Por Críspulo Pataquiva.
Las relaciones entre Estados Unidos de América y Colombia retornan al escenario del narcotráfico. Doscientas nueve mil hectáreas de cultivos de coca son el punto central de una agenda que asombra por su comprobada inoperancia. Más de 30 años de esta guerra solo han servido para llenar de muerte al país.
El crecimiento de la demanda de cocaína en los EEUU, Europa y Oriente parece no tener importancia en el tema mientras que los cultivos que se encuentran en zonas empobrecidas y abandonadas por el estado colombiano parecen ser la causa del consumo inatajable en los países consumidores. De esta forma, se acusa a las familias campesinas, que recurren al cultivo de la coca para sobrevivir, de ser causantes de la situación de un mundo adicto e irresponsable.
Los acusados deberían ser los empresarios dueños de las fábricas de insumos químicos que se requieren para la transformación de la hoja de coca en la cocaína; los traficantes que, al amparo de los países consumidores, mantienen abastecidos sus mercados de consumo; las autoridades colombianas que, parece que nunca han visto los camiones con estos insumos químicos atravesando el país sin que se haga nada por controlar este comercio.
En 1920, apareció en los EEUU una disposición legal conocida como Ley Seca que prohibió la venta de alcohol en ese país. Dicho de otra forma, se ilegalizó el alcohol. En 1933, esta ley fue derogada. Es decir, se legalizó, nuevamente, el consumo.
Ese período generó mafiosos como Al capone y Lucky Luciano entre otros innumerables gánsteres que llenaron de muerte al país del norte. Esto ocurrió como consecuencia de la ilegalización del alcohol. La prueba de esto estriba en que cuando se derogó la ley seca, cesaron la muerte y las mafias. Pero también se terminaron las fortunas exorbitantes que generaba la prohibición.
Esto es lo que ocurre con las drogas ilegalizadas. Comprar cada kilo de cocaína en el Putumayo en Colombia a unos U$ 1.500 y vender ese mismo kilo en EEUU por U$ 30.000 es un negocio que no desaparecerá con ninguna medida de restricción.
Las acciones violentas del Estado contra el narcotráfico generan la imagen de escasez en los mercados de consumidores. Esto repercute en el precio aumentando las ganancias de los dueños del negocio. Es decir que un gobierno que realiza estas fumigaciones, capturas de campesinos, condena las dosis personales, es el promotor de las ganancias exorbitantes de los narcotraficantes dueños del negocio. Esto sin mencionar las incongruentes consecuencias sobre ecosistemas, cultivos y personas en las áreas fumigadas con venenos.
La guerra contra el tráfico de estas sustancias ocurre en la periferia mientras el centro se convierte en el depósito de las ganancias. El dinero del narcotráfico entra en los circuitos de la economía legal mediante muchas puertas abiertas de par en par haciendo más ricos a los países consumidores y más pobres a quienes siembran una planta sagrada que les permite, apenas, sobrevivir.
Es imperiosa la necesidad de legalizar las drogas que hoy se consideran de uso ilícito y finalizar este negocio de muerte. Lo mismo que se hizo con el mercado del alcohol en los años 20 del siglo pasado.
El problema está en que el país que recibe beneficios tan enormes no está interesado en terminar este lucrativo negocio. Sobre todo si se tiene a quien culpar.
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