Tomado de
Comité de Solidaridad con América Latina de Asturias (COSAL)
El Comité de
Derechos Humanos de la ONU divulgó el jueves 23 de julio sus apreciaciones
sobre la implementación de los Derechos Civiles y Políticos en España,
Venezuela, Reino Unido, la ex República Yugoslava de Macedonia, Canadá,
Uzbekistán y Francia. Contradiciendo la opinión difundida hasta la saciedad por
la práctica totalidad de los medios de comunicación de masas españoles, el
Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó a Venezuela, a la que hace algunas
recomendaciones, mientras que reprobó durísimamente a España hasta en 26
apartados.
Comité de Derechos Humanos de la ONU difundió informe sobre Venezuela
SANTIAGO/GINEBRA
– Este jueves 23 de julio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
dio a conocer en Ginebra sus observaciones finales sobre la situación de
derechos humanos en Venezuela.
El informe
íntegro, titulado Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico
de la República Bolivariana de Venezuela se puede descargar aquí.
Las
observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU se refieren a
los aspectos positivos de la implementación en Venezuela del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado
por el país en 1978. También resaltan las principales áreas de preocupación en
la materia para los expertos y detallan recomendaciones de acción por parte del
Comité al Estado examinado.
Revisiones
periódicas
Venezuela forma
parte de los 168 Estados del mundo que han ratificado el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y, como tal, debe someterse a revisiones
periódicas ante el Comité de 18 expertos y expertas internacionales que
supervisa la implementación del PIDCP.
España suspende el examen de
Derechos Humanos de la ONU
España tendrá que repetir el curso de Derechos Humanos después de que
Naciones Unidas le haya suspendido un puñado de asignaturas con títulos
tremendos: Expulsiones en caliente, Racismo policial, Desigualdad de género,
Violencia machista, Trata de personas, Ley Mordaza, Esterilización de
discapacitados, Aborto ilegal, Centros de Internamiento de Extranjeros…
Una
representación de España -seis Ministerios, Fiscalía General y Misión ante
Naciones Unidas- compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que
examinaba a varios países sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos por los Estados Parte.
Tras analizar
lo presentado por España,
Naciones Unidas acaba de dar las notas: suspenso. El informe suma
hasta 26 «preocupaciones» por el incumplimiento del Pacto y críticas por
la persistencia de leyes y prácticas contrarias a los Derechos Humanos.
- RACISMO
POLICIAL. Naciones Unidas afea la existencia de «controles
policiales basados en perfiles raciales y étnicos, en particular los
romaníes». Pide a España que «elimine el uso de perfiles étnicos por los
policías y funcionarios», que se «incremente la capacitación para esos agentes
sobre sensibilidad cultural» y que «lleve a los responsables ante los
tribunales».
-
DISCRIMINACIÓN. El informe refleja «discriminaciones» a inmigrantes
y minorías étnicas «en el acceso a la vivienda, educación, empleo y salud».
-
ESTERILIZACIONES FORZADAS. La ONU critica la «esterilización
forzada a personas con discapacidad, cuya capacidad jurídica no se
reconoce». El Comité exige que se «obtenga el consentimiento informado de las
personas con discapacidad».
- DESIGUALDAD
DE GÉNERO. Las mujeres están «insuficientemente representadas
en los puestos decisorios». Inquietan las «notables diferencias
salariales entre hombres y mujeres».
- VIOLENCIA
MACHISTA. Naciones Unidas apunta la «persistencia» de la
violencia machista y alerta sobre el «alto grado de violencia que sufren las
inmigrantes, que no suelen denunciar las violaciones sufridas».
Propone «aumentar» la protección a las mujeres de origen romaní e «investigar»
las denuncias de mujeres «especialmente vulnerables y marginadas».
- ABORTO ILEGAL. La ONU no está de acuerdo con la reforma de la ley, que obliga a las
mujeres de entre 16 y 18 años, incluso en situaciones de violencia familiar,
a obtener el consentimiento de sus padres para interrumpir el embarazo.
Ello «puede aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la salud de las
mujeres».
- MALOS TRATOS
POLICIALES. El informe refiere un «uso excesivo de la fuerza
y malos tratos» de agentes del Estado, critica la «debilidad en las
investigaciones» y rechaza los indultos a policías condenados por torturas.
Exige «eliminar la tortura, establecer órganos de denuncia
independientes, asegurar que los exámenes forenses sean imparciales y prohibir
indultos a culpables de torturas». Alaba la grabación de interrogatorios,
pero lamenta que no sea sistemática.
- LOS CIE. A Naciones Unidas le preocupa el «uso recurrente de la privación de
libertad a inmigrantes en situación irregular» y pide que todos los CIE tengan instalaciones
sanitarias.
- AISLAMIENTO
DE DETENIDOS. Aunque celebra que la Ley de Enjuiciamiento
Criminal «reduce» el uso del régimen de incomunicación, la ONU pide que se
«elimine la detención en condiciones de incomunicación».
- EXPULSIONES
DE REFUGIADOS. El informe critica las «expulsiones en caliente»,
los «vuelos de deportación» y las «denegaciones de asilo» a
solicitantes no sirios. Y todo ello con «malos tratos». Pide que España revise
la Ley de Seguridad Ciudadana y que garantice que «autoridades
extranjeras no cometan violaciones de Derechos Humanos en territorio español»
(en referencia a la Policía marroquí en las vallas de Ceuta y Melilla).
- LEY DE
AMNISTÍA DE 1977. La ONU pide que se derogue, porque «impide la
investigación de las torturas, desapariciones y ejecuciones» del franquismo.
Pide que se revise la legislación de la exhumación de las fosas para que
no recaiga en las familias y se garantice la igualdad en todas las CCAA.
- TRATA DE
SERES HUMANOS. El documento de Naciones Unidas lamenta que España
«siga siendo un país de destino, tránsito y origen de mujeres, hombres y niños
víctimas de trata sexual y de trabajo forzoso».
- ‘LEY MORDAZA’. A Naciones Unidas le preocupa el «efecto disuasorio» para la libertad
de expresión y de reunión de la Ley Mordaza. Cita el «uso
excesivo de sanciones» y la prohibición de grabar a agentes de Seguridad
del Estado. Pide a España que «revise la Ley de Seguridad Ciudadana».
