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| Comienza el juicio a exconseller valenciano Blasco, representante del PP en el gobierno valenciano, por fraude en subvenciones |
Por Voro Maroto.
El martes 7 de enero arranca el juicio contra el
exconsejero Rafael Blasco y otros ocho acusados por el supuesto robo de
casi 1.800.000 de euros destinados a desarrollar proyectos solidarios en
Nicaragua y que fueron desviados a la compra de inmuebles en Valencia.
Así se robó el dinero de “los negratas”, en expresión del único
implicado en la trama que está en prisión, el empresario Augusto César
Tauroni.
¿Quienes son los implicados?
Rafael Blasco, militante de la extrema izquierda (1) durante el franquismo y fáctotum de la política valenciana
casi desde el advenimiento de la democracia, y gran parte de su equipo
directivo en la Conselleria de Cooperación, desde la que se urdió la
trama: el subsecretario de la extinta Conselleria de Solidaridad,
Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe
del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de
Blasco, Xavier Llopis y la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán;
Ellos, en connivencia con el presidente y una trabajadora de la
Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), Marcial López y Josefa
Cervera, y un empresario, Augusto César Tauroni, se aliaron para
lucrarse con fondos públicos.
Éste último es el único
que está en prisión por esta investigación. Viejo conocido de Blasco,
aunque éste niega cualquier amistad con él, se refería a los receptores
de las ayudas en términos despectivos: “Hay que dar prioridad a lo
nuestro antes que a lo de los negratas”, se escucha en las grabaciones
de la policía aportadas a la causa.
¿Cómo se robaban las ayudas?
La Conselleria de Cooperación destinaba dinero a diversos proyectos
solidarios en países en vías de desarrollo en colaboración con ong. Para
canalizar las inversiones a través de asociaciones maleables, se
marginó a las organizaciones con experiencia, seriedad y solvencia en
favor de la Fundación Cyes, un chiringuito sin experiencia, dinero ni
apenas personal.
Ésta entidad, en connivencia con
Blasco, subcontrataba servicios, a cambio de una suculenta comisión, con
empresas de Augusto César Tauroni, que llegó a crear hasta 10
sociedades en España y Estados Unidos con el único propósito de
arramblar con el dinero público. Las ayudas no llegaban a su destino.
Según la investigación, de un 1.800.000 euros destinados a Nicaragua,
sólo se invirtieron propiamente 43.000. El resto fueron a la compra de
cuatro inmuebles en Valencia o a los bolsillos de los procesados.
¿A quién se le ha robado el dinero?
Obviamente, al contribuyente. Además, a los habitantes de una zona de
Nicaragua donde se debía haber desarrollado un proyecto de
“abastecimiento de agua y soberanía alimentaria”. Aunque en este juicio
se dilucidará el robo de casi 1.800.000 euros, el latrocinio podría ser
mucho mayor. Los jueces manejan indicios de que de 6.7 millones
concedidos en ayudas, la trama se apropió de hasta 4.4. La
investigación, separada en dos partes, continua para averigüar si se
desviaron fondos presupuestados para programas en Camerún, República
Dominicana, Malabo o Perú. Este tal vez sea el más sangrante de la
tupida colección de casos de corrupción en la política valenciana.
¿A qué penas se enfrentan los procesados?
Blasco, el supuesto eje de la trama, a 14 años de prisión por los
supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación,
tráfico de influencias e inductor de falsificación documental. Esa es la
petición de la Fiscalía, pero incluso los abogados de la Generalitat
piden 11 años de prisión para él. Junto con Tina Sanjuán, la
exsecretaria general de Cooperación, son los acusados para que los que
se piden mayores penas. De ser aceptada la posición de la acusación
pública, Tauroni sería castigado con 11 años de cárcel. Ya ha pasado dos
años en prisión preventiva.
Y, ahora, ¿qué hace Blasco?
El exconseller, pese a plantear batalla hasta el último minuto,
ha sido expulsado del PP no por su procesamiento por el caso
Cooperación, sino por sus criticas a sus correligionarios en un programa
de televisión, que le valieron la suspensión por parte del comité de
garantias. A pesar de ello, conserva su escaño en el parlamento
valenciano, en el grupo de no adscritos, y en unas condiciones muy
ventajosas. Gracias al apoyo del PP, recibirá el máximo complemento
salarial posible, casi 20.000 euros al año. No en vano, aunque su
carrera política parece finiquitada, Blasco es el hombre que puede tirar de la manta.
(1) Nota del administrador de este blog: muestra de la degradación de la persona en su tránsito hacia la derecha. De la llamada izquierda extrema (PCE-MCE-FRAP, pasó al PSPV-PSOE y finalmente al Partido Popular.
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