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El Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, ha venido denunciando desde el año 2014 la actuación
de la derecha venezolana y de factores extranjeros para derrocar al gobierno
democráticamente constituido en el país. Las violentas agresiones contra la
democracia venezolana provienen de los sectores de la ultraderecha extrema y
violenta que han tenido como objetivo amenazar la estabilidad del sistema
democrático, tratando de imponer su agenda por encima de la voluntad popular
que se ha ratificado sucesivamente en las distintas elecciones de los últimos
15 años en el país.
Desde el 23 de enero del año 2014, estos grupos
desestabilizadores echaron a andar una nueva arremetida contra la democracia
venezolana. El plan denominado “La Salida” hizo un llamado a
manifestaciones supuestamente pacíficas. Sin embargo, la acción orquestada por
estos factores, pronto devino en una ola de violencia desmedida en algunos
estados y municipios del país, controlados por autoridades locales contrarias
al gobierno revolucionario.
En este contexto Leopoldo López, dirigente del Partido
Voluntad Popular, declaró a través de las redes sociales: “Hemos planteado la
necesidad de una salida al desastre, una salida que pasa por construir una
fuerza popular que esté activa en las calles” “Nos vemos en las calles de Venezuela”, precisó,
al tiempo que manifestó que el país se acerca a “La Salida y al cambio”.
Este
llamado fue secundado por distintos sectores de la derecha venezolana que
echaban a andar el plan desestabilizador y que condujo a las acciones violentas
y vandálicas que comenzaron el 12 de febrero de 2014. El trágico saldo de la acción perpetrada por este
grupo dejó un total de 43 muertes, cientos de lesionados y daños incalculables
al patrimonio público.
Los acontecimientos violentos propiciados por estos
sectores de la oposición, fueron tergiversados por los medios de comunicación
nacional e internacionales haciéndolos ver como manifestaciones “pacíficas” que
fueron objeto de represión por parte del gobierno venezolano, señalando la
acción de los agentes de orden público que ejercieron en defensa del pueblo y
de la paz del país, como violatorias de los derechos humanos.
Una vez fracasada esa escalada de violencia sin
sentido, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado sincero al diálogo y al
entendimiento. Con la participación de la UNASUR se impulsó una mesa en la cual
se convocaron a esos factores. Sin embargo, este esfuerzo fue depreciado por
parte de la oposición venezolana. Una vez más la
agenda que asumieron fue la de la acción desestabilizadora. A partir de ese
punto se recrudeció la acción del golpe continuado en el país. Los sectores de
oposición, con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, han aplicado un plan
para intentar vulnerar el orden constitucional y derrocar al gobierno.
Debido al fracaso de la violencia creada en las
calles, la burguesía desató la guerra económica contra el pueblo venezolano, buscando con ello crear un clima de insatisfacción
en los sectores populares que produjera saqueos y un estallido social. De esta
forma, por la vía del acaparamiento, la especulación y el contrabando, se quiso
privar al pueblo venezolano de los principales productos para la alimentación y
la higiene. Esta acción, aún en desarrollo, está siendo desmontada
por el Gobierno Bolivariano, el cual ha dedicado grandes esfuerzos por frenar
la guerra contra la economía, que afecta directamente al pueblo venezolano.
Así mismo, el Gobierno Bolivariano logró desactivar
una nueva acción, esta vez concebida en el plano militar. Un grupo de oficiales de la aviación pretendía
provocar un hecho violento contra el Presidente de la República y algunas
instituciones fundamentales del Estado. El plan golpista estuvo orquestado por
sectores de la ultraderecha venezolana quienes ofrecieron dinero y una serie de
prebendas a los oficiales que participarían en la acción. Todo esto contó con
el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América.
En dicho plan golpista,
cabe resaltar la existencia de un plan para eliminar físicamente al
dirigente opositor Leopoldo López, y con ello generar un mayor caos que
facilitaría la caída definitiva del Gobierno. Asimismo, es destacable que esta
semana varios dirigentes opositores habrían suscrito un documento para la
“transición”, en la que participarían voceros de la oposición política de
ultraderecha venezolana, tales como María Corina Machado, Julio Borges, Antonio
Ledezma, entre quienes se formaría la eventual Junta de Gobierno.
De igual manera, este
frustrado golpe de Estado tenía como objetivo la muerte de altos
funcionarios del Gobierno Bolivariano, tales como el Presidente Nicolás Maduro,
Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Jorge Rodríguez y Tareck El Aissami.
En este orden de ideas,
es necesario informar que el desmantelamiento de este golpe ha merecido hasta
la fecha, la privación de libertad de 10 oficiales, mientras se encuentran en
fuga -fuera del país- otros 3 militares.
Asimismo se
identificaron elementos electrónicos como: computadoras, sables, uniformes,
tabletas, ropa usada para el video, fotos de un alcalde de oposición (Antonio
Ledezma) y un documento para la “transición” ubicado recientemente en un diario
de circulación nacional. Además, los detenidos confesaron que la publicidad en
la prensa era una de las señales para la actuación.
En este contexto, se han observado las múltiples
declaraciones de los políticos opositores, al Gobierno venezolano, que reflejan
claramente una postura hacia un cambio de gobierno, al margen de la normativa
constitucional vigente, incluso haciendo llamados a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana para alterar el hilo constitucional en el país; tal y como lo señalara una organización de
venezolanos en los Estados Unidos de América en un comunicado donde piden “liberarnos
del yugo de la mafia totalitaria que ejerce el poder y ha llevado a Venezuela a
la ruina”; o como se aprecia en las declaraciones efectuadas por el dueño
de un medio de comunicación escrita el mismo día en que se supone habría
ocurrido el atentado golpista: “En Venezuela hay elecciones en 2018,
pero la situación es tan catastrófica, el descontento es tan grande en todos
los sectores, incluido el chavismo y las Fuerzas Armadas, que puede pasar
cualquier cosa”.
Todos estos elementos,
son una clara evidencia del plan continuo por parte de sectores
desestabilizadores en Venezuela, que tienen como firme objetivo vulnerar el
orden constitucional del país.
Paralelamente a la situación que han intentado crear
estos grupos de derecha en nuestro país, se observa una marcada participación o
intervención del Gobierno de los Estados Unidos de América. Sus principales representantes
gubernamentales, se han dado a la tarea de emitir juicios desproporcionados y
errados sobre la actuación del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros,
con miras a crear una matriz internacional, para justificar un golpe de Estado,
la intervención extranjera y una llamada “transición pacífica” a la democracia.
El Golpe continuado fue preparado por etapas, entre
los factores tanto nacionales como internaciones, interesados en la “Salida”
del Presidente Maduro y por tanto del Gobierno Revolucionario.
El Gobierno de los
Estados Unidos de América, haciendo alarde
de su pretendida hegemonía, ha venido incumpliendo sistemáticamente con la
obligación internacional de la no injerencia en los asuntos internos de
Venezuela, al desarrollar toda una línea de acciones de carácter declarativo y
legislativo, con el fin de desacreditar y perjudicar al Gobierno Bolivariano
del Presidente Nicolás Maduro Moros y la institucionalidad democrática
venezolana, y con ello subvertir el sistema democrático participativo
y protagónico constitucionalmente vigente.
En efecto, el Gobierno estadounidense, mediante
pronunciamientos oficiales, ha mantenido desde el año 2014 su aviesa conducta
de descalificar públicamente las políticas desarrolladas por el Estado
venezolano, para enfrentar las situaciones de crisis promovidas por el sector
de la ultraderecha política venezolana.
Ello se observa cuando, el Secretario de Estado, John
Kerry [21.05.2014], tergiversa situaciones puntuales de violencia ocurridas en
Venezuela, tildándolas de manifestaciones pacíficas, insiste en la falsa
violación de los derechos políticos en nuestro país y se atreve a exigir la
liberación de las personas que promovieron actos criminales y de vandalismo,
justificándolas en el hecho de que “intentaban ejercer su derecho
democrático de expresar disentimiento”.
En igual sentido, el Vicepresidente estadounidense,
Joe Biden, durante su visita al Brasil [16 y 17.6.2014], expresaba sin disimulo
que el Gobierno de los Estados Unidos de América consideraba que había un
debilitamiento de las instituciones democráticas venezolanas, lo que se
traducía en una falta de democracia y en que no había garantía de
los derechos humanos.
El 30 julio de 2014 el Departamento de Estado imponía
restricciones al otorgamiento de visas para funcionarios públicos venezolanos,
bajo el pretexto de que existía una intimidación judicial de la disidencia
política venezolana, así como un uso excesivo de la fuerza para el control de
las situaciones de violencia puntual que apenas, para esa fecha, ocurrían
aisladamente en entornos urbanos, y que ellos entendían como protestas
pacíficas, teniendo como objetivo dicha restricción asegurar que los violadores
de derechos humanos rindan cuentas.
El Departamento de Estado, a través de su vocera, Jen
Psaki, ha brindado declaraciones continuas y reiteradas que sirven para
sostener las falsas matrices de opinión sobre la situación económica en nuestro
país, así como ha construido una línea de opinión que refiere a la supuesta
criminalización de la disidencia política venezolana, obviando los hechos
delictivos y vandálicos que líderes políticos de la ultraderecha venezolana
alentaron y promovieron directa y públicamente, siendo éstos la verdadera razón
de sus procesos judiciales.
En este mismo sentido, el Gobierno de los Estados
Unidos de América no ha escatimado oportunidades para cuestionar la probidad
del sistema judicial venezolano, y en particular cuando se refiere al proceso
judicial del ciudadano Leopoldo López.
También es importante mencionar que, el Gobierno
estadounidense en su Estrategia de Seguridad Nacional para el 2015,
mantiene la línea de opinión tergiversada sobre la violación de los derechos
humanos en Venezuela, la criminalización de la disidencia política y la
prohibición de la libertad de expresión, lo cual tiene el agravante de que
establece como línea de acción, continuar apoyando a la oposición política
venezolana para el cambio del régimen constitucional democrático, participativo
y protagónico en Venezuela.
Por otra parte, es imperioso referirse a la nefasta
«Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en
Venezuela», sancionada por el Congreso estadounidense y puesta en vigor por
el Presidente Barack Obama en diciembre de 2014; pues esa “ley”, de
eminente carácter intervencionista, encuentra sustento en la convicción del
Gobierno de ese país de que el Gobierno Bolivariano de Venezuela viola los
derechos humanos al hacer cumplir la ley y mantener la paz y la seguridad de
todos los venezolanos, aun cuando ello signifique impedir que grupúsculos
violentos pagados por la ultraderecha política venezolana cometan acciones
vandálicas y delictivas.
Durante su tramitación parlamentaria, el Gobierno de
los Estados Unidos de América manifestó ante el Congreso que a través de las
sanciones establecidas en esta “ley”, se favorecerían las pretensiones de la
oposición política venezolana.
Es necesario mencionar que esa legislación
estadounidense establece sanciones de carácter unilateral no autorizadas por el
derecho internacional contra los intereses de la Nación venezolana, lo cual,
según la doctrina internacionalista contemporánea, sustentada en la reciente
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y en la práctica de los
órganos del sistema de las Naciones Unidas, es una violación del principio
fundamental de la no intervención en los asuntos internos de otro Estado, consagrado como obligación universal en el derecho
internacional que rige las relaciones internacionales entre los Estados, a fin
de garantizar la paz y la seguridad internacionales.
Adicionalmente, cabe señalar que la citada ley tiene
como objetivo coaccionar al Gobierno Bolivariano de Venezuela, a través del “ataque
selectivo” a los intereses patrimoniales de ciudadanos venezolanos
señalados sumaria y secretamente por el Departamento de Estado (órgano del
Poder Ejecutivo), para aplicar sanciones confiscatorias y violatorias de los
derechos fundamentales reconocidos en el mundo civilizado.
Esta acción injerencista del Gobierno de los Estados
Unidos de América ha sido reconocida y condenada firmemente por los Estados de
la región, siendo destacable los llamados al Gobierno de los
Estados Unidos de América para que respete, en sus relaciones con los Estados
de Latinoamérica y del Caribe, el compromiso de no intervenir directa o
indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observe los
principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre
determinación de los pueblos (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
–CELAC) y, se abstenga de imponer sanciones unilaterales que vulneran el
principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados (Unión
de Naciones Suramericanas –UNASUR— y Mercado Común del Sur –MERCOSUR).
Sin embargo, el Gobierno estadounidense hizo caso
omiso a este llamado al cumplimiento del derecho internacional, y reiteró y
amplió las medidas sancionatorias contra funcionarios del Gobierno venezolano,
las cuales fueron rechazadas nuevamente por los organismos regionales antes
señalados, y de igual forma se pronunció la comunidad internacional a través
del Movimiento de Países No Alineado (MNOAL), el cual instó “a
derogar tales medidas coercitivas ilegales que afectan el espíritu de diálogo y
entendimiento político entre Venezuela y los Estados Unidos de América”.
A la luz de lo anterior, el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela solicita que la comunidad internacional rechace
enérgicamente la injerencia sistemática y continuada que mantiene el Gobierno
de los Estados Unidos de América en nuestros asuntos políticos internos, puesto
que ello atenta contra los valores fundamentales de la convivencia pacífica
entre los Estados, y contraviene el derecho internacional universal establecido
en la Carta de las Naciones Unidas.
NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LA NO INJERENCIA EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE
LOS ESTADOS, VULNERADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS:
·
El numeral 7 del artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas, dispone claramente como principio fundamental que regula el
accionar, tanto de la Organización como de sus países miembros, la obligación
de no intervenir en los asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados.
·
Este principio, está plenamente desarrollado en la «Declaración
sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de
Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas» (Resolución de la Asamblea General de la ONU N° 2625 (XXV)
del 24 de octubre de 1970), en la que se prevé lo siguiente:
«Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos
de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también
cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad
del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo
constituyen, son violaciones del Derecho Internacional.»
· De igual manera, el artículo 3 (e) de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos establece como un principio de
obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la organización «la
obligación de no intervenir en los asuntos de otro Estado», y el artículo 19 de
la misma Carta, dispone expresamente que:
«Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos
de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada,
sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de
la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales
que lo constituyen.»
La codificación normativa de este principio hace indudable su
obligatoriedad para todos los países de la región, a fin de mantener una buena
relación que propenda al aseguramiento de la paz y la seguridad
internacionales.
· Otra manifestación más de que este principio universal
constituye una costumbre hemisférica, practicada con plena obligatoriedad por
todos los países de la región americana, puede apreciarse en el párrafo 23 de
la Declaración de Caracas del 2 y 3 de diciembre de 2011, emanada de la
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la
cual este mecanismo político e integracionista, que es el de mayor representatividad
americana, reconoció como unos de sus valores y principios orientadores, el
respeto a la soberanía; el respeto a la integridad territorial y; la no
injerencia en los asuntos internos de cada país.
· Siendo reafirmada esta postura principista en la Declaración
Especial sobre la Democracia y el Orden Constitucional en la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del 3 de diciembre de 2011,
donde quedó expresado lo siguiente:
«Ratificamos la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a la
autoridades legítimamente constituidas como expresión de la voluntad soberana
de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y la defensa de las
instituciones democráticas, que constituyen garantías indispensables para
asegurar la paz, la estabilidad y la prosperidad económica y la justicia
social…»
·
De igual modo, en el ámbito regional, la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) ha reafirmado en diversas ocasiones la
convicción de sus Estados miembros en relación a la obligatoriedad para toda la
comunidad internacional del principio de la no intervención, el respeto
irrestricto de la soberanía de los Estados, y la no injerencia en los asuntos
internos. Ello en aras de mantener la seguridad regional y la paz
internacional.
· En la Decisión para el Establecimiento del Consejo
de Defensa Suramericano de la UNASUR, del 16 de diciembre 2008, la Unión
enfáticamente dispuso en su artículo 3, como principios rectores para la
defensa suramericana:
«(a) [El] respeto de manera irrestricta a la soberanía, integridad e
inviolabilidad territorial de los Estados, la no intervención en sus asuntos
internos y la autodeterminación de los pueblos.
(e) [La] salvaguarda de la
plena vigencia del Derecho Internacional, en concurrencia con los principios y
normas de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los
Estados Americanos y el Tratado Constitutivo de UNASUR.
(m) Reafirmar la convivencia
pacífica de los pueblos, la vigencia de los sistemas democráticos de gobierno y
su protección, en materia de defensa, frente a amenazas o acciones externas o
internas, en el marco de las normativas nacionales…»
·
La Declaración Conjunta de la Reunión
Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de la Unión de Naciones
Suramericanas, del 28 de agosto de 2009, reiteró su énfasis a que «el
irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de
los Estados, la no injerencia en asuntos internos y la autodeterminación de los
pueblos son esenciales para consolidar la integración regional», y, en este
orden de ideas expresó la «disposición de consolidar en Suramérica una zona
de paz, fundamento para el desarrollo integral de nuestros pueblos, y la
preservación de sus recursos naturales, a través de la prevención de
conflictos, la solución pacífica de las controversias y la abstención de
recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza.»
