Base Naval de Guantánamo: Un antro que califica muy bien la democracia imperial.

Tomado de Granma.

Guantánamo: 11 años en cifras.


CIFRAS:

11: Años desde los primeros traslados de detenidos al centro de detención estadounidense de Guantánamo, Cuba.

166: Detenidos en Guantánamo al 8 de enero del 2013, de los cuales casi la mitad son ciudadanos yemeníes.

779: Según las autoridades, número de detenidos que han estado recluidos en Guantánamo, la gran mayoría de ellos sin cargos ni juicio penal.

600: Número aproximado de detenidos transferidos de Guantánamo a otros países desde el 2002.

9: Detenidos muertos bajo custodia estadounidense en Guantánamo, el más reciente en septiembre del 2012. Según las autoridades, 7 de las muertes fueron suicidios, mientras que 2 se debieron a causas naturales.

12: Detenidos de Guantánamo que tenían menos de 18 años cuando fueron recluidos.

1: Número de detenidos de Guantánamo transferidos a territorio continental estadounidense para ser juzgado por un tribunal federal.

7: Número de detenidos condenados por una comisión militar, 5 como resultado de acuerdos previos al juicio en los que los acusados se declararon culpables, de los cuales 4 han sido repatriados.

6: Detenidos susceptibles de recibir una condena a muerte tras ser juzgados sin las debidas garantías por una comisión militar.

En el 2010, el Grupo de Trabajo para la Revisión de Guantánamo, establecido bajo el mandato de Barack Obama, reveló que, de los 240 detenidos en Guantánamo a la sazón, 36 estaban siendo activamente investigados para ser procesados, mientras que se había determinado que otros 48 no serían juzgados ni puestos en libertad, sino que permanecerían en detención indefinida. El Grupo de Trabajo también informó de que se había dado autorización para transferir fuera de la prisión a 126 detenidos (de los cuales 44 habían sido transferidos a otros países en el momento en que se publicó el informe del Grupo de Trabajo).

En septiembre del 2012, las autoridades estadounidenses hicieron pública una lista de 55 detenidos que todavía estaban recluidos, pero de los que se había autorizado su traslado, aunque observaban que dicha lista no incluía a aquellos cuyo estatuto de transferencia fuese confidencial. En una sentencia emitida por un tribunal federal estadounidense en octubre del 2012 se identificó al 56º detenido con autorización para ser transferido.

OTROS DATOS

El 16 de octubre del 2012, un tribunal de apelaciones estadounidense anuló la sentencia condenatoria dictada por una comisión militar contra 1 de los 2detenidos en cuyos casos no hubo acuerdo previo al juicio y que, por tanto, fueron juzgados, pues halló que "apoyo material al terrorismo" no era un crimen de guerra en el derecho estadounidense en el momento de la presunta conducta por la que fue procesado con arreglo a la Ley de Comisiones Militares del 2006.

Con independencia de las categorías que establezca el gobierno estadounidense, en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, todos los detenidos de Guantánamo deben ser liberados de inmediato en países (entre ellos, Estados Unidos potencialmente) que respeten sus derechos humanos, a menos que se presenten contra ellos cargos penales reconocibles y sean juzgados con las debidas garantías por tribunales civiles ordinarios. (Adital, con datos de Amnistía Internacional)

Obama da marcha atrás al reloj de Guantánamo

Sólo una pequeñísima fracción de los prisioneros son procesados_Foto John Moore

Tomado de Rebelion.
Baher Azmy


The Washington Post

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Las nuevas normas emanadas del Departamento de Justicia de Obama amenazan con devolver la Bahía de Guantánamo al agujero negro legal en el que estaba desde los primeros días del gobierno de George W. Washington. Las normas, que empezaron a manifestarse en mayo, se revisarán el viernes en una vista que se celebrará ante un juez federal de Washington.

Como consecuencia de su contenido, se restringe el acceso de los abogados a los detenidos que han perdido sus peticiones iniciales de habeas corpus. El efecto que tendrá será arrebatar a los tribunales el control del acceso de los abogados a sus clientes, dotando al ejército de unos poderes discrecionales casi completos para dictar si los abogados pueden, y cuándo, visitar a los detenidos, cuántos abogados pueden trabajar en un caso, qué tipo de información pueden obtener y utilizar para representar a sus clientes y dónde y de qué manera esa información podrá utilizarse.

Es decir, que en vez de cerrar el campo de prisioneros como prometió, el Presidente Obama ha devuelto Guantánamo al hermético y desesperado campo de internamiento que tanto vilipendió cuando era candidato.

Desde que la prisión de Guantánamo abrió sus puertas en 2002, sus rasgos distintivos han sido el rechazo a la supervisión judicial y la exclusión de los abogados. La administración George W. Bush eligió ese lugar para albergar a los “combatientes enemigos” porque las autoridades pensaron que la base militar de la isla -y el trato dado a los detenidos- quedaría lejos del escrutinio de los tribunales. Después de que el Tribunal Supremo rechazara esa estrategia en su sentencia de 2004 en el caso Rasul versus Bush, los abogados afluyeron en gran número a la base. Pronto quedó muy claro no solo que la mayoría de los detenidos había sufrido abusos y torturas, también que a la mayoría de ellos no debería habérselos detenido jamás. Desde la sentencia Rasul, han quedado libres más de 600 de los casi 800 hombres musulmanes que han pasado por Guantánamo.

En 2008, la sentencia del tribunal en el caso Boumediene versus Bush reafirmó que los detenidos tenían derecho a una revisión judicial significativa de la base legal y factual de su detención. Boumediene reabrió los tribunales a los detenidos, recuperándose el derecho de habeas corpus tras años de suspensión.

En los primeros tres años tras el fallo de Boumediene, la mayoría de los detenidos ganaron sus casos en tribunales inferiores, lo que puso de relieve la debilidad de los argumentos utilizados por la administración Bush para llevar a cabo las detenciones. Pero el pasado año, la Corte de Apelaciones estadounidense para el Circuito DC ha revertido todas esas decisiones e impuesto unos estándares legales que hacen que sea prácticamente imposible ganar un caso de habeas. Mientras tanto, la negativa del Tribunal Supremo a revisar el desafío de los tribunales de Circuito D.C. respecto a la promesa contenida en Boumediene -a pesar de una petición de súplica presentada este año en siete apelaciones diferentes- pone punto final a la supervisión judicial significativa de Guantánamo.

Así pues, las nuevas normas del Departamento de Justicia están devolviendo a Guantánamo al punto de partida. Este mes, en una presentación ante un tribunal, la administración Obama mostró su incorrecto razonamiento argumentando que, en ausencia de peticiones activas de habeas corpus, los abogados no necesitan tener garantizado el acceso a sus clientes ni a la información clasificada necesaria para poder presentar sus demandas. Los funcionarios de Obama, al igual que la administración Bush antes que ellos, dicen que el gobierno debería tener un irrestricto control sobre Guantánamo.

Pero no hay justificación militar o legal plausible alguna para castigar de esa forma a los detenidos. Guantánamo sigue estando a miles de kilómetros de cualquier hostilidad activa. Más aún, entre los miles de visitas de abogados a clientes que se han producido a lo largo de los últimos ocho años, no ha habido ningún informe creíble de que se haya divulgado una información reservada ni dañado a la seguridad nacional.

El retroceso de la administración Obama, a causa de la evisceración de Boumediene por los tribunales del Circuito D.C. y la fallida promesa del presidente de cerrar la prisión, está devolviendo el statu quo de Guantánamo a la era anterior a Rasul, cuando Guantánamo era un lugar icónico de la negación de los derechos jurídicos de seres humanos o del acceso al mundo exterior.

Esta evolución es tan poco sorprendente como peligrosa. En 2004, el Tribunal Supremo se sintió motivado para asegurar una supervisión judicial sobre las operaciones de detención en Guantánamo a causa de las revelaciones sobre las torturas de Abu Ghraib, así como por la preocupación ante una serie de detenciones en las que no mediaba acusación ni juicio algunos. Actualmente, la mayoría de la gente cree que Obama ha puesto fin a las torturas en Guantánamo. Sin embargo, esto no significa que no sea ya necesario el control judicial. Los abusos y las torturas podrían fácilmente reaparecer si no existe la vigilancia adecuada. No obstante, el problema fundamental en Guantánamo ha sido siempre la detención indefinida sin acusación ni juicio, que en sí misma es una forma de tortura.

La tortura en Guantánamo fue el legado del Presidente Bush. Confío en que el legado del Presidente Obama no sea la legitimación de la detención indefinida sin acusación y juicio y hacer de Guantánamo el lugar donde los Estados Unidos envían a los detenidos musulmanes a envejecer y morir.

Baher Azmy es el director jurídico del Centro por los Derechos Constitucionales de EEUU.

Nuevamente la agresión imperial (Nota del MINREX).

El mayor terrorista de nuestro planeta, el que planifica asesinatos extraterritoriales con la simple firma de su presidente, el que auspicia golpes de estados en otros países, el que crea y sustenta organizaciones paramilitares en otros países con el objetivo de asestar golpes convenientes a sus intereses geopolíticos, el que financia la subversión en otros países para desestabilizar gobiernos constitucionales, el que alberga en su territorio organizaciones que planifican y llevan a cabo actos vandálicos y de sabotajes con fatídicas consecuencias económicas y humanas, el que se inventa una guerra para establecer su hegemonía, el que se ha inventado cárceles secretas y donde se han cometido actos de lesa humanidad, el que tiene usurpado territorios en otros países (como el de Guantánamo, Cuba), el que aplaude que sus socios belicistas tengan armas nucleares pero torpedea con guerra fría y actos siniestros a países que usan pacíficamente energía nuclear, el que tiene el mayor presupuesto dirigido a la carrera armamentista, el que viola la nacionalidad de otros países con la imposición de leyes extraterritoriales (como las aplicadas en el bloqueo genocida a Cuba), el que lleva a cabo vuelos espías y guerras bacteriológicas es quien se dedica a enlistar a países que convenientemente "considera terroristas".

¿No es esto una aberrante y enfermiza ironía? ¿No es esto una sucia desvergüenza?

El gobierno de los Estados Unidos sigue machacando en su deshonesta política exterior contra la Revolución cubana. Actuación que sólo es aplaudida por sus lacayos y sirvientes de la disidencia cubana (más bien llamados contrarrevolución).

Quizás lo que más rabieta le proporciona al imperialismo y sus sabuesas hienas es que tienen bien claro que el gobierno de la Isla nunca ha actuado de forma deshonesta ni con sus enemigos acérrimos, como tampoco ha traicionado a sus amigos y vecinos por la miserable palmadita de aprobación del Tío Sam.

Me sumo a la protesta del gobierno y el pueblo de Cuba por esa arbitrariedad, por esa sucia maniobra del gobierno norteamericano de incluir a Cuba en una lista de “Estados Patrocinadores de Terrorismo”.

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Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

El 31 de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Cuba, nuevamente, en su lista unilateral y arbitraria de "Estados Patrocinadores del Terrorismo Internacional".

Una vez más, se evidencia que el único propósito de mantener a Cuba en este listado es tratar de justificar la política de bloqueo contra nuestro país, así como la adopción de nuevas medidas de persecución de las transacciones financieras y comerciales, para intentar estrangular a la economía cubana e imponer un régimen que responda a los intereses de los Estados Unidos.

En esta ocasión, con una nueva y calumniosa acusación sobre la supuesta falta de medidas en el sistema bancario cubano para enfrentar el lavado de dinero y las transacciones financieras vinculadas al terrorismo, el gobierno de los Estados Unidos intenta sostener este desprestigiado ejercicio.

Con esta patraña, Estados Unidos oculta que Cuba rinde información veraz y exacta periódicamente a los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas sobre estos temas y otros referidos al enfrentamiento al terrorismo. Ignora también, con toda mala intención, que el Gobierno de Cuba, en fecha tan reciente como febrero del 2012, renovó la propuesta de acordar un programa bilateral de enfrentamiento al terrorismo, a la cual el gobierno de los Estados Unidos no ha respondido.

Los Estados Unidos no tienen la más mínima autoridad moral para enjuiciarnos. Es sobradamente conocido que el gobierno norteamericano ha utilizado el terrorismo de Estado como un arma de su política contra Cuba, que ha provocado 3 478 muertos y 2 099 discapacitados, y ha cobijado a lo largo de la historia a decenas de terroristas, algunos de los cuales aún hoy viven libremente en su territorio, mientras mantiene injustamente encarcelados o retenidos a los Cinco luchadores antiterroristas cubanos. Los Estados Unidos son también el mayor centro de lavado de dinero del planeta y la falta de regulación de su sistema financiero fue el detonante de la crisis económica global.

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza enérgicamente la utilización de un asunto tan sensible como el terrorismo con fines políticos mezquinos contra Cuba y demanda que el gobierno de los Estados Unidos deje de mentir y ponga fin a este vergonzoso ejercicio, que ofende al pueblo cubano y desacredita la causa de la lucha internacional contra el terrorismo.

La Habana, 1 de agosto del 2012.

Cuba demuestra en Naciones Unidas su firme compromiso contra la tortura

Tomado de Granma.

Por Sergio Alejandro Gómez

Al presentar su informe ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en virtud de sus obligaciones como Estado parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (22 y 23 de mayo del 2012), Cuba contó con el aval de la obra de justicia construida por la Revolución. La delegación cubana pudo argumentar, con datos contundentes e incontestables, la aplicación práctica de los preceptos que inspiran a la Convención y su plena coherencia con la filosofía de principios seguida por el Estado cubano con riguroso celo y compromiso.

La presentación cubana recordó que hasta 1959 la tortura y el abuso por parte de las autoridades policiales y militares eran parte de la política de Estado, y que fue el proceso revolucionario el que puso fin a tan despreciables prácticas, 25 años antes de que existiera la Convención de las Naciones Unidas.

Como es habitual en los exámenes de países, el Comité concentra su atención en temas tan complejos como el estado del sistema penitenciario, el rigor en la impartición y administración de justicia, las garantías para las personas bajo detención y la ética del sistema de orden público. Este órgano de la ONU está compuesto por diez expertos de diversos países que actúan a título personal, y tiene como mandato realizar recomendaciones a los Estados Partes sobre la aplicación de la Convención y la prevención de la tortura o actos afines en todas partes del mundo.

En la actualidad, y a pesar de la existencia de la Convención, la práctica de la tortura no ha desaparecido en varias partes del planeta. Su uso por la fuerzas militares y paramilitares del Gobierno de los Estados Unidos en Iraq, Afganistán, la Base Naval de Guantánamo, las cárceles secretas creadas por la CIA en Europa y otros sitios, es política oficial abiertamente reconocida por ese Gobierno. Asimismo, la brutalidad policial, como se ha podido ver en la represión en países europeos a manifestantes pacíficos y las muertes en prisión de personas encarceladas, constituyen también una constante.

En contraste con esta negativa situación, Cuba expuso los avances de los sistemas de justicia penal y penitenciario cubanos, que fortalecen la necesaria seguridad ciudadana, y descansan en la rehabilitación, en el respeto a las garantías y los derechos ciudadanos, y en las concepciones más avanzadas sobre la materia.

Cuba defendió su informe en condiciones diferentes a otros países. Enfrenta, como ningún otro, la persistente campaña de difamación y descrédito que financia y promueve el Imperio, con la cual se politiza un examen de esta naturaleza, se limita su necesaria objetividad e imparcialidad, y se introducen elementos sesgados que forman parte de los pertinaces intentos de desestabilización interna que promueve el gobierno de los Estados Unidos.

La delegación cubana, encabezada por el vicefiscal General de la República, Rafael Pino Bécquer demostró, sin que quedara duda alguna, el apego de la Revolución a la aplicación de una política contra la tortura y el abuso.

La presentación de nuestro país apuntó que el Código Penal cubano establece más de diez figuras delictivas que brindan una adecuada protección ante la ocurrencia de cualquier maltrato y tiene como base el mandato constitucional que establece el respeto a la dignidad de todas las personas.

Resaltó que los jefes y agentes de las fuerzas del orden cubanas se forman en el respeto a la integridad física y moral de todas las personas, y se les inculca una alta sensibilidad humana para cumplir con su misión de velar por el orden interior y la tranquilidad ciudadana, incluyendo en sus planes de preparación y capacitación las regulaciones jurídicas internacionales, entre ellas, las disposiciones de la Convención.

Demostró el papel de la Fiscalía como órgano de control de la legalidad para asegurar la protección y la promoción de los derechos de todos los internos en los establecimientos penitenciarios del país, así como las medidas que adopta la Revolución para garantizar que las personas sancionadas alcancen un nivel educacional y se formen en oficios y profesiones que les permitan su realización personal y potencien su utilidad para la sociedad desde un trabajo digno y justamente remunerado.

Y denotó el empeño de continuar trabajando para fortalecer y actualizar la legislación penal y profundizar aún más en la plena aplicación de la Convención, con mecanismos seguros, eficientes y responsables para garantizarlo.

Cuba puede estar orgullosa de su trayectoria en el cumplimiento de lo estipulado por la Convención y de los objetivos para los que esta se concibió.