¿"Los Ángeles en llama"?

 

Foto tomada de Reuters. Manifestación en solidaridad con las protestas en Los Ángeles contra las redadas federales de inmigración, en Austin, Texas.

Tomado de la cuenta de FB de Gustavo de la Torre Morales

El señor Trump, presidente de los EEUU, aprobó sacar a la Guardia Nacional y los Infantes de Marina, para aplacar las protestas en las calles de Los Ángeles.

Según el Sr. Trump, Los Ángeles es una ciudad "invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales", codificando tajantemente a la inmigración como delincuencia.

Clinton vs Trump ¿Son democráticas las elecciones en EE.UU?

Por Gustavo de la Torre Morales.

Desde el gobierno de Estados Unidos, sus círculos mediáticos y algunos otros medios a su servicio de forma sumisa, han pululado siempre que las elecciones en ese país son las más democráticas, porque son el reflejo de la elección popular. Sin embargo, el ciudadano estadounidense no es quien elige directamente al presidente, como falsamente se ha promulgado a los cuatro vientos.

LAS PRIMARIAS

La elección. La nominación del candidato presidencial puede hacerse mediante dos sistemas: caucus o elecciones primarias.

El sistema Caucus se basa en una asamblea partidaria con los ciudadanos registrados y afiliados al partido en la que, a mano alzada o depositando el voto en una urna, eligen a su candidato.

El sistema de Primarias puede llevarse a cabo de dos maneras:

Las Partidistas, en las cuales cada partido realiza su propia elección de los candidatos y donde puede realizarse en varias fechas, y que a su vez pueden ser:

Abiertas: no importa la afiliación del ciudadano.

Cerradas: sólo puede votar los afiliados al partido o los declarados independientes que se registren como partidarios antes de la elección.

Semi-cerradas: los votantes registrados de un partido sólo pueden votar en las primarias de dicho partido y los independientes elegir uno de los dos sin necesidad de afiliarse.

Y las No Partidistas, que los candidatos compiten por ser nominados, sin tenerse en cuenta el partido al que se encuentran afiliados.

CANDIDATOS.

En esta campaña de 2016, de todos los que fueron elegidos como candidatos, hoy en día sólo quedan Hillary Clinton, quien fue nominada por el Partido Demócrata, y Donald Trump, por los republicanos.

Ambos candidatos muy enrollados en escándalos de diversos tipos; ejemplos:

Trump por machista, xenófobo, estrafalario y por soltar estrafalarias burradas… como el de construir un muro entre EEUU y México y que sean los mejicanos quienes paguen el coste de tan engendro.

Hillary Clinton por sus conspirativos emails llenos de estratagemas políticas tanto inside como outside las fronteras del país… incluyendo los de apoyar a Israel aunque cueste la vida de 200 mil palestinos más.

Colegio electoral y el voto

Las votaciones se hacen de manera indirecta por cada Estado. Realmente, los estadounidenses no eligen a su presidente; sino a un grupo de personas (los llamados electores) que serán los encargados de ir a un colegio electoral y decidir con sus votos quién será el presidente del país.

Los colegios electorales de cada Estado cuentan un número de electores proporcional a sus poblaciones. Los estados con poblaciones más grandes tienen por tanto mayor representación. Es decir, se escogen electores por los 50 Estados y el distrito federal (Distrito de Columbia).

Esto incluye que cada Estado tiene 2 senadores fijos y en referencia a su número de electores en el Colegio electoral, tienen su número de representantes en el Congreso del país; el cual se divide a la vez en Cámara de los Representantes y en el Senado. Es decir, un elector por cada miembro que tiene el estado en la Cámara de Representantes y un elector por cada miembro del Senado (que son 2 fijos).

Ahora, colegio electoral está compuesto por 538 electores. Estos tienen la responsabilidad de votar por el “ticket electoral”; es decir, es el dúo presidencial formado por el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia.

De forma general, los electores de los diversos Estados votarán a los candidatos con mejores resultados en el voto popular. Es decir, que el candidato que consiga la mayoría de los votos, se lleva la totalidad de los electores del distrito o Estado. A excepción de Maine y Nebraska, en los cuales se usa el sistema de “representación proporcional”, en los cuales se conceden parte de sus votos electorales al ganador de las elecciones populares y un voto al ganador de cada uno de sus distritos del congreso.

Sin embargo, cuando el Colegio electoral ejerza su oficio al voto, el número mágico es el que obtenga 270 votos (la mitad más uno de los electores); el cual dará como ganador a quien asumirá el cargo de presidente enero de 2017.

Pero siempre los electores han votados a sus candidatos ¡No! Hasta en esto violan a lo que ellos llaman democracia. En cuatro ocasiones el candidato con más votos populares no ha resultado elegido. Ejemplos de ello son:

John Quincy Adams fue elegido Presidente, en 1824, aunque el General Andrew Jackson obtuvo 38.000 votos populares más.

Rutheford B. Hayes, quien en 1876, obtuvo el apoyo casi unánime de los estados pequeños y resultó elegido Presidente, a pesar de que J. Tilden consiguió 264.000 votos populares más que él.

Benjamin Harrison fue elegido Presidente, en 1888, con menos votos populares que Grover Cleveland.

George W. Bush, quien fue elegido Presidente, en 2000, con 271 votos electorales y gracias a la adjudicación de los votos del estado de Florida tras una impugnación y recuento; muy a pesar de que Al Gore obtuvo casi 450.000 votos populares más, sólo llegó a 266 votos electorales sin el apoyo de Florida.

¿QUÉ INFLUYE PARA LAS ELECCIONES?

Por supuesto que la única manera que los candidatos sean conocidos de manera general en su Estado y el país es a través de los medios de comunicación. Los grandes monopolios de la información juegan un importante papel en este engendro de lucrativos negocios.

En el negocio electoral se debe poner en juego la fortuna, ese backup con el que cuenta el candidato; sea personal o por medio de “donativos”.

El candidato o Partido que más apueste dinero, mayor será su campaña en los medios; mayor soporte comunicacional, mayor promoción, mayor participación en programas de alto ranking, mayor cobertura a cada una de sus actividades sociales, mayor cantidad de patrocinadores que se traducen en la aportación de millones de dólares… que es igual a compromisos con estos lobbies de poder económicos.

No importa a quien votes, el dinero siempre gana.

El país se puede estar cayendo a pedazos, la desigualdad y el desamparo puede estar cercenando la mayoría de los derechos de amplios sectores populares, la crisis económica puede estar ahogando a millares de familias o dejando a millones de personas en la calle, la pobreza puede estar cobrándose vidas humanas, los flagelos de la prostitución y las drogas pueden estar desmoronando a la sociedad estadounidense; pero el millonario negocio de las campañas electorales seguirá llenando sus arcas, mientras vacía las mentes de toda la sociedad. No importa si en el proceso de llevar a quien más millones gaste a presidente, siembra con su trabajo, un estatus de triunfalismo y poderío universal a través de la obnubilación del raciocinio y la enajenación.

Realmente no importa la realidad que se constata en las calles, ni tampoco las reales necesidades y carencias esenciales de la población… solo importa hacer negocio, dar discursos que ofusquen consciencias, crear espectáculos que generen furor por las promesas y enfoquen la opinión pública en aspectos externos (el terrorismo, los gobiernos conflictivos y molestos, las violaciones de los DDHH allende las fronteras, las dictaduras militares) que finalmente son parte esencial de la misma política domestica, creada y exteriorizada por el propio sistema político de ese país.

Entonces, nos queda la pregunta ¿Son democráticas las elecciones en EE.UU.?

Tomando como fuente los datos del Washington Post, vemos lo que los actuales candidatos (Hillary Clinton y Donald Trump) han logrado acumular.

     Hillary Clinton

·                     $556 millones: Campaña de Hillary Clinton

·                     $544.4 millones: Comité del partido demócrata y iniciativas conjuntas de recaudación de fondos

·                     $188 millones: Super PACs

Total: $1.3 mil millones

Donald Trump

·                     $248.3 millones: Campaña de Donald Trump

·                     $486.7 millones: Comité del partido republicano y iniciativas conjuntas de recaudación de fondos

·                     $60.1 millones: Super PACs

Total: $795 millones

¿Quiénes se benefician de estos millones? La respuesta es simple: unos pocos listillos acaudalados que han hecho negocio a costa de la sociedad, mientras esa misma sociedad sigue viviendo sus precariedades que no son resueltas por culpa de la ¿Crisis o por falta de democracia?

Con datos de: http://www.lanacion.com.ar/, http://es.gizmodo.com/, http://www.eleconomista.es/ y https://www.washingtonpost.com 

Armas, juguetes y racismo

Tomado de Democracy Now
Por Amy Goodman y Denis Moynihan.

Bienvenidos a la ciudad de Cleveland, donde esta semana se celebró la Convención Nacional Republicana. La Convención Republicana es una fiesta privada minuciosamente guionada y montada, con una puesta en escena calibrada hasta el detalle y con gran despilfarro que se financia con fondos públicos. Aquí, los delegados acreditados, la mayoría de los cuales son activistas del Partido Republicano provenientes de todo el país, circulan en el interior de un perímetro militarizado demarcado para lo que las autoridades han designado como un “evento especial de seguridad nacional”. Por lo tanto, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha tomado control total de la zona, en este caso, el centro de Cleveland. La zona está rodeada por un vallado de acero negro, provisorio pero imponente, patrullado por todo el espectro policial, desde la policía local hasta equipos SWAT federales. Aún así, debido a que Ohio cuenta con leyes extremadamente tolerantes para la regulación de las armas de fuego, la gente puede “portarlas libremente” aquí. Y lo hacen. Al caminar por calles del centro de la ciudad, muchos de los simpatizantes de Trump han exhibido con orgullo las armas de fuego que portan en el costado de su cuerpo, incluso armas semiautomáticas como el AR-15.

Sin embargo, no todo se puede portar libremente. Muchas cosas están prohibidas: las pelotas de tenis, los sobres de dormir, los palos para autofotos o selfie sticks y los productos enlatados. Para poner de manifiesto lo absurdo de la situación, la organización pacifista de mujeres Code Pink llevó a cabo una manifestación ante el puesto de control de acceso a la Convención Republicana. Aproximadamente una docena de mujeres vestidas de rosado llevaban en sus carteras 500 pelotas de tenis rosadas y verdes que tenían escrita la frase “Prohíban las armas, no las pelotas". Frente al puesto de control, las mujeres comenzaron a lanzarse las pelotas entre ellas.

Rápidamente la policía de Cleveland formó un cordón policial que intentó hacer un círculo en torno a las manifestantes. Los agentes procedieron a confiscar las pelotas de tenis. Hubo confusión cuando uno de los agentes consultó a un superior “¿Qué hacemos con las pelotas?”. “Pónganselas en los bolsillos”, fue la exasperada respuesta. La policía amplió con agresividad el cordón, empujando a observadores y periodistas para apartarnos. Logramos esquivarlos y acercarnos a las activistas para preguntar a la integrante de Code Pink Chelsea Byers qué era lo que estaba sucediendo: “Estamos aquí, para decir que es ridículo que la Convención Nacional Republicana haya prohibido las pelotas de tenis y aún así sigan permitiendo que se porten armas libremente por estas calles. Si les preocupa la seguridad, deberían sacar las armas de estas calles en lugar de prohibir los juguetes". Para apoyar a la policía de Cleveland, llegó un gran contingente de la Policía Estatal de Indiana y luego fue desplegada la policía antidisturbios. Finalmente, llegó un cuerpo de oficiales montados a caballo. Todo este despliegue por quince mujeres y un hombre de Code Pink y sus 500 pelotas de tenis.

La segunda velada de la Convención Republicana estaba por comenzar. Miles de personas ingresaban al Quicken Loans Arena. Por primera vez en la historia, un representante de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) estaba invitado a pronunciar un discurso en el marco de la Convención.

La cofundadora de Code Pink Medea Benjamin nos dijo durante la acción de protesta: “Pensamos que, desafortunadamente, la Asociación Nacional del Rifle ha estado diagramando la agenda de todo el país, en especial la del Partido Republicano. Es lamentable que la NRA tenga tanto poder en este país. Es por eso que observamos armas en nuestras calles y gente baleada cada día, cada hora de cada día". Finalmente, una vez que todas las pelotas de tenis fueron confiscadas de manera segura, la policía se retiró.

A noventa cuadras de la Convención Republicana, en Cudell, un vecindario mayoritariamente afroestadounidense de Cleveland, se alza en un parque infantil del vecindario un pequeño santuario de peluches y cruces. El 22 de noviembre de 2014, Tamir Rice, de doce años de edad, estaba jugando en ese parque con un arma de juguete en sus manos. Alguien llamó al 911 para denunciar el arma, aunque aclaró en la llamada que era posible que el arma no fuera real. Dos agentes de policía de Cleveland se precipitaron al lugar. Condujeron velozmente por el césped y en cuestión de segundos abrieron las puertas del patrullero y le dispararon a Tamir en el estómago. La muerte de Tamir Rice a manos de la policía reavivó las protestas que se llevaban a cabo desde hacía algunos meses cuando la policía mató a Eric Garner en Staten Island y a Michael Brown en Ferguson, Missouri.

Mientras estábamos realizando nuestra cobertura de la Convención Republicana, visitamos el lugar donde Tamir recibió los fatales disparos. Nuestra guía fue la ex senadora estatal de Ohio Nina Turner. Como madre afroestadounidense, la exsenadora Turner mantuvo esa conversación tan familiar con su hijo acerca de la manera en que tiene que actuar frente a la policía... cuando no lleva puesto el uniforme. Su hijo es agente de policía, al igual que lo fue su esposo, que actualmente está jubilado. De pie en el lugar donde le dispararon a Tamir, justo el día en que fueron asesinados en Baton Rouge tres agentes de policía y una semana después de que otros agentes murieran baleados en Dallas, Nina Turner compartió con nosotros su punto de vista único: “La mayor brecha que tenemos en este país es una brecha de valor, es el hecho de que la vida de un afroestadounidense en realidad no se valora como la de sus hermanas o hermanos blancos de este país. Tenemos que aceptarlo”, nos dijo mientras nos encontrábamos de pie junto al monumento en memoria de Tamir. .

En Cleveland, el Partido Republicano designó oficialmente a Donald Trump como el candidato a la presidencia de Estados Unidos por ese partido. Fuera de la convención, sus simpatizantes fueron libres de desfilar por las calles con rifles de asalto. Tamir Rice habría cumplido catorce años el mes pasado, si la policía simplemente le hubiera dado la posibilidad de soltar su arma de juguete. Esta mortal desigualdad continuará aterrorizando a este país hasta que nos comprometamos verdaderamente a enfrentar el racismo y la violencia armada.

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© 2016 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Racismo institucionalizado en los Estados Unidos

Los episodios de violencia racista vividos últimamente en Estados Unidos y las protestas de los afectados señalan un problema evidente. Tanto el sistema judicial como el proceso penal norteamericanos están fundados en el principio de igualdad, sin exclusiones explícitas por motivos raciales. ¿Dónde está el problema? El autor examina las prácticas institucionales que permiten apreciar hasta qué punto el racismo, pese a su interdicción legal, se encuentra arraigado en el país.

Tomado de Diario.es
Por Bartolomé Clavero.

Últimamente, se han sucedido noticias sobre muertes de jóvenes afroamericanos a manos de la policía en ciudades estadounidenses y sobre la reacción, eventualmente por igual violenta, de quienes entienden que se trata de episodios del racismo todavía rampante por aquellas latitudes. El caso más reciente es el de Freddie Gray, muerto en Baltimore el pasado 19 de abril por el trato sufrido bajo arresto policial. En esta ocasión, contrastando con otras, la fiscalía ha reaccionado con diligencia. Seis agentes han sido acusados de diversos delitos, incluyendo el de asesinato. ¿Asunto en vías de resolución? ¿Basta el juicio, si de verdad progresa, para resolver este tipo de casos? Ello depende de si en Estados Unidos hay o no hay a estas alturas racismo institucionalizado.

Quienes, entre la ciudadanía estadounidense de descendencia africana, reaccionan violentamente contra ese tipo de casos están manifestando que no confían en los remedios judiciales ni políticos ordinarios por entender que el racismo institucionalizado existe y que las víctimas no sólo son las que perecen en manos de una policía racista. La imagen que hoy ofrecen los Estados Unidos es sin embargo la contraria. Habiendo sufrido una severa institucionalización del racismo tras la abolición de la esclavitud, en los años sesenta del siglo XIX, frente a la posibilidad de que la población afroamericana se incorporara plenamente a la ciudadanía, los Estados Unidos estarían desmontando todos los mecanismos de exclusión y discriminación racistas desde los años sesenta del siglo XX gracias a la legislación federal de derechos civiles y a la evolución de la jurisprudencia en una línea igualmente antirracista. Quienes reaccionan de forma violenta ante dicho tipo de casos están diciendo que esa imagen no responde a la realidad en la que viven y que no ven vías políticas para salvar la brecha.

Veamos datos. Estados Unidos cuenta, de una parte, con un sistema de participación política y judicial, esto fundamentalmente mediante el jurado, que no excluye hoy de entrada a ningún contingente de la ciudadanía; de otra parte, también cuenta con un régimen penal y penitenciario bastante severo sin discriminación tampoco de principio ni en la defensa de víctimas ni en la persecución de delincuentes. Comencemos por lo segundo.

En la práctica, la mayor parte de los casos penales se solventan, no en juicio público, sino, sin publicidad, mediante negociación y acuerdo sobre asunción de culpabilidad y aceptación de pena, lo que abre muchas posibilidades de lenidad a favor de los núcleos pudientes y de chantaje en contra de los sectores marginados. Las garantías judiciales, incluso cuando hay juicio, están hoy más en los libros de derecho que en la práctica de la justicia. Aquí, en la letra pequeña, es donde la discriminación se produce. Y está a la vista que presenta un cariz marcadamente racista.

Estados Unidos guarda hoy en prisión a dos millones doscientas mil personas. Con alrededor del cinco por ciento de la población mundial, tiene el veinticinco por ciento de la legalmente encarcelada. Además, cuatro millones setecientos cincuenta mil estadounidenses están en libertad condicional bajo regímenes de vigilancia bastante estricta. No hay ningún otro Estado en el mundo que se acerque mínimamente a tal situación. Pero el dato más relevante a nuestros efectos todavía no está dicho. Cerca del cuarenta por ciento de la población encarcelada es afroamericana cuando la misma sólo constituye el trece por ciento de la población de los Estados Unidos. Si desglosamos, están hoy en prisión más de la décima parte de los afroamericanos estadounidenses, de ellos y de ellas, entre veinticinco y treinta y cinco años. Apréciese el alcance de estos datos no sólo por sí mismos, sino también por la desestructuración social y familiar que produce en un grupo de población que mantiene una fuerte conciencia de comunidad.

No se piense que se trata tan sólo de secuelas de la difícil superación de un racismo que estuvo y ya no está institucionalizado. En lo que respecta a la población afroamericana, los datos de hecho han empeorado notablemente en el último medio siglo, desde cuando, precisamente, se produjo el giro a favor de los derechos civiles. Paralelamente, el sistema penal ha venido endureciéndose mediante una legislación que reduce las facultades de jueces y de jurados en la apreciación de los hechos y del derecho imponiendo penas desproporcionadas para delitos no violentos que, en la práctica, afectan muy especialmente a la población afroamericana. En un sistema que no conoce el código penal en el sentido de previsión tarifada de penas, es otra novedad que de hecho está sirviendo para encarcelamiento selectivo sin apariencia de discriminación.

¿Pero no existe un sistema de participación política y judicial a cuyo través la ciudadanía afroamericana puede hacer valer sus aspiraciones e intereses? Veamos también datos. De entrada, el sistema penitenciario, con la discriminación que arrastra, tiene sus efectos en este ámbito, pues quedan inhabilitados para el ejercicio de derechos de ciudadanía no sólo los millones de encarcelados y en libertad condicional, sino también, ulteriormente, quienes cuentan con antecedentes penales. No se tiene cifra exacta de cuántos millones de personas están excluidos del sistema político por esta vía, pero la desproporción en contra de la población afroamericana puede presumirse. En Estados Unidos, no hay censo electoral de oficio, sino que hay que inscribirse en el mismo. Una persona afroamericana con antecedentes penales lo tiene más que difícil.

Tras la abolición de la esclavitud, en los estados sureños de los Estados Unidos se pusieron en práctica todo tipo de mecanismos para evitar el acceso a la justicia de los servodescendientes y, con no menor empeño, su inscripción en los censos electorales, todo ello sin mayores dificultades institucionales porque el constitucionalismo federal había interiorizado el racismo del constitucionalismo esclavista y era así permisivo. Al cabo del siglo, con la legislación de derechos civiles y el activismo judicial federales, tales mecanismos comenzaron a desmontarse. La administración federal se vio facultada ahora para controlar la práctica electoral de los estados. En principio, incluso la regulación de las elecciones federales es competencia, no de la federación, sino de los estados. El cambio del escenario político por el acceso de la ciudadanía afrodescenciente a los censos electorales y a la justicia en todos los estados ha sido realmente espectacular, pero, igual que ha pasado en el ámbito penitenciario, no estamos ante una evolución sostenida hasta hoy. Hay también involución.

La Corte Federal Suprema, de mayoría hoy conservadora, decide que el éxito de la reforma electoral ha sido tal que debe ir prescindiéndose de los mecanismos de supervisión y control puestos en práctica en beneficio de la participación afrodescendiente. Procede así a una devolución de competencias a los estados que, en bastantes casos, se aprovecha para una recuperación de mecanismos ahora más sutiles de disuasión de inscripciones en los censos electorales. No sólo se tiene en la mira a la población afrodescendiente. Por ejemplo, en estados con universidades atractivas para estudiantes de otros estados, se está imponiendo que el documento acreditativo de la personalidad, que suele ser el carnet de conducir (en Estados Unidos no hay carnet de identidad y el de conducir lo emite cada estado), tenga que ser el del propio estado y no de otros, con lo que se dificulta la participación de estudiantes. Son mecanismos que afectan también negativamente a sectores menos integrados como buena parte del afroamericano, no raramente sin la acreditación que ahora se exige. Se calcula que más del diez por ciento de la ciudadanía no cuenta con documento de identificación al que se le conceda ahora validez a efectos electorales y que más de la mitad de este contingente es afroamericana.

La actual mayoría conservadora, del partido republicano, en el Congreso federal, una mayoría que bloquea por completo cualquier posibilidad de revisión de la situación dada, tanto la penal como la política, se consigue mediante márgenes bastante ajustados en los estados que están aprovechándose de la relajación de los controles federales del sistema electoral. Y el poder que los sectores más conservadores de ese mismo partido mantiene en una serie de estados depende igualmente de tales manipulaciones. No se trata de especulaciones, sino de datos contrastados, estado por estado.

Ténganse a la vista ante episodios que resultan difícilmente comprensibles de otro modo como el de las reacciones violentas colectivas frente a acciones policiales. Hay quienes en el fondo piensan que por los medios afroestadounidenses cunde la propensión al victimismo violento. Me gustaría verles en su pellejo.

EEUU, el país más rezagado en materia de Derechos Humanos

Tomado del Blog de Manuel Yepe
Por Manuel Yepe.

Estados Unidos, país cuyo gobierno se precia de ser cabeza, modelo y juez de la “democracia” en el mundo, es una de las naciones con mayor retraso en materia de derechos humanos.

Así lo afirma y fundamenta la escritora y destacada jurista, profesora y luchadora social venezolana por los derechos humanos Laila Tajeldine en artículo reproducido por la red “Rebelión”.

Por impedimentos legislativos propios, Estados Unidos no es parte de Convenciones internacionales tales como las que versan sobre los derechos de los niños; los derechos de personas con discapacidad; los derechos económicos, sociales y culturales; la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; los derechos los trabajadores migratorios y de sus familiares; la protección contra desapariciones forzadas; contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; la represión y castigo del crimen de apartheid; contra el apartheid en los deportes; y el protocolo facultativo del pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos destinados a abolir la pena de muerte.

Para evitar que se juzgue a sus soldados por la aplicación de torturas, masacres, asesinatos extrajudiciales y otros crímenes de guerra y lesa humanidad que cometan, Washington no reconoce para sí la competencia de la Corte Penal Internacional.

Según reputadas fuentes, 66 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza en Estados Unidos y el 51% de los estudiantes de escuelas públicas de Estados Unidos están en la pobreza.

En Estados Unidos, más de 50 millones de personas no tienen seguro médico y otra cantidad mayor cuenta una cobertura de salud ineficiente. El asunto es particularmente grave para los pobres, los afroamericanos y otros grupos con acceso limitado a la atención médica.

El salario de las mujeres es, como promedio, un 22% inferior al de los hombres con igual contenido laboral.

Las corporaciones mediáticas estadounidenses ignoran la persecución política que se practica contra quienes contrarían las políticas bipartidistas y capitalistas en Estados Unidos. Se oculta que hay alrededor de un centenar de presos políticos en ese país por luchar por los derechos civiles y políticos de la población afroamericana, la independencia de Puerto Rico, contra el fascismo y el racismo, por los derechos de las mujeres, etc.

Las prisiones privadas que funcionan en Estados Unidos han admitido que las altas tasas de encarcelamiento benefician sus negocios. Las cárceles aportan mano de obra más barata y no reconocen horas extras. Según el Centro Internacional de Estudios Carcelarios de Londres, Estados Unidos tiene 2,3 millones de personas privadas de libertad, la cifra más alta de presos en el mundo. El país tiene 5% de la población mundial y su población carcelaria representa el 23% de los privados de libertad a nivel global.

La población afroamericana representa el 36% de los presos en Estados Unidos, pese a que la población total afroamericana en ese país es de 12,6%. Los afroamericanos representan el 59% de los condenados y el 74% de los que reciben cadena perpetua.

Aproximadamente el 3% de presos en todas las cárceles de Estados Unidos reportan haber experimentado uno o varios incidentes de abuso sexual en el período de 2011-2012. Desde el 2013 estos tipos de estudios fueron cancelados en ese país por el impacto en la sociedad de las conclusiones.

Según un estudio publicado por el Left Business Observer de Estados Unidos, el 20% del PIB de Estados Unidos proviene de lo que se produce en las cárceles. Muchas compañías como IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Revlon, Macy`s, están produciendo desde las cárceles, beneficiándose de su mano de obra barata.

Los recientes actos de brutalidad policial contra la población afroamericana demuestran que la discriminación racial sigue siendo política de Estado en ese país.

En Estados Unidos cerca de 100 mil niños inmigrantes y negros son obligados a realizar trabajos forzados y sin ninguna protección del Estado. En los campos agrícolas los niños suelen trabajar diez o más horas diarias y corren el riesgo de intoxicación por pesticidas, envenenamiento, enfermedades producidas por el calor, lesiones, discapacidades permanentes o muerte.

Laila Tajeldine concluye señalando que “se hace necesario la conformación de un movimiento internacional no comprometido con las grandes corporaciones económicas, que se unan a la lucha del pueblo de Estados Unidos, silenciado por los medios de comunicación, para denunciar la sistemática y sostenida violación de los derechos humanos en esa nación”.

Las Guarimbas Vs Ferguson y Obama.

Por Gustavo de la Torre Morales.

Los hechos acaecidos en la hermana República Bolivariana de Venezuela, a partir del pasado febrero de 2014, con “protestas” incitadas desde la derecha de ese país y asesoradas y financiadas desde Estados Unidos, se cobró la vida de una cuarentena de personas (entre civiles y funcionarios) y más de 800 lesionados y, además, serios daños materiales y económicos al país.

El cierre de calles, la quema de montones de basura, alambradas o el tendido de guayas tensadas a la altura del cuello, disparos concertados contra la población desde escondidos puntos, la amenaza a ciudadanas y ciudadanos con objetos contundentes y cortantes, el incendio de edificios para el servicio sanitario y públicos o el ataque a pedradas contra transportes públicos, fueron gran parte de las acciones vandálicas que se cometieron con el nombre de “Guarimbas”.

Dichos actos aparecieron poco después que Henrique Capriles, dirigente del partido Primero Justicia y actual gobernador del Estado Miranda, perdiera por segunda vez sus aspiraciones de nominarse para presidente del país. Siendo el vandalismo la vía por la que optaba la derecha venezolana para seguir arrodillándose frente al imperialismo y cumplir con el objetivo de destruir la Revolución bolivariana y sus conquistas sociales. Ya que perdían en las elecciones por decimo-octava vez, la violencia era la opción B.

Mientras los culpables de dirigir la oleada de violencia eran descubiertos públicamente por el gobierno venezolano, la gran Prensa “libre” al servicio del capital, movía toda su maquinaria para manipular los hechos y demonizar al gobierno venezolano por las medidas (“antidemocráticas”, según los Mass Medias) tomadas por la dirección gubernamental del país.

Los medios mostraban a una Venezuela envuelta en caos, cuando la desobediencia y las guarimbas ocurrían sólo en 18 municipios, de los 335 existentes, fundamentalmente en esos que estaban bajo la administración de la derecha. Se dieron informaciones ambiguas y con falsos datos o, incluso, hasta por las redes se espació como virus el mostrar fotos de otros eventos, en otros países, y que se publicaban como si hubiesen ocurrido en Venezuela; de las cuales muchos medios se hicieron eco de las falacias.

Pero, ¿Quiénes eran esos líderes opositores que la prensa derechista y el gobierno norteamericano (junto con lacayos de Europa) mostraban como luchadores por la “libertad y la democracia” en Venezuela? Henrique Capriles (entre otras, con antecedentes por atentar contra la embajada cubana en Venezuela), María Corina Machado (financiada desde EEUU a través de Súmate), Leopoldo López (quien convocó a un golpe de Estado) y Antonio José Ledezma Díaz, Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas (acusado de ser copartícipe del intento de Golpe de Estado, en el cual se incluía el bombardeo de instituciones gubernamentales, con tal de provocar la muerte al actual presidente Nicolás Maduro Moros), eran los principales cabecillas de los desordenes ocasionados en parte del país; sirviendo como comidilla a la gran prensa capitalista_ y ¿libre?_ para demonizar al gobierno revolucionario de Maduro, continuador de la obra de Hugo Chávez.

Muy a pesar de las probadas acciones violentas y la incautación de artefactos explosivos, en poder de delincuentes que respondían a la orden de provocar disturbios, desde el gobierno de Estados Unidos reclamaban la liberación de los detenidos por ser manifestantes “pacíficos”. Con total frialdad y descaro, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf, expresó: “En el caso de López y en todos los demás casos, pedimos un proceso debido y la liberación inmediata de los que han sido detenidos en Venezuela mientras expresaban pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asamblea, unos derechos que el gobierno venezolano tiene obligación de proteger”.

A esto, los monopolios mediáticos se encargaban de “santificar” a estos cabecillas intelectuales del desorden y daban por sentado que este caos era producto de la influencia del “comunismo cubano” y de la “dictadura” surgida con el presidente Hugo Chávez.

En esta guerra declarada por el imperialismo yanqui, en complot con sus lacayos de la derecha venezolana, los monopolios mediáticos, el servilismo de gobiernos europeos y la rancia y chanchullera ultraderecha miamense, sale a la palestra el presidente Barack Obama, aprobando sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano (mediante la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, 2014”) y con esta una Orden Ejecutiva (E.O.), donde plantea: “YO, BARACK OBAMA, Presidente de los Estados Unidos de América, deduzco que la situación en Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones de derechos humanos, los abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno y el arresto y detención arbitraria de manifestantes antigubernamentales; así como la exacerbada presencia de la significativa corrupción pública, constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y por ello declaro una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza.

A la Orden Ejecutiva le acompañó una nota de prensa que planteaba: “Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno venezolano para acrecentar la intimidación hacia sus opositores políticos. Los problemas de Venezuela no pueden ser resueltos por la criminalización de la disidencia. Hemos pedido reiteradamente al gobierno venezolano de librar a todos los que ha encarcelado injustamente, así como el mejorar el clima de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión pacífica. Estos son esenciales para una democracia que funciona, y el gobierno venezolano tiene la obligación de proteger estas libertades fundamentales.”

Es decir, la administración norteamericana se mostraba “preocupada” por presuntas violaciones de derechos humanos (DDHH) y de las afectaciones que el “caos económico y hechos de corrupción” en Venezuela pudiera afectar a la “angelical” economía de Estados Unidos o sus intereses… sin embargo hay cuestiones que a simple vista saltan como incongruentes y que son tratadas con doble rasero.

¿Cómo el gobierno de Estados Unidos puede plantear que “la exacerbada presencia de la significativa corrupción pública” en Venezuela “constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, si la explosión de la burbuja inmobiliaria y activos tóxicos en bancos norteamericanos condujeron como acción en cadena a una crisis global, lo cual sí fue más que un desastre para las economías de todos los países, principalmente los países subdesarrollados, y nadie declaró a Estados Unidos una “amenaza”, cuando sí lo era y aún lo sigue siendo?

¿Cómo el gobierno de Estados Unidos puede mostrar “preocupaciones” sobre la corrupción en Venezuela y verla como una amenaza, si posee senadores y congresistas, como por ejemplo Bob Menéndez, que siguen en sus cargos o libre, a pesar de sus connotadas violaciones fiscales, y que además cooperan, asesoran o financian la oposición en otros países, con el objetivo de derrocar gobiernos constitucionales; sí siendo esto una amenaza para esos países?

¿Cómo el gobierno de Estados Unidos puede mostrar “preocupaciones” sobre la corrupción en Venezuela y verla como una amenaza, si el gobierno de Estados Unidos cuenta con organizaciones (USAID, NED, entre otras y que trabajan con empresas tapaderas para la subversión y la desestabilización interna en otros países con gobiernos constitucionales), las cuales desvían millonarias sumas de los presupuestos (aprobados por el Congreso) sacados de los fondos por los pagos de impuestos de los ciudadanos estadounidenses; sí siendo esto una amenaza para esos países y los propios Estados Unidos?

Por supuesto que no les preocupa porque la política que sostiene al sistema imperial es la codicia y cualquier medida contraria a su propia filosofía lastimaría la cantidad de dígitos en los cheques de las grandes fortunas; esas que imponen los dictados económicos a seguir y la “legalidad” de la injusticia.

Pero, además_ ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos puede tener preocupaciones sobre los DDHH en Venezuela y otros países, si a finales del 2011 y parte del 2012, cuando la represión policial contra el pacífico Movimiento llamado Occupy Wall Street (el cual se extendió a otros estados del país por la intolerancia a la codicia y corrupción del 1% más rico del país) se ejecutó con arrestos y encarcelamientos sin cargos y cargas policiales contra los manifestantes?

¿Cómo el gobierno de Estados Unidos puede tener preocupaciones sobre los DDHH en Venezuela y otros países, si en varias de sus ciudades, como Ferguson, Meryland o Baltimor, se vive una oleada de malestar social, como resultado de la brutal e inmune actuación policial, la cual ha conllevado la muerte de varias personas, afroamericanos, incluyendo menores de edad, y donde la justicia hacia los agentes policiales culpables ha sido más que tolerante y complaciente?

Sin embargo, más que buscar el hacer justicia, la enfermiza conducta de extremo racista sigue empoderando a las fuerzas de seguridad para arremeter contra toda manifestación de protesta; ocasionando nuevas víctimas con estos enfrentamientos.

Ahora que la respuesta de las masas alcanza el mismo nivel de violencia policial, entonces  son etiquetadas de disturbios y vandalismos. El propio Barack Obama calificaba sin excusas los actos violentos en Baltimor y sentenció que deberían ser tratados como criminales.

¿Por qué el presidente Barack Obama no promueve un pausado y profundo análisis de la situación social o conduce, con pujante acción, a que se tomen medidas que brinden una solución adecuada y consecuente a esta adversa situación que golpea a su propio país y que es mucho más que una viga sobre su cabeza, en vez de intentar ver la paja en el ojo ajeno?

¿Por qué el presidente Barack Obama no firma un Decreto declarando de amenaza para la seguridad nacional la actuación de la policía contra la ciudadanía o a su sistema económico por seguir abriendo la brecha de desigualdad entre los cientos de ricos y los millones de pobres en la ciudadanía norteamericana?

Pero, lamentablemente, el jefe del despacho oval no responde a los intereses de la Nación ni a la paz del mundo (un Nobel lamentablemente regalado): a no ser que sólo se entienda por “Nación”, la clase social en poder de las grandes fortunas; o que se entienda como “Mundo” los dictados de Wall Street, las transnacionales norteamericanas y los lobbies con poderes económicos que se enriquecen del militarismo y del expolio de recursos en otros países.

Esta oportunista conducta hegemónica del gobierno de los Estados Unidos de creerse con moral para dictar lo que debe ser bueno o malo, lo que debe preocupar o no a la opinión mundial, lo desmoraliza mucho más cuando se pronuncia sobre preocupaciones en referencia a violaciones de DDHH en otros países y, sin embargo, el gobierno norteamericano ha autorizado asesinatos selectivos allende sus fronteras y, además, con miles de víctimas que con gran hipocresía llamaron “daños colaterales”; es decir, ha “legalizado” con su voz, el crimen y el terrorismo.

Para el gobierno estadounidense bajo la administración de Barack Obama entiende que los líderes que guiaron las guarimbas en Venezuela son protestantes “pacíficos” y los reclamos de la sociedad norteamericana por los abusos y asesinatos policiales de afroamericanos son “criminales”.

Con tal filosofía el gobierno estadounidense bajo la administración de Barack Obama “excusa” al desmedido racismo que aún late profundamente en la sociedad norteamericana, la llamada tierra de la libertad, y “justifica” que se haga todo posible esfuerzo para destruir el ejemplo de la Revolución Bolivariana, como alternativa viable; aunque tengan que seguir recurriendo, una y otra vez, a la mentira.