Tomado de Público.es
Por Vicenç Navarro
Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del problema al que España se enfrenta. Uno fue la presentación del presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores (la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda pública española que poseen. Esta elevada cantidad se debe a los altos intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la especulación de los mercados financieros –como constante y erróneamente se asume en los medios donde la sabiduría convencional se reproduce– sino de la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda pública en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español, como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o el Banco de Japón). Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a los acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública española a unos intereses del 6% y el 7%. Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco central sino un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. A aquellos que consideren el término lobby una exageración les aconsejo que lean, no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las publicaciones de tal institución. Y verán si dicho término es o no adecuado para definir el BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad (austeridad, por cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los funcionarios mejor pagados del establishment público europeo). En tales boletines, la defensa de los intereses de la banca es central en la percepción de lo que el BCE considera ser su función. Tal defensa se viste con el traje de que “su misión es controlar la inflación”. En esta defensa de sus intereses, irán a extremos que van desde desmantelar la Seguridad Social en España, hasta recuperar la semana laboral de seis días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de clases unilateral de una minoría –la banca– en contra de todos los demás.
El poder de la banca: el endeudamiento de España
Esta deuda, sin embargo, está basada, en parte, en la enorme influencia de la banca no solo sobre el BCE sino también sobre el Estado español. Hoy, la influencia de la banca sobre la sociedad española rebasa cualquier límite tolerable en un sistema democrático. Todos –desde los partidos políticos, a la prensa, las empresas y las familias– están enormemente endeudados con la banca. La actitud tan poco crítica de los medios de información hacia el comportamiento de la banca y su dominio de la vida política y mediática del país se basa precisamente en este hecho. En lugar de denunciar esta relación obvia entre las instituciones financieras y las instituciones políticas, los medios de mayor difusión y los partidos mayoritarios atribuyen el endeudamiento al comportamiento supuestamente irresponsable de las familias, de las pequeñas y medianas empresas (las grandes tienen ya más dinero de lo que necesitan para invertir) y del Estado. Es lo que se llama en inglés, el “victim blaming”, es decir responsabilizar a la víctima de su propia tragedia.
En tal argumentación se ignoran y/u ocultan varios hechos. El endeudamiento de las familias se debe a la disminución de su capacidad adquisitiva, resultado del descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total del país, descenso que ha sido mucho más acentuado durante los últimos años debido a las reformas laborales y a la disminución salarial que tales reformas intentaron y alcanzaron exitosamente.
El endeudamiento de las medianas y pequeñas empresas se debe, en parte, al descenso de la demanda de sus productos y servicios, consecuencia de la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares y también a la gran carestía del crédito, resultado de la desviación de la actividad crediticia de la banca hacia actividades especulativas más rentables como las inversiones inmobiliarias, habiéndose establecido el maridaje banca-sector inmobiliario que llevó al desastre.
El endeudamiento del estado se debe a las políticas fiscales regresivas que han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo. Esta regresividad explica la gran pobreza del estado (los ingresos al estado español son los más bajos de la UE-15, un 31% del PIB, comparado con un 44% en el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia). Y este problema se acentuó todavía más mediante las reformas fiscales regresivas aprobadas en el momento de expansión económica (estimulada por la burbuja inmobiliaria). Así, como resultado de la reforma tributaria del 2006, el estado dejó de recoger en 2008 19.600 millones de euros (según los datos del Servicio de Estudios y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas). Los impuestos sobre el capital descendieron un 39% y los de las rentas superiores un 11%.
España no se hubiera endeudado tanto si hubiera tenido un sistema tributario más justo y más avanzado. La bajada de impuestos explica que el estado tuviera que pedir prestado a los bancos para cubrir el agujero creado en sus arcas precisamente como consecuencia de la bajada de impuestos a las rentas del capital y rentas superiores. Como resultado de esta situación, el estado, además de bajarles los impuestos a los súper ricos, ahora les paga unos intereses muy altos, a través de los bancos, por los bonos que han comprado con el dinero conseguido en los recortes de impuestos. Otro negocio más que redondo, para el beneficio primordialmente de lo que se llamaba burguesía financiera y los súper ricos.
Pero esta enorme necesidad de endeudamiento fue una gran golosina, no sólo para la banca española sino también para la banca europea y, muy en especial, la banca alemana. De ahí que la banca alemana tenga hoy casi 200.000 millones de euros prestados en el territorio español, tanto en deuda pública como privada. Y está hoy muy preocupada pues el estallido de la burbuja inmobiliaria (a la que contribuyó en gran medida a que se inflara) puede arrasar toda la banca, incluida la alemana.
El llamado rescate al sistema bancario
Lo cual me lleva al segundo hecho acaecido el 28 de septiembre. La decisión del gobierno español de pedir el rescate a la banca, mediante el préstamo de 40.000 millones de euros (casi la misma cifra que el estado español tendrá que pagar a la banca por la deuda), para asegurarse lo que se llama “la viabilidad del sistema bancario español”, a lo que tendría que haberse añadido “y de la banca alemana”. Es decir que el estado pide dinero (que tendrá que devolver el propio estado, pagado por el ciudadano español) a las autoridades de la eurozona, donde la banca alemana es muy influyente, para ayudar a la banca, asegurándose así que no quiebre y que se pague a la banca alemana (entre otras). Como bien dijo el asesor económico al gobierno alemán, el Sr. Peter Bofinger, en su comentario sobre la aprobación de 100.000 millones de euros para el rescate a la banca española “Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España) sino a nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en estos países”.
Las condiciones leoninas del rescate: el presupuesto del Estado
Este rescate se hace en condiciones leoninas que tendrán que pagar las clases populares a base de enormes sacrificios y recortes, incluidos los recortes que recoge el presupuesto propuesto por el gobierno el día 27 de septiembre, el tercer hecho digno de mención. La falta de medidas de protección de la capacidad adquisitiva de los pensionistas y de los desempleados es un ejemplo más de la insensibilidad social del presupuesto que aparece con toda intensidad en los recortes de gasto público social y disminución muy notable de la protección social. Su brutalidad queda demostrada en que incluso la Troika indicó que las medidas tomadas por el gobierno iban incluso más allá de lo que la propia Troika les exigía. El gobierno español ha sido siempre el alumno aventajado del establishment neoliberal que domina las estructuras de la gobernanza de la eurozona.
Y todas estas políticas se presentan como las únicas posibles, negando y ocultando la evidencia fácilmente accesible de que sí las hay. El BCE podría actuar, por ejemplo, como un banco central, con el objetivo de estimular la economía y no sólo controlar la inflación. El estado español podría haber tenido ya en anteriores presupuestos y en los actuales una política fiscal mucho más progresiva, de manera que en lugar de recortar las pensiones (para conseguir 1.200 millones de euros) podría haber mantenido el impuesto de patrimonio (consiguiendo 2.100 millones) o anulado la bajada del impuesto de sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o anulado la bajada de impuestos a las personas que ingresen más de 120.000 euros al año (consiguiendo 2.500 millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en sanidad, podrían haber anulado la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), consiguiendo con ello 5.300 millones.
O en lugar de recortar 200 millones a los servicios de atención a las personas con dependencias, podrían haber eliminado el subsidio del estado a la Iglesia Católica para que enseñe religión católica en las escuelas públicas del estado. Y así una larga, larga lista mostrando que sí que hay alternativas, como Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos documentado en el libro Hay alternativas.
Y el estado español podría dejar colapsar bancos en España (Bankia es un caso claro), estableciendo bancas públicas o subvencionando cooperativas de crédito que lo garanticen. El rescate financiero es una ayuda más a la banca y a las rentas superiores que son los mayores accionistas de tales bancos, sin que se garantice el crédito. Hoy el obstáculo mayor al ofrecimiento de crédito es la banca, cuyo poder en España es único en la UE y en la OCDE. Lo que ocurre con los desahucios es un escándalo sin paralelo en otros países.
Estos tres hechos ocurridos al final de septiembre son indicadores del enorme poder de una minoría que está consiguiendo lo que siempre desearon: la destrucción de los sindicatos, la eliminación de la protección social, la bajada de salarios y la desaparición del estado del bienestar.
Permítanme que añada otro hecho digno de mención. El cuarto hecho: las movilizaciones del movimiento 15-M y otros movimientos para denunciar al Congreso, en Madrid. Fue sabio de este movimiento renunciar a la ocupación del congreso. Pero fue digno de ser aplaudido que intentaran denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de él, pues los otros tres hechos son un indicador de la violación a la democracia que está ocurriendo en España. Ninguna de tales políticas traducidas en aquellos tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la mayoría del Congreso es un instrumento que claramente ni representa ni está al servicio de la mayoría de la población española. Sus políticas no han sido aprobadas por la ciudadanía española. No son los que se manifiestan los que están atacando a la democracia sino los que están dentro (refiriéndome a los partidos que están aprobando tales políticas sin mandato popular) que están violando la democracia.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).
Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.
Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales
