se viola el derecho a la vida como resultado de las 
muertes por armas de fuego; se explota el trabajo infantil y existen 
graves manifestaciones de discriminación racial; se amenaza con imponer 
más restricciones a los servicios de salud, que dejarían a 23 millones 
de personas sin seguro médico; existe la desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres; se margina a emigrantes y refugiados, en particular 
los procedentes de países islámicos; se pretende levantar muros que 
denigran a vecinos; y se abandonan los compromisos internacionales para 
preservar el medio ambiente y enfrentar el cambio climático.
Asimismo, son motivo de preocupación las violaciones de los derechos 
humanos cometidas por los Estados Unidos en otros países, como las 
detenciones arbitrarias de decenas de presos en el territorio 
ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo en Cuba, donde 
incluso se ha torturado; las ejecuciones extrajudiciales y las muertes 
de civiles causadas por bombas y el empleo de drones; y las guerras 
desatadas contra diversos países como Irak, sustentadas en mentiras 
sobre la posesión de armas de exterminio masivo, con consecuencias 
nefastas para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región del 
Medio Oriente.
Recordamos que Cuba es Estado Parte de 44 instrumentos 
internacionales sobre los derechos humanos, mientras que los Estados 
Unidos lo es solo de 18, por lo que tenemos mucho que mostrar, opinar, y
 defender.
Al confirmar la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas, 
Cuba y los Estados Unidos ratificaron la intención de desarrollar 
vínculos respetuosos y de cooperación entre ambos pueblos y gobiernos, 
basados en los principios y propósitos consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas. En su Declaración, emitida el 1 de julio de 2015, el 
Gobierno Revolucionario de Cuba reafirmó que “estas relaciones deberán 
cimentarse en el respeto absoluto a nuestra independencia y soberanía; 
el derecho inalienable de todo Estado a elegir el sistema político, 
económico, social y cultural, sin injerencia de ninguna forma; y la 
igualdad soberana y la reciprocidad, que constituyen principios 
irrenunciables del Derecho Internacional”, tal como refrendó la Proclama
 de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes 
de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), en su II Cumbre, en La Habana. Cuba no ha renunciado a
 estos principios ni renunciará jamás.
El Gobierno de Cuba reitera su voluntad de continuar el diálogo 
respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo, así como la 
negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el Gobierno de los
 Estados Unidos. En los dos últimos años se ha demostrado que los dos 
países, como ha expresado reiteradamente el Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, pueden 
cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y 
promoviendo todo aquello que beneficie a ambas naciones y pueblos, pero 
no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su
 soberanía e independencia, ni acepte condicionamientos de ninguna 
índole.
Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, 
económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de 
presiones e imposiciones, o emplean-do métodos más sutiles, estará 
condenada al fracaso.
Los cambios que sean necesarios en Cuba, como los realizados desde 
1959 y los que estamos acometiendo ahora como parte del proceso de 
actualización de nuestro modelo económico y social, los seguirá 
decidiendo soberanamente el pueblo cubano.
Como hemos hecho desde el triunfo del 1ro. de enero de 1959, 
asumiremos cualquier riesgo y continuaremos firmes y seguros en la 
construcción de una nación soberana, independiente, socialista, 
democrática, próspera y sostenible.
La Habana, 16 de junio de 2017.
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