Polémicas multas en España: los primeros efectos de la ley mordaza

Un manifestante en España contra la Ley Mordaza. Foto Reuters

Tomado de La Jornada.
Por DPA

Dos meses después de la entrada en vigor en España de la polémica ley de seguridad ciudadana, apodada por sus detractores ley mordaza y aprobada en solitario por el conservador Partido Popular de Mariano Rajoy, las primeras multas han sembrado la controversia en el país.

 

Una de las más comentadas es la que recibió hace unos días una mujer en la localidad de Petrer, en la provincia de Alicante, al sureste, por subir a Facebook una fotografía de un vehículo de policía estacionado en un lugar reservado para personas con movilidad reducida. "Aparcas donde te sale de los cojones y encima no te multan...", escribió la usuaria junto a la imagen.

La consecuencia: una multa de 800 euros (910 dólares) interpuesta por los propios agentes, quienes aplicaron el artículo 36.23 de la nueva normativa, que prohíbe la toma de imágenes de las fuerzas de seguridad en caso de que se "pueda poner en peligro la seguridad de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".

"En este caso no se cumplía ninguno de estos requisitos", lamenta en conversación Carlos Beneitez, portavoz de la plataforma No Somos Delito, que desde hace más de un año denuncia las posibles consecuencias de la llamada ley mordaza.

El efecto más llamativo en que sustrae la sanción de conductas del control previo de los jueces. Las faltas, infracciones leves instruidas por un juez, se convierten en su mayoría en sanciones administrativas que son castigadas con multas impuestas directamente la administración. Solo es posible la intervención judicial a posteriori, si se interpone un recurso contencioso administrativo.

Mientras el gobierno de Rajoy defiende que la ley es "plenamente garantista" y que con ella se aligera el funcionamiento de la Justicia, algunos magistrados consideran que supone una pérdida de garantías para los ciudadanos.

"Como muchas de las resoluciones judiciales relativas a protestas o escraches (señalamientos) a políticos no han gustado al gobierno, éste ha creado un procedimiento administrativo donde la administración es juez y parte", denuncia Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

La ley de seguridad ciudadana, que contempla multas de hasta 600 mil euros por manifestarse en "lugares críticos", fue impulsada por el gobierno de Rajoy en uno de los momentos de más contestación social en España, a raíz de las políticas de ajuste aplicadas en medio de la crisis económica más importante de la historia reciente del país.

Sus detractores denuncian que fue hecha a medida para "castigar" las acciones de algunos de los principales colectivos de protesta: entre ellos la ONG Greenpeace, plataformas ciudadanas antidesalojos o el 15-M, también conocido como movimiento de los "indignados".

Pero en sus dos primeros meses en vigor, coincidentes con el verano español y con escasas acciones de protesta, se ha aplicado principalmente a ciudadanos de a pie de calle. Como un camionero de Málaga, en el sur que fue sancionado con 300 euros por llamar "colega" a un policía en un control de alcoholemia. O un joven que fue multado por hacer un comentario a través de las redes sociales en el que llamaba "escaqueados" a los policías de su localidad.

"Los primeros supuestos en los que se ha aplicado la ley confirman los peores presagios que teníamos sobre los riesgos en cuanto a limitación de las libertades. Una de las críticas mayores que hicimos es que... se trata de normas ambiguas que en manos de las fuerzas policiales llevan a sanciones desproporcionadas, injustificadas y con elementos de indefensión de las personas que son sancionadas", dice Bosch.

La ley de seguridad ciudadana también ha servido de base en estos dos meses para multar a prostitutas por "obstruir la vía pública" en ciudades como Madrid. Colectivos sociales denuncian que estas sanciones empeoran la situación de las mujeres, que se ven abocadas a alejarse de los núcleos urbanos y buscar lugares más peligrosos.

"Hubo un caso muy llamativo, de una prostituta que era víctima de una red de trata de personas para la explotación sexual. Y aún así fue multada con 600 euros", destaca Beneitez.

Ahora, la mirada está puesta en septiembre, cuando arranca el curso político en España. Coincidiendo con dos campañas electorales en el país, la de los comicios de la región de Cataluña y la de los comicios generales previstos a final de año, se prevé un mayor número de acciones de protesta.

"Hemos detectado un mayor miedo a convocar y difundir convocatorias", advierte Beneitez. "Hay que tener en cuenta que solo por difundir a través de Twitter una protesta que termine en disturbios, se puede imputar un delito de incitación a los desórdenes públicos".

La ONU aprueba a Venezuela y suspende a España en Derechos Humanos

Tomado de Comité de Solidaridad con América Latina de Asturias (COSAL)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU divulgó el jueves 23 de julio sus apreciaciones sobre la implementación de los Derechos Civiles y Políticos en España, Venezuela, Reino Unido, la ex República Yugoslava de Macedonia, Canadá, Uzbekistán y Francia. Contradiciendo la opinión difundida hasta la saciedad por la práctica totalidad de los medios de comunicación de masas españoles, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó a Venezuela, a la que hace algunas recomendaciones, mientras que reprobó durísimamente a España hasta en 26 apartados.

Comité de Derechos Humanos de la ONU difundió informe sobre Venezuela

(Noticia publicada en la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH)

SANTIAGO/GINEBRA – Este jueves 23 de julio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio a conocer en Ginebra sus observaciones finales sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

El informe íntegro, titulado Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela se puede descargar aquí.

Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU se refieren a los aspectos positivos de la implementación en Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por el país en 1978. También resaltan las principales áreas de preocupación en la materia para los expertos y detallan recomendaciones de acción por parte del Comité al Estado examinado.

Revisiones periódicas

Venezuela forma parte de los 168 Estados del mundo que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, como tal, debe someterse a revisiones periódicas ante el Comité de 18 expertos y expertas internacionales que supervisa la implementación del PIDCP.

Simultáneamente se hizo público el informe Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, que se puede descargar íntegro aquí.

Así, el sábado 25 en el Diario El Mundo pudimos leer que…

España suspende el examen de Derechos Humanos de la ONU

España tendrá que repetir el curso de Derechos Humanos después de que Naciones Unidas le haya suspendido un puñado de asignaturas con títulos tremendos: Expulsiones en caliente, Racismo policial, Desigualdad de género, Violencia machista, Trata de personas, Ley Mordaza, Esterilización de discapacitados, Aborto ilegal, Centros de Internamiento de Extranjeros…

Una representación de España -seis Ministerios, Fiscalía General y Misión ante Naciones Unidas- compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que examinaba a varios países sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Parte.

Tras analizar lo presentado por España, Naciones Unidas acaba de dar las notas: suspenso. El informe suma hasta 26 «preocupaciones» por el incumplimiento del Pacto y críticas por la persistencia de leyes y prácticas contrarias a los Derechos Humanos.

- RACISMO POLICIAL. Naciones Unidas afea la existencia de «controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos, en particular los romaníes». Pide a España que «elimine el uso de perfiles étnicos por los policías y funcionarios», que se «incremente la capacitación para esos agentes sobre sensibilidad cultural» y que «lleve a los responsables ante los tribunales».

- DISCRIMINACIÓN. El informe refleja «discriminaciones» a inmigrantes y minorías étnicas «en el acceso a la vivienda, educación, empleo y salud».

- ESTERILIZACIONES FORZADAS. La ONU critica la «esterilización forzada a personas con discapacidad, cuya capacidad jurídica no se reconoce». El Comité exige que se «obtenga el consentimiento informado de las personas con discapacidad».

- DESIGUALDAD DE GÉNERO. Las mujeres están «insuficientemente representadas en los puestos decisorios». Inquietan las «notables diferencias salariales entre hombres y mujeres».

- VIOLENCIA MACHISTA. Naciones Unidas apunta la «persistencia» de la violencia machista y alerta sobre el «alto grado de violencia que sufren las inmigrantes, que no suelen denunciar las violaciones sufridas». Propone «aumentar» la protección a las mujeres de origen romaní e «investigar» las denuncias de mujeres «especialmente vulnerables y marginadas».

- ABORTO ILEGAL. La ONU no está de acuerdo con la reforma de la ley, que obliga a las mujeres de entre 16 y 18 años, incluso en situaciones de violencia familiar, a obtener el consentimiento de sus padres para interrumpir el embarazo. Ello «puede aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la salud de las mujeres».

- MALOS TRATOS POLICIALES. El informe refiere un «uso excesivo de la fuerza y malos tratos» de agentes del Estado, critica la «debilidad en las investigaciones» y rechaza los indultos a policías condenados por torturas. Exige «eliminar la tortura, establecer órganos de denuncia independientes, asegurar que los exámenes forenses sean imparciales y prohibir indultos a culpables de torturas». Alaba la grabación de interrogatorios, pero lamenta que no sea sistemática.

- LOS CIE. A Naciones Unidas le preocupa el «uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular» y pide que todos los CIE tengan instalaciones sanitarias.

- AISLAMIENTO DE DETENIDOS. Aunque celebra que la Ley de Enjuiciamiento Criminal «reduce» el uso del régimen de incomunicación, la ONU pide que se «elimine la detención en condiciones de incomunicación».

- EXPULSIONES DE REFUGIADOS. El informe critica las «expulsiones en caliente», los «vuelos de deportación» y las «denegaciones de asilo» a solicitantes no sirios. Y todo ello con «malos tratos». Pide que España revise la Ley de Seguridad Ciudadana y que garantice que «autoridades extranjeras no cometan violaciones de Derechos Humanos en territorio español» (en referencia a la Policía marroquí en las vallas de Ceuta y Melilla).

- LEY DE AMNISTÍA DE 1977. La ONU pide que se derogue, porque «impide la investigación de las torturas, desapariciones y ejecuciones» del franquismo. Pide que se revise la legislación de la exhumación de las fosas para que no recaiga en las familias y se garantice la igualdad en todas las CCAA.

- TRATA DE SERES HUMANOS. El documento de Naciones Unidas lamenta que España «siga siendo un país de destino, tránsito y origen de mujeres, hombres y niños víctimas de trata sexual y de trabajo forzoso».

- ‘LEY MORDAZA’. A Naciones Unidas le preocupa el «efecto disuasorio» para la libertad de expresión y de reunión de la Ley Mordaza. Cita el «uso excesivo de sanciones» y la prohibición de grabar a agentes de Seguridad del Estado. Pide a España que «revise la Ley de Seguridad Ciudadana».

¡Si esto es democracia, que Dios nos coja confesados!

Foto: El Confidencial

Por Gustavo de la Torre Morales.

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, llamada Ley Mordaza, propuesta por el Partido Popular (PP), se llevó hoy al Congreso. La misma fue aprobada contando con el respaldo del consenso mayoritario de un partido que siempre ha puesto sus servicios a favor de un minoritario sector beneficiado económicamente a base del robo, expolio y portazos que cercenan los derechos de la mayoría social. Un partido que favorecer el sector privado: los acaudalados que reciben la bonificación de tributar en un porciento mucho más bajo a las arcas públicas, les rebajan sus gravámenes por hacer “donaciones” a esas ONG’s que al final también los beneficia comercialmente, torpedea los servicios públicos para hacerse con los mismos y así continuar engrosando sus arcas, burla al fisco con cuentas en paraísos fiscales o, como se vivencia públicamente desde siempre, se ahoga en señalados casos de corrupción. 

Como respuesta encarnizada y justificativa, el portavoz del PP en la Comisión de Interior, Conrado Escobar, recordó al resto de los miembros de otras denominaciones políticas que la mencionada Ley era para asegurar la vida cívica de la sociedad de elementos violentos y la defendió con el aval de los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, como la sustituta de la llamada "ley Corcuera" o "ley de la patada en la puerta" que hizo el Gobierno de Felipe González… otro que bien canta y baila y que ya ha abogado por la unidad entre el PP y el Partido socialista Obrero Español (PSOE) y viaja para defender a personajes pagados por la CIA con el objetivo de crear disturbios en la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, no me llama la atención lo esperado de este resultado, como con otras medidas apoyadas por otros partidos de un corte derechista o medios mareados en la ola de la derecha; sino en que aun en la prensa alternativa se utiliza el vocablo “democracia” para señalar el proceso político actual del país, el cual ha sido producto de un “tránsito” que se llevó a cabo con el supuesto finiquito del franquismo (cosa que bien sabemos aún persiste en sus herederos: PP y PSOE).

La mayor parte de la sociedad, aun esa que se levanta en protestas contra las medidas de “austeridad” y privatización a golpes de imposiciones, se ha convertido en un ente ciego al tragarse que ese famoso período de transición los llevó a una “democracia”… muy bien han realizado el trabajo de alienación los grandes monopolios mediáticos, que hasta a los alternativos que se “ubican” en la izquierda, continúan usando los vocablos vendidos por la prensa sensacionalista.

El hecho de haberse creado, en un principio, un Estado de "Bienestar", sólo evitó otro colapso de explosión social y permitió algunas conquistas de beneficios sociales; pero eso no indica intrínsecamente el haberse alcanzado una democracia… ¡Perdón! Sin ofender lo que algunos “entienden” o se empeñan en "entender" como concepto de ello.

De todas formas, repasemos:

1-Se establece un Estado Monárquico, donde la monarquía vive del Estado (dinero público), amén que muchos de sus integrantes posean grandes fortunas por medio de negocios privados (además libres de tributaciones).

2-La elección gubernamental se lleva a cabo, obligatoriamente, a través de denominaciones partidistas, aunque estas son la identificación de sectores sociales específicos. Es decir, prevalece la división de la sociedad en clases. Esto limita que ese alto porciento social que no se identifica con los partidos existentes, se vea obligado (si tiene los recursos económicos) a crear un partido o votar por uno de los candidato que los partidos impongan. Es decir, se eligen gobiernos que responden a partidos y sectores sociales; no un gobierno que responda a toda la sociedad.

3-Se favorecen por los medios de información a los partidos con mayores recursos económicos, que pueden costear las campañas publicitarias para las diferentes elecciones: ejemplo de ello se muestra con el bipartidismo. Sólo en la actualidad, el único caso que “escapa” a ser encasillado de esta forma es el fenómeno Podemos (y lleva su análisis aparte).

4-Los Partidos, que hasta hoy alcanzaron la presidencia, han aprobado recortes sociales en los servicios públicos, han bajado las pensiones o se vanaglorian con subirlas en un porcentaje ridículo, han reducido presupuestos en programas científicos y educacionales. También han subido los precios y los impuestos a las rentas más bajas, han privatizado servicios públicos con la excusa que deben recortar en ellos y excusan su “salvación” precisamente en el sector privado, han salvado con el dinero público a bancos llevados al abismo por la quiebra, pero no establecen leyes que ayuden a quienes depositaron sus ahorros en dichos bancos. Así mismo,  socializan la deuda privada, salvando a este último sector con el coste de seguir manteniendo el ciclo de descalabro económico (llamado crisis) y las consecuencias que sólo pesan para la mayoría social.

4-Sin olvidar, que estos partidos, con la complicidad de otros de similares prácticas, han servido de paladines del gobierno de Estados Unidos, para aplaudir golpes de Estado en esos países latinoamericanos que buscan un camino propio o han dispuesto de fondos económicos para asistir a la llamada oposición (como ha sido en Cuba o Venezuela)_ No olvidemos el caso de Ángel Carromero en Cuba, como uno de los más recientes ejemplos, o el de Felipe González que se ha hecho ciudadano colombiano para poder moverse mejor en esa oleada contrarrevolucionaria venezolana y defender a Leopoldo López y a Ledesma, encausados por crear disturbios en ese país latinoamericano. ¿Por qué Felipe González no pone todo su empeño en defender a sus coterráneos de las injustas medidas de recortes de derechos que se están aprobando en su país natal?

5-Se “eligen” gobiernos que prometen mucho, aún sabiendo que sus “promesas” se basarán en los intereses que impongan los lobbies acaudalados (llamados eufemísticamente mercados financieros).

6-Gobiernos que se inclinan frente a la imposición yanqui de establecer bases militares en el territorio, las cuales también son puentes para vuelos secretos de la CIA en el traslado de prisioneros que no gozan del beneficio a un proceso judicial legal y quienes además han sido sometidos a la tortura.

7-Gobiernos con políticos que salen de sus funciones (sea cual sea el motivo) para terminar, casuísticamente, de asesores de grandes empresas que imponen sus condiciones de abuso a la sociedad: ENDESA, GAS NATURAL, MOVISTAR, SANTANDER, BANKIA, etc.

Pero para más inri, hoy jueves 26 de marzo de 2015, se aprueba en el Congreso una Ley que subordina mucho más los derechos ciudadanos a los intereses gubernamentales y posibilita a los cuerpos policiales practicar métodos represivos contra una ciudadanía sin derechos a entablar denuncia alguna.

Una vez más, incluyendo a muchos medios alternativos que se dicen de izquierda, comentan a través de sus espacios, que la aprobación de la Ley Mordaza es un paso atrás en la “democracia”.

¿Es democracia un sistema político que se basa en el beneficio a un minoritario sector, sostenido por fortunas logradas con el robo, expolio y portazos que cercenan los derechos de la mayoría social?

¡Si esto es democracia, que Dios nos coja confesados!

Por tanto, no creo que sea un retroceso en “democracia”, sino  otro paso atrás en este desigual sistema capitalista. Sugiero no seguir con la grosería de edulcorar al capitalismo salvaje que se sufre en este país. No se hagan eco del engaño que esparcen los grandes monopolios al servicio de los grandes capitales. Sólo así se alcanzaría concientizar mucho más a las masas de la realidad que se vive y padece... no se hagan eco de los vocablos y frasecitas de la derecha... porque de lo contrario no lograrán crear la cultura política necesaria para comenzar, finalmente, el cambio que tanto aspira la sociedad.

La prensa internacional acusa a Rajoy de ir “camino de una dictadura”

Título en el The Guardia: Primer Ministro español niega hablar de los fondos ilegales; pero admite un pésimo manejo acerca del escándalo. Después de meses de evasión, Mariano Rajoy dice a los parlamentarios que su error fue en apoyar a su ex-tesorero puesto en prisión.

Tomado de El Pajarito.es

“Camino a una dictadura”, “amenaza a la democracia”, “problemática”, “autoritaria”, estos son los términos que han aparecido en la prensa internacional, en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como ‘ley mordaza’) que el Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas. Una nueva normativa que ha despertado el recelo de columnistas del diario británico The Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos y que recoge Brais Benítez en lamarea.com.

En el Reino Unido, The Guardian con el titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan verdadera democracia”, una información firmada por Richard Seymour asegura que “el choque entre la austeridad neoliberal y la democracia popular” ha producido una crisis de “ingobernabilidad” en las autoridades. “La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática, de eso es lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el rotativo británico, que calificaba la reforma legal en España como “un ataque a la democracia”.

“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardian repasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para evitar que los ciudadanos protesten.

El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían ser los sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos que no están bajo ningún ente de este tipo. “Al tratar con las protestas más grandes en representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una mayor distancia física sobre las personas”, indicaba el artículo. “Por el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados extremistas , terroristas o incluso –suspiro teatral– anarquistas, y por lo tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la invocación de la ley ‘antiterrorista’ u otras leyes represivas”.

“Te deja sin palabras”

El diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicó un artículo con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas de la política de estabilidad europea y los que protestan” se las amenace con multas “deja sin palabras”.

“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja, puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o amenazar a la policía”, denunciaba el artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara algunas de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.

“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos civiles”, concluía.

“Una ley contra los indignados”

También el semanario alemán Der Spiegel se hacía eco de la reforma legal y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo máximo” que supone la norma. También las del director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez: “Esta es la nueva arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes, a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige contra el movimiento de los indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez que destacaba que “sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.

En Italia, Il Giornale informó de que “indignarse en España saldrá caro”, y destacó como “muy discutible” la confección de un “registro de infractores” que prevé la reforma legal, “con nombres y apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del evento”. En una información firmada por Giuliana De Vivo, se hacía eco de la “polémica” suscitada por el anteproyecto de ley y constataba que, “si estuviera en vigor en Italia, aligeraría gran parte de la cuenta bancaria de algunos de los participantes en manifestaciones”.

En este sentido recordaba el “provocador beso” de una manifestante a un policía antidisturbios durante una protesta contra la construcción de una línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Susa: “Según lo declarado por la protagonista, ‘no era un mensaje por la paz, sino que quería ridiculizar a la policía’”. Así que, insinuaba el artículo, con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor, en España este acto podría llegar a sancionarse con hasta 1.000 euros por “vejar o injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad”, una sanción que inicialmente se preveía como grave, con multas de hasta 30.000 euros.

Una reforma “altamente problemática”

El Consejo de Europa también manifestó sus reparos a la reforma legal del Gobierno. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, afirmó en Bruselas que el borrador presentado por el Ministerio del Interior es “altamente problemático”, y planteó sus dudas acerca de la necesidad de mantener estas “restricciones en una sociedad democrática, sin interferir demasiado en la libertad de reunión“.

Muiznieks se mostró “seriamente preocupado” por el impacto que pueda tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera que el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta porque la ciudadanía tiene derecho a expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno”.

Ver también:

El “Estado de Bienestar” en España se desangra.

Rajoy, su “túnel” y el panorama de España.