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domingo, 7 de abril de 2013

Para criminalizar el movimiento contra los desahucios, vincularlo con la izquierda abertzale vasca o con Cuba.


Tomado de Cubainformacion.
Por José Manzaneda.


El movimiento ciudadano contra los desahucios se ha convertido en una piedra en el zapato para el Gobierno español del Partido Popular. La creciente incidencia y popularidad de este movimiento lo han convertido en diana de los ataques de la derecha política y mediática. Y una  campaña para criminalizarlo trata ahora de vincularlo con otros previamente satanizados.

Uno, el de la izquierda abertzale o independentista del País Vasco. Hace unos días, la delegada del Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes acusaba a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de estar vinculado con partidos de dicha corriente política y con "grupos filoetarras" (1). Sus acusaciones eran inmediatamente respaldadas en diarios y tertulias de radio y televisión de la derecha española (2).

Otro movimiento previamente demonizado con el que también se ha intentado vincular al movimiento anti-desahaucios es el de la solidaridad con Cuba. El 20 de marzo, en la localidad madrileña de Alcobendas, un grupo de personas eran expulsadas de un acto de Berta Soler, portavoz de las llamadas Damas de Blanco, que había sido organizado por el ayuntamiento (3). El alcalde Ignacio García de Vinuesa, del Partido Popular, acusaba públicamente a Rafael Romero, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la localidad, de ser el responsable de “reventar” el acto (4).

Sin embargo, si visionamos el video de la actividad, comprobamos que dicha persona, y otra más, se limitaron a preguntar a la invitada –de manera educada y correcta- si puede ser un modelo para Cuba el de países donde –por ejemplo- la banca deja en la calle a miles de familias. Parte del público asistente, simpatizantes del Partido Popular, no dejaron de amedrentar e insultar a estas personas mientras hacían sus preguntas. El propio alcalde les cortó la palabra a ambos: al citado miembro de la plataforma anti-deshaucios con el argumento de que “estaba dando un mitin”. Y a quien pidió opinión a la invitada sobre la corrupción en España, porque la pregunta era “ajena” al tema de la conferencia.

En cualquier caso, la portavoz de las Damas de Blanco, no solo no dio respuesta a las citadas preguntas, sino que llegó a hacer una exaltada apología de la Cuba previa a la Revolución, es decir, la de la dictadura de Batista, a la que calificó como una verdadera “joya de oro”.

Los autores de las preguntas incómodas, no solo fueron silenciados, amenazados e insultados, sino que finalmente fueron expulsados de la sala. Estas personas denunciaron también a Cubainformación insultos xenófobos contra una de ellas, de origen latinoamericano, y gritos de corte franquista.

Inmediatamente, a través de las redes sociales, el alcalde y otras personas vinculadas al Partido Popular acusaban a Rafael Romero, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de haber “reventado” el acto tras “defender la dictadura de Castro en Cuba", a pesar de que se limitó a hacer una simple pregunta entre insultos y amenazas (5).

Dos días después, curiosamente, la policía local de Alcobendas trataba de impedir -por primera vez- una concentración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, convocada para reclamar viviendas de alquiler social en el municipio (6).

Y es que parece que la derecha española no está encajando bien el creciente prestigio y popularidad del movimiento ciudadano contra los desahucios. Mucho menos, su actual campaña de escraches, protestas pacíficas realizadas frente a los políticos de la derecha defensores de las leyes favorables a la banca (7). No hay prueba más evidente del éxito de este movimiento que los actuales intentos por demonizarlo y criminalizarlo.

lunes, 1 de abril de 2013

Gobierno español busca criminalizar protestas por desalojos


Tomado de TeleSur

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de España (PAH) ha denunciado este viernes las intenciones del gobierno conservador de Mariano Rajoy de criminalizar las protestas contra los desahucios de viviendas en ese país.

La líder de la PAH, Ada Colau, expresó su desacuerdo con la órdenes dadas por el ministerio del Interior español a la policía nacional, de identificar y detener a quienes participen en actos de "hostigamiento y acoso" a miembros de organizaciones políticas o sedes de partidos oficiales.

Aseguró que la idea es perseguir quienes participen en los llamados escraches (término argentino que define las protestas ante los domicilios de políticos), manifestaciones que buscan presionar para que se promulgue un proyecto de ley sobre la dación en pago, que provenga de las raíces populares (de la discusión y diálogos con la comunidad de afectados).

Colau destacó que frente a las persecuciones a manifestantes, se encuentra omisión que las autoridades hacen a los casos de corrupción “gravísimos” de entidades financieras, y al acoso y hostigamiento de las mismas hacia personas más vulnerables. “Aquí en ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho detenciones” al respecto, indicó.

El grupo Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados españoles afirmó esta semana que no facilitará la estrategia del gobernante Partido Popular (PP) de desviar la atención sobre las denuncias de la PAH sobre una campaña de acoso oficial a esa agrupación.

“Se trata de una estrategia miserable”, la que el gobierno aplica a las protestas pacíficas de los miembros de esa plataforma ante las casas de dirigentes del derechista PP, expresó el diputado Joan Coscubiela.

Recordó el sufrimiento de las familias con niños que desde hace cinco años sufren desalojos, luego de que comenzó la crisis económica con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía español (SUP), José María Benito, calificó de “una barbaridad” la mencionada orden emitida por la cartera de Interior.

"Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí; pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad", dijo el vocero del SUP, gremio mayoritario en ese cuerpo armado.

De acuerdo a datos publicados por medios y organizaciones sociales, en España ejecutan a diario unos 500 desalojos de viviendas por hipotecas no pagadas.

Las leyes actuales españolas en materia inmobiliaria no contemplan de forma general que la entrega del inmueble (lo que se conoce como dación en pago) sea suficiente para para que el desalojado se libre de sus compromisos con el banco. Luego de quedar sin casa, los afectados están obligados a continuar pagando lo que resta de su crédito.

El drama de los deshaucios en España

España vive ola de suicidios de personas que no pueden pagar las hipotecas de su casa porque han perdido el trabajo y son desalojados por funcionarios judiciales asistidos por la policía.  Uno de los casos más trágicos se produjo en Málaga cuando una desocupada de 53 años se arrojó desde el tercer piso de su vivienda. Antes había comentado a los vecinos que no sabía que hacer porque carecía de cualquier recurso y su madre de 96 años estaba postrada en cama.

Un obrero de la construcción se arrojó al vacío desde un cuarto piso en Córdoba (sur) por no poder pagar la hipoteca; en Bazauri, Vizcaya (norte),  un hombre de 56 años, desocupado con dos hijos, fue encontrado muerto por la Guardia Municipal en la calle Gernika; un matrimonio de jubilados se suicidó en Mallorca (islas Belares).

El gobierno de Mariano Rajoy suspendió por dos años los desalojos para una parte de los 400 mil afectados por la ola de desahucios originados en la explosión de la burbuja inmobiliaria, pero no contempla a todos los afectados, razón por la cual las órdenes de desahucio continúan llegando a los cada vez más desesperados ciudadanos.

La medida abarca sólo a quienes no superen en tres veces el nivel de renta de 715 dólares al mes y cuya cuota hipotecaria sobrepase el 50 por ciento de los ingresos netos. También están contemplados las familias numerosas o con menores de tres años, madres o padres con dos hijos menores a su cargo, personas con incapacidades para trabajar, y desempleadas que hayan sido víctimas de violencia de género, pero no los jubilados.

El parlamento rechazó el pasado 12 de febrero, debatir la iniciativa popular que pedía que el entregar el departamento se diera por cumplida la hipoteca de forma retroactiva (dación en pago), la moratoria de todos los desahucios y la promoción del alquiler social.

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