Imagen tomada de internet
Tomado de Razones de Cuba
Este 9 de abril, nuevamente fue convocada una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la cuestión venezolana. Como en otras oportunidades, la sesión violentó uno de los aspectos rectores de la carta fundacional del organismo regional: discutir y/o tomar decisiones sobre un Estado miembro, en este caso Venezuela, sin su consentimiento u aprobación.
Esta vez la intención fue de mucha mayor gravedad que las anteriores, pues se buscaba “designar” de forma ilegal a Gustavo Tarre Briceño, “enviado” por Guaidó a la OEA, como el “representante formal” del país ante el organismo.
Partiendo de ahí, este espacio de la política latinoamericana ha sido reactivado con la idea de reanimar la agenda de cambio de régimen violento que encabeza Washington junto a los sectores radicales del antichavismo local.
Luego de que el enviado especial de la Casa Blanca, Elliott Abrams, indicara hace pocos días que sería prematura una intervención militar, la figura de Guaidó ha sido objeto de innumerables críticas entre sus seguidores, lo que ha evidenciado una reducción en su capacidad de movilización de calle y un acentuado aislamiento de los medios de comunicación internacionales.
Con la “Operación Libertad” cuestionada en su efectividad por distintos sectores, el Consejo Permanente de la OEA, nuevamente movilizado por Estados Unidos, emergió para salvar el pellejo de Guaidó en el último minuto. Eso a escala local pues, en términos regionales, la “designación” ilegal y a la fuerza de Tarre como “embajador de Venezuela” es una forma de responder al reforzamiento de las alianzas entre Venezuela, Rusia y China, en tanto refuerzan su posicionamiento como actores estratégicos en el continente.
Una maniobra de oxigenación que es idéntica al patrón de agresiones internacionales probado en años anteriores. Recordar: la violenta revolución de color del año 2017, que dejó cientos de muertos en las calles de Venezuela en lo que se ha denominado un ensayo de guerra civil, tuvo como antecedente inmediato una resolución de la OEA que apoyaba la violencia como opción política para el antichavismo.
En aquel momento el relato empleado consistió en la “alteración del orden constitucional”, tras las funciones legislativas específicas asumidas por el máximo tribunal del país para reforzar las relaciones con Rusia en el ámbito petrolero, una acción imposible de realizar desde la Asamblea Nacional por su situación de “desacato” y por su posición de choque institucional y bloqueo financiero frente al gobierno venezolano.
En aquel momento también comenzaba el mes de abril. El orden de factores y la misma alineación de la OEA con una operación que por debajo organiza factores mercenarios y paramilitares (como en 2017), ahora en el marco de la denominada “Operación Libertad”, debe servir de alerta temprana para lo que podría desarrollarse esta semana en el terreno.
Nuevamente la OEA, desde su Consejo Permanente, se alinea con las intenciones de desencadenar una guerra en Venezuela, legitimándola desde el frente internacional.
BREVE DESARROLLO DE LA SESIÓN
La reunión fue dirigida por el embajador estadounidense, Carlos Trujillo, quien asumió las funciones como presidente del Consejo Permanente. Y un dato no menor es que lo haya hecho en inglés, remarcando a conciencia el origen de la organización y los intereses a los que en última instancia responde.
Ante la propuesta de resolución bajo la cual se intentaba nombrar a Tarre como “embajador de Venezuela” ante la OEA, surgieron reacciones contrarias, fundamentadas en la legislación internacional y en los estatutos de la OEA, por parte de los embajadores de México, Bolivia, Nicaragua, Surinam, Antigua y Barbuda, entre otros Estados miembros, que calificaron como peligrosa esta acción de cara al futuro de la organización.
Entre todos esgrimieron argumentos explicando cómo la resolución violentaba los límites legales de la OEA y cómo una decisión de esa naturaleza no correspondía al Consejo Permanente.
Destacó la participación del representante mexicano, Jorge Lomónaco, que ofreció una cátedra de derecho internacional, al calificar la escasez de criterio legal de la resolución presentada por no cumplir con los estatus de la OEA. Para Lomónaco, que la OEA reconozca a un “embajador” de un poder del Estado, en el caso venezolano la Asamblea Nacional, sienta un precedente negativo en la región. En otras intervenciones afirmó que se agudiza la parálisis del organismo.
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